azulyblanco

Por instituciones más precisas

Aldo Abram 

“Algunos países petroleros tienen un nivel bajo de institucionalidad y uno alto de PBI por habitante. Cierto, pero dependen de un recurso que es agotable y de los vaivenes de los precios internacionales de dicho producto. Es como aquel que encuentra un tesoro en el jardín de su casa. Puede que tenga el presente asegurado, pero no el futuro, que dependerá de lo que haga con esa fortuna.

Otras naciones, como Chile, no pueden considerarse ricas, pero tienen una alta calificación institucional. Sin embargo, vemos que la tasa de crecimiento durante los últimos 20 años se ubica por encima del promedio mundial. Es decir que, cuando un país mejora su calidad institucional, emprende el camino del desarrollo, lo cual significa volver realidad las potencialidades con las que cuenta, sean éstos recursos naturales o humanos. Es más: partiendo de un grupo dado de capacidades, se las puede aprovechar para ir generando nuevas. Por ejemplo, capital intelectual a partir de una mejor educación.

Una mayor calidad institucional implica más seguridad jurídica. Es decir que la sociedad y su economía se rigen por reglas de juego claras, generales y de largo plazo, que el Estado se encarga de hacer cumplir. Claras, para que no den margen a interpretaciones tergiversadas. Generales, para que ningún funcionario tenga la posibilidades de discriminar arbitrariamente entre los distintos ciudadanos. De largo plazo, para que uno pueda planear su vida y sus inversiones en el tiempo, para lograr; en función del propio esfuerzo, habilidades y suerte, los objetivos buscados. En este contexto, nuestras posibilidades de desarrollo personal y económico y la cantidad de inversiones viables se incrementan fenomenalmente.”

“Recordé a Carlos Escudé diciendo que la única alternativa democrática para los países pobres era el populismo. Entonces, un país con mucha pobreza sólo puede tener gobiernos populistas; eso lleva a más pobreza y, por ende, a un círculo vicioso imposible de quebrar. Por suerte, creo que se puede demostrar que esto no es así. No hay que ir muy lejos; sólo cruzar la cordillera. Chile hace su camino hacia el desarrollo disminuyendo la pobreza y mejorando sus indicadores sociales y económicos. El secreto, una sociedad y una dirigencia madura que respeta los derechos e instituciones que están en su Carta Magna. Avanzar por el camino no es cuestión de signos políticos, sino de respetar los límites de la ruta. Pueden ir un poco hacia la izquierda o algo hacia la derecho, más o menos rápido, pero siempre por el camino y hacia adelante.”

“Conclusión: el populismo es la única alternativa democrática para los pueblos que tienen una dirigencia pobre. Son los dirigentes empresarios, profesionales e intelectuales los que tienen la obligación primaria de cambiar esta decadente cultura argentina. Sin embargo, da la impresión de que tiraron la toalla y de que, escudados en el esto no tiene solución, se desentienden de su responsabilidad cívica.”

(La Nación, 30-12-07)

DEUDA EXTERNA ARGENTINA 

Aspecto                                                   Monto                                               

                                                      U$S miles de millones

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Deuda al 31-12-06 (después de la quita)             137.000

Bonos Hold Outs ( fuera del canje)                       26.000             

Parcial                                                                163.000

Nuevo endeudamiento                     

 2005                                                                       4.021             

 2006                                                                       5.365             

 2007                                                                       6.300             

 Parcial                                                                   15.686

TOTAL                                                                178.686 

Antes del default (Dic.01)                                      144.000 

Fuente: Patria Argentina, diciembre/07, pag. 3.

Transporte pública: más estatal que privado 

“Dorados años ochenta. Por aquellos días se discutía si estaba bien o no, o mejor; si se justificaba el gasto que ocasionaban los déficits, que mensualmente arrastraban las empresas públicas. Y se ejemplificaba: el Estado utilizaba 1,5 millones de dólares diarios para mantener el sistema de transporte. En aquellas épocas, los únicos que necesitaban del combustible sagrado -los fondos públicos- eran los viejos ferrocarriles, blancos, azules y colorados, que se arrastraban por las maltrechas vías de todo el país y los subtes porteños. Todo lo demás funcionaba con su propio sustento.

Dorado siglo XXI. Pasaron algo menos de 20 años y ya no hay discusiones por los déficits, porque hay pocas empresas públicas. Pero el dinero igual sale del fisco. El año 2007 cerrará con un número que abruma: el sistema de transporte argentino requiere actualmente una erogación diaria de por lo menos 3.012.000 millones de dólares. Y ahí no termina la cosa.De tener sólo los ferrocarriles subsidiados y ayudar a Aerolíneas Argentinas antes de las privatizaciones, que se dieron a principios de los noventa, el actual esquema de transporte argentino pasó a necesitar del dinero público ya no sólo para los trenes y los subtes, sino también para todos los colectivos urbanos y los ómnibus de larga distancia, los camiones y los aviones. Desde 2002 en adelante, cuando se decretó la emergencia económica y posteriormente la del transporte, el dinero que empezó a fluir con destino a la movilidad de los argentinos nunca se detuvo. De aquellos 301 millones de pesos que se distribuyeron en 2002 -el año del debut de los subsidios- 2007 finalizará con algo más de 2463 millones de pesos, alrededor de 718 % más.”

“Pero con la emergencia llegaron los colectivos. Y allí el dinero se disparó. Actualmente el esquema es prácticamente estatal. Los colectivos son viejos, la recaudación es poca y las líneas de colectivos tienen contratos de concesión que vencen y deben ser renegociados. En muchos países este esquema está vigente: las empresas explotan un ramal y el Estado les paga por hacerlo. Pero acá es una deformación de un hecho irregular que es el tremendo peso que tienen los subsidios, dijo uno de los ex funcionarios del área.”

“De acuerdo con los datos de la Ucofin [Unidad de Control de Fideicomisos de Infraestructura] durante el año llegaron a los empresarios de los colectivos alrededor de 200 millones de pesos por mes. Todo a cambio de que no se toque la tarifa. Casualidad o no, justo el mes de las elecciones, octubre pasado, el SIT [Sistema Integrado de Transporte] marcó su récord: repartió 421 millones de pesos.Pero el SIT no es todo. A la cifra que allí se acumula hay que agregar otra no menor: el monto que el Estado asigna para subsidiar el gasoil de los colectivos urbanos y de larga distancia. Allí hay otro aporte directo de alrededor de $ 1000 millones.”

(La Nación, 23-12-07)

No serán investigados los ataques de los guerrilleros 

Por Vanesa Petrillo   

La Cámara Federal resolvió ayer que los delitos cometidos por miembros de la agrupación "Montoneros" durante la dictadura no son de lesa humanidad, y por lo tanto se encuentran prescriptos, de acuerdo a un fallo al que accedió Infobae.com. Se trata de una resolución de la Sala I de la Cámara al confirmar el sobreseimiento por prescripción del delito de Mario Firmenich y otros seis imputados por un ataque con explosivos a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, el 2 de julio de 1976.  El fallo confirmó una decisión de la jueza federal María Servini de Cubría, al sostener que "es equivocado" sostener que los atentados atribuídos a la agrupación Montoneros fueron delitos de lesa humanidad.  Además de Firmenich, fueron sobreseídos Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza. 

La Cámara sostuvo que de acuerdo al derecho penal internacional y a la Corte Suprema de Justicia, los críemenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles "son cometidos por agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal".  Para los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, Montoneros no "constituyó una organización entendida en esos términos, por lo que es equivocado sostener que los delitos a ella atribuidos constituyan crímenes contra la humanidad".  "Sin duda el error radica en confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no- con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada", sostuvo el tribunal.  Los jueces recordaron que los crímenes contra la humanidad, "son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político".  En la resolución se hizo referencia al dictamen del fiscal federal Jorge Alvarez Berlanda sobre que el ataque con un artefacto explosivo en el edificio de Moreno 1431 de Capital Federal, donde entonces funcionaba la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía, enmarcaba en el delito común de "estrago" y después de 31 años se encontraba prescripto.  

El atentado atribuido a Montoneros causó muertos, heridos y la destrucción parcial de esas instalaciones. La causa fue impulsada por el abogado Norberto Giletta quien pidió que se declarase al hecho como delito de lesa humanidad, y por ende imprescriptible, tal como sucedió con las causas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura que tienen como acusados a militares. Pero la Cámara Federal rechazó los argumentos de Giletta y recordó que ya en la bautizada "Causa 13", el juicio a las Juntas militares, se dejó en claro que hacia 1975 "las bandas subversivas fueron derrotadas en todas las acciones de evergadura emprendidas y su capacidad operativa había sido drásticamente disminuida".   

Fuente Infobae - PyD  22-Dec-2007   

Cristina podrá gastar sin control $ 25.000 millones 

“La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Presupuesto Nacional 2008. Como en años anteriores, el gobierno consiguió convalidar pautas de crecimiento de la economía (4 %) y de inflación (7,7 %) que le generan una subestimación de ingresos suficiente como para reservarle a Cristina de Kirchner un colchón de fondos para el año próximo que podrá administrar sin control del Congreso que supera los $ 25.000 millones. A esa cifra se llega también porque el Ministerio de Economía ni siquiera incluyó en el cálculo presupuestario las últimas subas de retenciones a las exportaciones de naftas y petróleo. Mucho menos la suba en retenciones sobre exportaciones de trigo, maíz, soja, aceites y otros derivados que el gobierno dispuso hace 10 días.

Todo ese mayor ingreso para el Tesoro que supera los $ 10.000 millones no fue contabilizado y podrá ser distribuido utilizando solamente los superpoderes que el Congreso le otorgó al jefe de Gabinete hace un año y medio.”

(Ámbito Financiero, 23-11-07)

El enorme desafío de reconstruir el Estado

Felipe de la Balze 

“En la Argentina, son escasas las áreas del Estado que tienen reclutamiento profesional. Las tres más importantes son: las Fuerzas Armadas, la diplomacia y los parques nacionales, que representan sólo el 10 % del gasto público total. Así, una porción ínfima del gasto pública es realizado por instituciones estatales con funcionarios reclutados y promovidos por el mérito, donde hay escuelas y normas burocráticas que aseguran buenas decisiones o, por lo menos, minimizan las consecuencias de las malas. El otro 90 % tiene características amorfas y disfuncionales: pequeños núcleos profesionales sobreviven en entornos institucionales donde predomina la apatía, la inercia burocrática y una bajísima capacidad organizativa. A menudo, las decisiones no están basadas en el conocimiento de los temas. Además, la memoria institucional, que permitiría mejorar la gestión, es escasa. Son repetidos los casos de nuevos funcionarios que llegan con la necesidad imperiosa de poner su sello a la administración, dejando de lado lo que habían desarrollado sus antecesores.

Las normas son complejas, cambiantes y a menudo contradictorias. A manera de ejemplo, en la DGI existen más de 600 normas, lo que hace difícil liquidar impuestos y controlar que se paguen. Iniciar una nueva empresa en la Argentina es mucho más engorroso que en otros países: se requiere un promedio de 15 trámites y un peregrinaje por oficinas públicas estimado en 68 días. Los organismos de control -entre otros la Auditoría, la Sindicatura y la Procuración- también han estado expuestos a los mismos males: a menudo, los informes de control llegan tarde, son incompletos y facilitan el que nada cambie. Así, una parte importante del gasto social se desaprovecha, lo que disminuye la calidad de los servicios que el Gobierno ofrece a la población. En nuestro sector público, es mucho más fácil impedir que realizar. Con frecuencia, intereses particulares prevalecen sobre los de la ciudadanía.

Nuestra dirigencia no supo, durante el siglo XX, crear un cuerpo permanente de altos funcionarios idóneos, leales, bien remunerados y comprometidos con el interés nacional. Las consecuencias han sido claramente adversas para el progreso de nuestro país.Por una parte, el lado oscuro de la política (el amiguismo y el clientelismo) e intereses económicos sectoriales, colonizaron la administración pública impidiendo, en muchas áreas, la adopción de políticas de largo plazo (las llamadas políticas de Estado) que son indispensables para que una nación progrese. Por otra parte, nuestros gobiernos sufren en carne propia las consecuencias del déficit administrativo. Un aparato estatal de baja calidad limita la autoridad, reduce su capacidad de acción, minimiza la eficacia de sus iniciativas y dificulta la implementación de respuestas apropiadas ante los cambios de circunstancias o ante la amenaza de una crisis. Todos nuestros gobernantes, durante las últimas décadas, han enfrentado enormes trabas para convertir sus objetivos políticos en realidad al no poder contar con un aparato estatal profesional y moderno que los implemente.

La construcción de un aparato estatal profesional no minimizará la importancia de la política. Al contrario, la jerarquizará al brindarle una capacidad de gestión que le permita alcanzar sus objetivos. La política debiera definir las grandes estrategias (los cursos de acción) y controlar la calidad de su implementación. La administración debiera asegurar la gestión eficaz del aparato estatal, manejar al nivel micro los recursos del Estado y facilitar la instrumentación de los planes a largo plazo definidos por la política. Para ello, necesitamos de una vez por todas establecer un servicio civil permanente, independiente, profesional y bien pago. El ingreso al servicio civil debe ser a través de exámenes rigurosos y competitivos. Necesitamos que la idoneidad sea el único criterio de promoción en el aparato estatal. Debemos jerarquizar el servicio civil (hay muchos funcionarios buenos, desmoralizados y mal utilizados en el sistema) para recuperar el reconocimiento y prestigio social de los altos funcionarios, que es moneda corriente en los países que funcionan.”(

Clarín, 11-11-07) [

DP, 178]

Los desafíos de la geopolítica

Por Juan Gabriel Tokatlian 

“El 11 de Septiembre significó, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, un cuádruple retorno: el del Estado, el del nacionalismo, el del bilateralismo y el de la competencia global. La revalorización del Estado en los países centrales se manifiesta a través de sus políticas militares; el nacionalismo se expresa en clave energética; la propensión a la bilateralidad demuestra el debilitamiento del multilateralismo y la mayor competición económico-tecnológica se revela en la geopolítica de los recursos estratégicos. El resurgimiento de la geopolítica, es decir;  la intersección y gravitación de los factores materiales y espaciales en el diseño y la práctica de la política exterior; es evidente. En ese sentido, la nota distintiva es que el control y la rivalidad en torno de recursos estratégicos vitales tienden a incrementarse de modo significativo y acelerado: las ecuaciones cooperativas y positivas en este ámbito ceden cada vez más ante proyecciones agresivas, prácticas sórdidas y comportamientos unilaterales. Si desde el punto de vista político ello supone una eventual mayor conflictividad, desde el ángulo ecológico presagia un potencial grave deterioro ambiental. Los avances tecnológicos no garantizan per se un uso racional y equitativo de los recursos estratégicos; la pugna entre actores estatales y no estatales para hacerse de esos bienes vitales prefigura disputas cuyos resultados podrían ser catastróficos.

En este escenario resulta clave que la Argentina comprenda tres puntos: primero, que los cambios posteriores al 11 de Septiembre indican que se está produciendo la profundización de una estructura internacional más jerárquica e inestable; segundo, que las regiones que generen más incertidumbre (desorden político, polarización social, estados fallidos) y que, a su vez, posean recursos estratégicos clave serán objeto de crecientes políticas de fuerza de parte de los actores más poderosos; y tercero, que las áreas geográficas que puedan establecer una ecuación energética cooperativa estarán en mejores condiciones de elevar el bienestar regional y aumentar su peso específico en la política mundial. En esa dirección el gobierno entrante de Cristina Fernández podría abocarse a estimular coaliciones regionales, por ejemplo con Chile, Brasil y Uruguay; hemisféricas, por ejemplo, con Canadá, y extrahemisféricas que fortalezcan la posición del país en relación con la Antártica. La vía individual, cortarse sólo, buscar un nuevo aliado carnal, es la antesala de un nuevo fracaso internacional. De igual forma podría apalancar el despliegue hacia la zona con más inversión en ciencia y tecnología aplicadas. Nuestro país es el que más bases de investigación tiene en la Antártida, pero uno de los que menos invierten en asuntos científicos en el área.

Podría también invertir en una prudente política de defensa. Los principales vecinos de la Argentina están modernizando sus equipamientos militares. Ninguno lo hace pensando en la elusiva guerra contra el terrorismo, sino en los requerimientos convencionales derivados de un entorno global y regional muy complejo. El país está perdiendo la capacidad disuasiva mínima: si esto no se revierte, ninguna defensa jurídica de la Antártida tendrá efectos concretos más allá de la retórica. Finalmente, la mirada hacia el Sur podría estar acompañada de una política migratoria interna y externa ecológicamente sustentable de ocupación del territorio. En breve, la geopolítica de los polos oscila hacia formas de tensión y fricción. Reconocerlo no significa potenciar el conflicto; implica aceptar que la viabilidad de las alternativas cooperativas exige un Estado dotado y una sociedad comprometida. De lo contrario, la quimera de un supuesto mundo ideal y de una Argentina potencia, algo que ya se vivió, puede obnubilarnos e impedirnos comprender que estamos en un período de grandes turbulencias y tenemos escasos recursos de poder.”

(La Nación, 11-11-07)

[DP, 178]

Políticas de Estado 

“El descubrimiento de un megayacimiento de petróleo en el mar brasileño es una noticia impactante para la Argentina, que se dirige aceleradamente a perder el autoabastecimiento que alcanzó hace más de 40 años y que Brasil obtuvo hace sólo cuatro. Si nada cambia, en pocos años más, la Argentina pasará de ser un (modesto) exportador de energía a importador nato, mientras Brasil transitará exactamente el camino inverso.¿A qué se debe esta abismal diferencia de trayectorias? Políticas de Estado, respondieron varios de los asistentes al Coloquio de IDEA que se realizó esta semana.”

“Hablando de políticas de Estado, Brasil siempre tuvo en claro el rol del suyo. Petrobrás, el héroe de Brasil esta semana, es una empresa de capital abierto a la participación privada. Pero el 56 % de las acciones con derecho a voto son del Gobierno Federal, lo que garantiza que las decisiones se toman en Brasilia. El Estado argentino, en contraste, se retiró por completo de la propiedad de su compañía petrolera nacional, YPF, en 1999. Hizo el peor negocio posible, en el peor momento, cuando el barril de petróleo costaba 12 dólares. Hoy se cotiza a casi 100.En aquella época, en la Argentina dominaba la idea de que el Estado siempre es parte del problema. Brasil, en cambio, siempre creyó que es parte de la solución.”

(Pablo Maas, Clarín, 11-11-07) 

[DP, 178]

 Ahora hay más injusticias en el sistema tributario 

“El reciente aumento en el mínimo no imponible de Ganancias fue un paso atrás en nuestro desarrollo. Si los argentinos queremos tener escuelas de calidad para todos, hospitales de primera para todos, policías que protejan la vida y la propiedad y las demás cosas que le reclamamos al Estado -como si no fuera nuestro- tenemos que estar dispuestos a pagar algo.Si queremos servicios públicos del Primer Mundo, tenemos que estar dispuestos a pagar impuestos como en el primer mundo. Como veremos a continuación, el problema es que por ahora no podemos, pero subir el mínimo no imponible nos lleva en la dirección contraria.

Los gobiernos de los países desarrollados gastan mucho más que el nuestro en proveer bienes y servicios públicos, y le cobran en consecuencia muchos más impuestos a sus ciudadanos. La característica distintiva de los sistemas tributarios desarrollados es que dependen principalmente del impuesto a las Ganancias. En promedio, los países más ricos recaudan 45 % de sus impuestos a través del impuesto a las Ganancias Personales. En la Argentina, en cambio, el impuesto a las Ganancias Personales representa apenas el 4 % de la recaudación. De ahí que políticos y analistas sostienen hace años que nuestro sistema es injusto porque se basa más en un impuesto al consumo como el IVA, que pagan ricos y pobres en proporción similar a su ingreso.”

(...)“Toda esta introducción para llegar finalmente al punto: subir el mínimo no imponible de Ganancias fue una decisión injusta. Con el mínimo actual, mucho menos de 10 % de las personas con ingresos ganan lo suficiente para pagar el impuesto.” (...)“Sin embargo, si vamos a los datos de la AFIP, en 2005 cerca de 800.000 personas pagaban el impuesto a las Ganancias. Esto representa bastante menos que el 7 % de la población económicamente activa ...Con la suba del mínimo no imponible, el Gobierno hizo más injusto todavía el sistema tributario, al excluir de su pago a personas que están mucho mejor que la mayoría de los argentinos.”

(Miguel Braun, CIPPEC, Clarín, 18-3-07)[DP, 126]  

  MILÁN MARTIC ES SENTENCIADO A 35 AÑOS DE CARCEL POR SUS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD  

por Emilio Cárdenas (*)

Publicada en Diario EL DERECHO de la Universidad Católica Argentina, 27 de junio dé 2007 

Asesinar a civiles inocentes en un “Conflicto interno” como el que sacudiera a la sociedad argentina en la década de los 70 es, a la vez, un “crimen de guerra’ y un “crimen de lesa humanidad”. Así lo acaba de decidir expresamente el Tribunal Penal internacional para la ex Yugoslavia en el caso que aquí comentamos (1). En consecuencia, los responsables de esos cobardes crímenes, sin excepción alguna, deben ser juzgados y, en su caso, condenados. Por su muy particular naturaleza, que ofende a la condición humana, esos crímenes son siempre imprescriptibles y no pueden ser objeto de perdones, indultos, o amnistías, que el derecho internacional rechaza de plano (2).

Entre nosotros, lo cierto es que tan solo una de las partes de ese ‘conflicto interno” ha sido y sigue siendo investigada. La otra, la de la guerrilla, goza de una inexplicable impunidad que ha sido impulsada y mantenida por ella misma y sus adláteres, ante la inexplicable pasividad de la sociedad toda. Peor aún, con algunos de sus ex miembros presumiendo ante todos el “mérito” de haber cometido actos criminales, de cobardía sin par, a punto tal de que son para el derecho internacional crímenes abominables. Y las víctimas civiles de su perfidia siguen frustradas; esperando una justicia que hasta ahora les ha sido negada.

Es oportuno advertir que frente a este estado de cosas existente —en mayor o menor medida— a ambos lados del Rió de la Plata, el ex presidente del Uruguay, Julio Maria Sanguinetti, acaba de recordamos a todos, con toda razón, que esos guerrilleros fueron precisamente quienes en su momento comenzaron con ‘las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mediante el asesinato y el secuestro (de civiles inocentes) y el ataque a unas instituciones democráticas que pretendían sustituirse por los principios de la revolución cubana (3). Lo que algunos jóvenes que no vivieron lo ocurrido en la década de los 70 seguramente no tienen en cuenta al evaluar lo entonces sucedido. Por esto es que el contenido da la sentencia recaída en el caso “Milan Martic”, debe ser ampliamente difundido. Y naturalmente tenido en cuenta por una jurisprudencia que, hasta ahora, lamentablemente, ha silenciado (por razones obvias) esta línea de precedentes y parece haberse inclinado por dejar absolutamente impunes a quienes, desde la guerrilla, asesinaron sin miramientos e civiles inocentes, cometiendo crímenes que el derecho internacional —reiteramos— define como de “lesa humanidad” y que han sido repudiados explícitamente por la comunidad internacional desde que se suscribieran la Convenciones de Ginebra de 1949, de aplicación tanto a los conflictos armados “internacionales”, como a los conflictos armados “internos”(4). 

El caso “Milan Martic” fue decidido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 12 de junio pasado. El proceso judicial respectivo había comenzado el 13 de diciembre de 2005 y concluyó el 12 de enero de este año. Durante el mismo se acumularon unas 11.000 páginas de labor, se tomó declaración a 67 testigos que siguen con vida y se admitió como prueba la producida por escrito por otros 33 testigos. Además, se aceptaron más de un millar de documentos que, por ella, se agregaron a la voluminosa causa.Martic, que habla estado prófugo por espacio de siete años, se entregó finalmente al tribunal, aceptando su jurisdicción, en 2002. Había sido formalmente acusado de ser el responsable de 19 distintos crímenes cometidos durante el conflicto armado “interno” que afectara la ex Yugoslavia durante la década de los 90.Entre ellos, 9 violaciones del derecho humanitario internacional definidas explícitamente por las leyes y costumbres de la guerra en el art 3°—común— de las Convenciones de Ginebra de 1949, incluyendo el asesinato de civiles inocentes, las torturas, los tratos crueles e inhumanos, la destrucción y saqueo de propiedades, y algunos otros crímenes abominables, de similar magnitud.

Además, de 10 crímenes “de lesa humanidad”, definidos por el art. 5° del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, incluyendo el asesinato de civiles inocentes, las deportaciones y otros actos de inusual crueldad, que son inaceptables para la comunidad internacional (5). Entre los crímenes cuya responsabilidad inoportunamente se atribuyera a Martic estaba el de genocidio, única acusación que, sin embargo, no prosperó en su contra.Los hechos investigados por el tribunal internacional oportunamente creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ocurrieron durante el conflicto que afectara a los Balcanes, en la región denominada de Krajina, en territorio de Croacia. Concretamente, se acumularon desde agosto de 1991 hasta fines de 1995. La acusación incluyó a Martic en una “Asociación ilícita para delinquir”.

Martic había nacido en noviembre de 1954, en Zagrovic, Croacia. En su juventud se desempeñó como policía, especializándose en cuestiones de seguridad. Luego, militó en el Partido Democrático Serbio de Croacia, que representaba los intereses de los croatas de nacionalidad serbia. Martic comandó fuerzas paramilitares que en su momento gozaron del apoyo del fallecido ex Presidente de Yugoslavia, Slovodan Milosevic y que actuaron —notoriamente- en el “conflicto armado Interno” que afectare a Croacia. Para el tribunal actuante, la búsqueda del objetivo de unificación territorial para todos los serbios fue el factor que puede considerarse como la “intención o propósito criminal común” que vinculara a Martic con sus seguidores en una serie de actos y actividades delictivas comunes —consumados con relaciones y contactos entre sus responsables que definieron la existencia de una verdadera “asociación ilícita”— los cuales, pese a haber generado una atmósfera de terror y violencia, no se tradujeron, sin embargo, en una ola de exterminio que hubiera, quizás, podido ser calificada como genocidio.

Esa “atmósfera” incluyó el bombardeo indiscriminado de Zagreb (ciudad capital de Croacia, densamente poblada) con misiles “Orkan M-87” y “Luna P-65”, incapaces de dirigirse a un objetivo o blanco específico, en el que fallecieron (al voleo) muchos civiles inocentes (6).

En esto hay ciertamente que destacar una suerte de conexión directa con una de las más horribles (y cobardes) tácticas utilizadas en la Argentina por la guerrilla en los 70, concretamente la de utilizar bombas o explosivos que causaron víctimas indiscriminadas entre la población civil inocente de nuestro país. No obstante la bajeza del proceder, las cosas se han desfigurado tanto entre nosotros que hasta algún actual legislador se vanaglorió abiertamente, en el pasado, en los diarios de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de haber enviado personalmente “paquetes bomba” a algunos empresarios (naturalmente “civiles inocentes”) con el objeto de eliminarlos o de causarles horrible daño físico; lo que es absolutamente increíble y muestra la profundidad de nuestra crisis de valores, dentro de la cual hasta se ha llegado a disfrazar a algunos crímenes imperdonables contra civiles inocentes como presuntas “hazañas” corajudas. El tribunal entendió que la conducta de Martic resultó absolutamente injustificable, desde que no vaciló un instante en cometer crímenes “de lesa humanidad” contra civiles inocentes, contra detenidos, o contra personas mayores, todos los que conforman grupos que, por ser “especialmente vulnerables, requieren una protección muy particular.

Es bastante obvio que en los crímenes de Martic coincidieron el elemento material (actus reus), esto es un conjunto de crímenes de derecho común que conformara una ola de violencia grave, que fueron cometidos en el marco general de un ataque generalizado y sistemático, que tuvo a la población civil de Croacia como blanco; con el elemento subjetivo (mens rea) desde que Martic sabía perfectamente bien que los crímenes de los que ha sido responsable eran parte de una campaña o estrategia bastante más amplia, puesta en marcha con objetivos políticos, que se estaba desarrollando, y que él mismo conducía. 

La caracterización precisa del asesinato de civiles inocentes

La sentencia comentada tiene, creemos, un valor muy especial entre nosotros, los argentinos. Porque ella, conforme al derecho internacional prevaleciente, define al asesinato de civiles inocentes en los conflictos armados “internos”, no sólo como “crimen de guerra”(7) sino también (simultáneamente) como delito de “lesa humanidad (8). Como ambas cosas, quede claro.Los civiles inocentes siempre estuvieron protegidos por el derecho humanitario. Porque nunca se los puede hacer blanco de la violencia. Jamás. Por motivo alguno. Tanto en los conflictos “internacionales”, como en los “internos”(9), sin distinción alguna. Por esto, Milan Martic, de confirmarse la sentencia, deberá cumplir treinta años de prisión contra los que, sin embargo, podrá acreditar los 1885 días de prisión preventiva ya consumidos, así como los que en más se agreguen durante el proceso de la apelación que seguramente comenzará ahora. Para nuestro país, un nuevo precedente jurisprudencial internacional que no puede ignorarse por parte de nuestros tribunales (incluyendo nuestra Suprema Corte de Justicia) y un paso más en dirección a terminar con lo que luce como una injustificable impunidad que beneficia a quienes parecen gozar de una suerte de “protección”, esto es quienes en la década de los 70, como Martic en los 90, cometieran crímenes “de lesa humanidad” contra civiles inocentes, que son imprescriptibles y no indultables, por los que todavía no han pagado, hasta ahora al menos.

Si el precedente es finalmente tenido en cuenta; nos ayudará a ser probablemente “algo menos cínicos respecto de nuestra capacidad de hacer respecto de las atrocidades en cuestión, y algo menos responsables cuando omitimos actuar como debemos”(10). 

(*) Ex embajador de la República Argentina ante la ONU

(1) Véase el texto de la decisión en http://www.un.org/icty/pressreal/2007

(2) Cárdenas, Emilio J. “Conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad”, en ED, 217-646.

(3) Sanguinetti, Julio María. “Nunca más el doble discurso”, en el diario “El País” de Montevideo, Uruguay, del domingo 17 de junio de 2007, Pág A15.

(4) Decreto ley 14.442/56. Ellas entraron en vigor en la Argentina el l7 de marzo de 1957.

(5) Véase la resolución 827/93 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 25 de mayo de 1993, en: WUÉNAEL, Mettraux: Internacional Crimes and Tribunels an the ad hoc Trbunals, Oxford University Pressa, pág. 384 y siguientes. El art 5to de esos Estatutos, recogiendo claramente la costumbre internacional prevaleciente, define —expresamente -- a algunos ‘Crímenes de lesa humanidad”, cuando éstos se cometen durante un conflicto armado, sea éste tanto internacional como interno, indistintamente. Entre ellos aparecen: los asesinatos de civiles inocentes y otros actos inhumanos (como los secuestros) que pudieran haberse cometido contra ellos. Sin margen alguna para la duda.

(6) Cabe destacar que el Tribunal Penal Internacional señaló específicamente que la existencia, en las cercanías, de blancos de naturaleza millar es irrelevante y no es, jamás, razón suficiente para “justificar” la comisión de un crimen de lesa humanidad, que es siempre absolutamente injustificable, cualquiera sea la pretendida razón invocada por el terrorismo. En su sentencia, el tribunal recordó que las “represalias” son siempre opciones de último recurso cuando todas las otras alternativas no pueden ser efectivas. Agregando que ellas deben tomarse previa advertencia a la contraparte, tomada al más alto nivel político de decisión y ser, siempre, proporcionadas a la violación inicial a la que responden y respetar el derecho humanitario internacional, lo que supone que ellas no nos, tampoco, excusa para asesinar, dañar o atacar a blancos o civiles inocentes. Nunca.

(7) Éste fue el cuarto cargo, separado, formulado por la fiscalía contra Martic.

(8) Éste fue el tercer cargo, separado, formulado por la fiscalía contra Martic.

(9) Desde el caso “Tadie”, decidido por el propio Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY, IT-94-1-AR72; 1995), la necesidad de preservar a los civiles inocentes se aplica en los conflictos “internos” tanto cuando éstos enfrentan a autoridades gubernamentales con “grupos armados organizados”, como cuando los enfrentamientos son entre distintos grupos, dentro de un mismo Estado.

(l0) WUÉNAEL, Mettraux, « Internacional Crimes... », cit., pág. 367.

 Publicado por AFyAPPA, 22-7-07 [DP, 152]        

La memoria no puede ser parcial 

“Frente a la decisión política, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, de reabrir las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado, y a nuestra incapacidad para transitar un camino hacia la reconciliación nacional, sin olvidar todo lo ocurrido en los años 70, corresponde que el análisis de nuestro pasado trágico sea hecho de manera integral. Con el voto de cuatro de sus siete miembros, el máximo tribunal de la Nación dispuso el viernes último la nulidad del indulto concedido por presidente Carlos Menem a un ex integrante del Ejército, Santiago Riveros, acusado de violaciones a los derechos humanos. Tal sentencia abrió la puerta a la anulación de otros indultos con los cuales fueron beneficiados numerosos militares a quienes se acusa de graves delitos cometidos durante el último régimen de facto.

Dos jueces de la Corte, Carlos Fayt y Carmen Argibay, votaron en disidencia. Ambos consideraron que la propia Corte, en 1990, se había pronunciado en favor de la legalidad del indulto que había favorecido al ex general Riveros, por lo cual no podía reabrirse este caso, en tanto la cosa juzgada es una garantía constitucional de derechos individuales. Fayt, además, sostuvo que no es posible aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Argentina en 1995, para delitos ocurridos mucho tiempo antes.

Distintos especialistas del derecho, a semejanza de Fayt, han sostenido que, más allá de la gran controversia que merecieron los perdones presidenciales dictados en 1989, los derechos adquiridos de los cuales gozan sus beneficiarios no puede desconocerse aplicando en forma retroactiva las leyes penales ni invocando tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país con posterioridad a los delitos en cuestión.La Constitución nacional no permite que sea aplicada una ley penal posterior al delito para incriminar hechos anteriores a su sanción, al tiempo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible. Si parece injusto que se aplique la ley penal de manera retroactiva, mucho más injusto resulta que se aplique sólo contra algunos, en virtud de criterios ideológicos o de conveniencia política. Ante la doctrina que ha prevalecido en la Corte y frente a la virtual imposibilidad de cerrar las heridas que han dejado los enfrentamientos del pasado, deberíamos esforzarnos por condenar todos los crímenes de lesa humanidad, sin dejar que nuestra visión sea nublada por la ideología.

El más alto tribunal de la Nación, ha sostenido que para que un crimen pueda ser considerado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, resulte imprescriptible, tendría que haber existido alguna intervención del Estado. Este criterio restrictivo choca con lo que dispone el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional, que ha establecido que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos, se menciona la persecución de un grupo o colectividad, con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover una política.

Es de particular importancia que se habla tanto de un Estado como de una organización, de lo cual se desprende que para el tribunal internacional es perfectamente factible que organizaciones terroristas sin apoyo estatal puedan cometer delitos de lesa humanidad. Al margen de la lamentable discriminación que viene haciendo la Corte, es destacable que, en las últimas semanas, se han conocido al menos dos denuncias presentadas por hijos de militares brutalmente asesinados por organizaciones guerrilleras entre 1974 y 1976, quienes plantean a los tribunales la necesidad de que se juzgue a los responsables de esos crímenes por tratarse de delitos de lesa humanidad. Ambas demandas adquieren particular fuerza dado que ponen énfasis en el apoyo estatal que esos grupos guerrilleros recibieron, especialmente durante el gobierno de Héctor Campora, en el que algunos dirigentes montoneros que sembraron la violencia y que fueron indultados por el presidente Carlos Menem ocuparon cargos públicos, además de la ayuda brindada por gobiernos extranjeros.Por más de una razón, correspondería que la Justicia considere que el derecho a la vida no es sólo para algunos.

Desde esta columna editorial, hemos sostenido en reiteradas ocasiones, frente a la violencia de los años 70, la necesidad de encaminarnos hacia una reconciliación nacional, que por ahora no parece fácil. Pero si se fragmenta caprichosamente la realidad, si la memoria y las lecciones del pasado no son asumidas de manera integral, sino como una forma de obtener venganza y prologar los conflictos, sólo lograremos retroalimentar odios y aquella ansiada reconciliación estará cada vez más lejos.”

(La Nación, Editorial, 17-7-07) [DP, 151]       

La memoria no puede ser parcial 

“Frente a la decisión política, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, de reabrir las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado, y a nuestra incapacidad para transitar un camino hacia la reconciliación nacional, sin olvidar todo lo ocurrido en los años 70, corresponde que el análisis de nuestro pasado trágico sea hecho de manera integral.Con el voto de cuatro de sus siete miembros, el máximo tribunal de la Nación dispuso el viernes último la nulidad del indulto concedido por presidente Carlos Menem a un ex integrante del Ejército, Santiago Riveros, acusado de violaciones a los derechos humanos. Tal sentencia abrió la puerta a la anulación de otros indultos con los cuales fueron beneficiados numerosos militares a quienes se acusa de graves delitos cometidos durante el último régimen de facto.

Dos jueces de la Corte, Carlos Fayt y Carmen Argibay, votaron en disidencia. Ambos consideraron que la propia Corte, en 1990, se había pronunciado en favor de la legalidad del indulto que había favorecido al ex general Riveros, por lo cual no podía reabrirse este caso, en tanto la cosa juzgada es una garantía constitucional de derechos individuales. Fayt, además, sostuvo que no es posible aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Argentina en 1995, para delitos ocurridos mucho tiempo antes.

Distintos especialistas del derecho, a semejanza de Fayt, han sostenido que, más allá de la gran controversia que merecieron los perdones presidenciales dictados en 1989, los derechos adquiridos de los cuales gozan sus beneficiarios no puede desconocerse aplicando en forma retroactiva las leyes penales ni invocando tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país con posterioridad a los delitos en cuestión. La Constitución nacional no permite que sea aplicada una ley penal posterior al delito para incriminar hechos anteriores a su sanción, al tiempo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible. Si parece injusto que se aplique la ley penal de manera retroactiva, mucho más injusto resulta que se aplique sólo contra algunos, en virtud de criterios ideológicos o de conveniencia política.

Ante la doctrina que ha prevalecido en la Corte y frente a la virtual imposibilidad de cerrar las heridas que han dejado los enfrentamientos del pasado, deberíamos esforzarnos por condenar todos los crímenes de lesa humanidad, sin dejar que nuestra visión sea nublada por la ideología. El más alto tribunal de la Nación, ha sostenido que para que un crimen pueda ser considerado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, resulte imprescriptible, tendría que haber existido alguna intervención del Estado. Este criterio restrictivo choca con lo que dispone el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional, que ha establecido que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos, se menciona la persecución de un grupo o colectividad, con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover una política.

Es de particular importancia que se habla tanto de un Estado como de una organización, de lo cual se desprende que para el tribunal internacional es perfectamente factible que organizaciones terroristas sin apoyo estatal puedan cometer delitos de lesa humanidad. Al margen de la lamentable discriminación que viene haciendo la Corte, es destacable que, en las últimas semanas, se han conocido al menos dos denuncias presentadas por hijos de militares brutalmente asesinados por organizaciones guerrilleras entre 1974 y 1976, quienes plantean a los tribunales la necesidad de que se juzgue a los responsables de esos crímenes por tratarse de delitos de lesa humanidad. Ambas demandas adquieren particular fuerza dado que ponen énfasis en el apoyo estatal que esos grupos guerrilleros recibieron, especialmente durante el gobierno de Héctor Campora, en el que algunos dirigentes montoneros que sembraron la violencia y que fueron indultados por el presidente Carlos Menem ocuparon cargos públicos, además de la ayuda brindada por gobiernos extranjeros.

Por más de una razón, correspondería que la Justicia considere que el derecho a la vida no es sólo para algunos. Desde esta columna editorial, hemos sostenido en reiteradas ocasiones, frente a la violencia de los años 70, la necesidad de encaminarnos hacia una reconciliación nacional, que por ahora no parece fácil. Pero si se fragmenta caprichosamente la realidad, si la memoria y las lecciones del pasado no son asumidas de manera integral, sino como una forma de obtener venganza y prologar los conflictos, sólo lograremos retroalimentar odios y aquella ansiada reconciliación estará cada vez más lejos.”

(La Nación, Editorial, 17-7-07) [DP, 151]       

   La seguridad defensiva y la guerra del agua: ¿Perversidad intelectual o maniobra ideológica inconfesable?   

Escribe Gral. Heriberto Auel   

El Diario “La Nación” del 25 de Febrero de 2007, en su primera página, anuncia: “Preparan al Ejército para defender recursos naturales”. Junto a ésta, nos da la noticia del “trío extraoficial” que viajó a Irán, el aliado estratégico de nuestro aliado estratégico.  La editorial del mismo diario, el lunes 5 de marzo subsiguiente, vuelve sobre el tema con el título: “Absurda Hipótesis de Conflicto”.  Estas noticias no son intrascendentes ni inofensivas. Significan una maniobra política de envergadura, perfectamente elaborada y destinada a imponer la ideología del grupo gobernante que lleva en línea recta a la Argentina al “estado fallido”, aniquilando paso a paso a las instituciones.  Lo que es llamativo es que ha logrado que militares, legisladores, jueces y una porción importante de ciudadanos, participen decididamente en su suicidio colectivo.  En el caso citado, la editorial es clara:  “La ministra de Defensa, junto con la conducción del Ejército, ha expuesto los lineamientos de la función proyectada para esa fuerza para el año 2025 como un giro doctrinario en la política de defensa nacional, basada en un cambio drástico en las hipótesis de conflicto”.  

La operación en curso se inicia con las leyes alfonsinistas de indefensión. Ellas ponen a las fuerzas armadas fuera de la jurisdicción nacional, en sus funciones. Con la reciente reglamentación de la ley de defensa, la ex-embajadora en Caracas, por simple decreto establece una nueva ley de defensa, que agrava los dislates de la originaria. Y, poco a poco, semana a semana, van apareciendo “las patas de la sota”.  Estas noticias periodísticas recientes son asignadas, por evidentes filtraciones ministeriales, a la cúpula del Ejército. Hemos visto la degradación del honor militar a niveles de escándalo, con lo del “banquito”, el reemplazo de los jueces de un Tribunal de Honor, sanciones inicuas y otras innumerables indignidades similares, pero estas “Absurdas Hipótesis” que cita el matutino, hieren mortalmente la profesionalidad intelectual del alto mando actual. 

 Existen dos posibilidades:   -se ha seleccionado cuidadosamente a los más corruptibles, como colaboradores del aniquilamiento institucional o  -el grado de capacitación y actualización académica de los cuadros superiores es nulo.  Podría darse una tercera alternativa: una combinación de ambas posibilidades.  Las pruebas son contundentes. Están a la vista del más despreocupado o simple ciudadano.  El resultado (el objetivo) se busca a través de dos maniobras, relacionadas entre si:  Una externa, imponiendo a las Fuerzas Armadas la doctrina estratégica de seguridad defensiva y, a la vez, reemplazar la vigente, de disuasión defensiva.   Una interna, descubriendo (el EA) un enemigo nuevo, que las inutiliza.  

La maniobra externa:  El concepto de seguridad defensiva nació en el eurocomunismo durante la Guerra Fría y consistió en el repliegue progresivo de los misiles balísticos de la NATO, para que la URSS no temiese un ataque y consecuentemente redujese la cantidad de sus misiles. Los europeos desplazaron los fondos de defensa al “estado de bienestar”. Breznev reaccionó de modo opuesto. Aprovechó la debilidad: jugó fuerte. Y perdió.  Los pensadores (¡) vernáculos trasladaron torpemente este concepto, hoy extemporáneo, al armamento convencional y sostienen que no hay que armarse con armas ofensivas convencionales: tanques, cañones, helicópteros de ataque, etc., para que los países fronterizos no tengan temor que los ataquemos. Es el desarme unilateral pacifista en el que ya estamos desde el ‘84. Pero, el sentido común indica que es difícil distinguir si un arma es defensiva u ofensiva, puesto que todo depende del uso que se le dé y en qué nivel se considere su empleo en la acción. 

 En la práctica, esta teoría de seguridad defensiva significa que las Fuerzas Armadas de la Constitución no serán equipadas adecuadamente, sino con equipamiento mínimo y obsoleto. Serán reducidas a su mínima expresión, porque se parte de varios conceptos básicos intencionadamente erróneos:   1) Ningún país fronterizo nos va a atacar,   2) No suponemos ningún conflicto con los vecinos y   3) Las FFAA tienen vedado cualquier participación interna, de cualquier naturaleza.   4) No existen nuevas amenazas ni riesgos estratégicos. (Estas son solo imposiciones del Imperio).     Luego: a las FFAA no se las necesita. No hay misión a cumplir.  Ello nos ha llevado al presente y tremendo desequilibrio estratégico, que día a día se profundiza por vía administrativa con objetivos inconfesables, pero cada vez más evidentes.  

La maniobra interna:  La maniobra externa se complementa con la maniobra interna, impulsada por la llamada “guerra social” conducida por el “socialismo siglo XXI”.  La guerra de desgaste o guerra social, no es otra cosa que la guerra revolucionaria de guerrillas instrumentada por Mao Tse Tung. Se parte ahora en el MINIDEF de una hipótesis de amenaza, (concepto innovador impuesto que reemplaza al vedado y anteriormente satanizado de hipótesis de guerra) que plantea que “el Imperio”, es decir, EE.UU. (no se alude a Europa, ni a China, ni a la India) va a intentar invadirnos para quitarnos un recurso natural, el agua potable. En el caso de Venezuela la invasión es motivada por el petróleo. He ahí la legitimación de las “milicias populares”.  “El surgimiento de la nueva versión doctrinaria que aquí comentamos parece más bien encaminado a satisfacer un planteo ideológico que reorienta la identificación del enemigo militar en las grandes potencias”. (La Nación. Lunes 5 de marzo de 2007)  Las Fuerzas Armadas convencionales no van a estar capacitadas para enfrentar a las fuerzas imperiales, por las profundas diferencias tecnológicas:  Luego, la única manera de hacerlo es mediante la guerra de guerrillas, la insurgencia al estilo de lo que ocurre en Irak. (La guerra asimétrica, que repite Chávez Frías)  

Se obvia decir que el mismo Mao Tse Tung dice, en sus Escritos Militares, que la guerra de guerrillas no lleva a una decisión estratégica. Pero a los fines que se persiguen hoy, en Latinoamérica, ello no interesa. Interesa la destrucción institucional del Estado.  Con esta excusa, habrá que entrenar a la población para que resista el ataque imperial por los recursos acuíferos, con organización de guerrillas. Los grupos armados que se conformen –v. gr. los piqueteros de D’Elía- deberán ser entrenados y armados. Si nuestra legislación prohíbe la participación de las FFAA en el ámbito interno, los entrenarán las Fuerzas de Seguridad. (Aunque Bendini ya facilitó instalaciones de Campo de mayo, al ex-Secretario de Tierras y asaltante de comisarías y propiedades privadas, para ejercicios de tiro y participa en nuevos operativos Dorrego).  Esta teoría no es nueva, sino que ya es implementada desde hace tiempo por Chávez en Venezuela y más recientemente por Evo, con sus ponchos colorados, en Bolivia. A ellos son destinados los Kalaschnikov y sus fábricas, recientemente adquiridos por Venezuela.  “Esta nueva doctrina y los respectivos planes de defensa parecen haber sido elaborados principalmente por asesores militares y políticos cubanos, quienes desempeñan un papel cada vez más influyente en el gobierno del presidente Chávez”. (John Sweeney, Diario Las Américas, 7 de febrero de 2005).  

En definitiva quedarán, las Fuerzas Armadas instituciones de la Constitución, totalmente desarmadas y surgirá un nuevo ejército popular, interno, al servicio del partido neo-marxista y de la ideología setentista, lista para apoyar por la fuerza al gobierno revolucionario del socialismo siglo XXI, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Latinoamericanas.  La última noticia, de las que nos llegan con gotero, es el desplazamiento de los comandos de cuerpos de ejército desde la zona centro del país, hacia las fronteras. Esta novedad constituye un agravio a la simple razón y al despliegue estratégico de las fuerzas armadas y además huelen a un fuerte y nauseabundo negociado inmobiliario.  La Defensa Nacional no le interesa a ningún político de primera línea, ni al ciudadano anestesiado, porque reporta pocos votos o porque las muertes, si bien llegan cada vez con mayor frecuencia, aun se cree que son solo una mera “sensación”. Arslanian o los Fernández dictan lo que debe creerse, con la prensa alquilada.  Los verdaderos enemigos no deben ser considerados. Ni siquiera nombrados. Sería ingresar en “apología del delito”.  Estamos en manos de un grupo de trasnochados en el poder, tomado “democráticamente” por vía de Alfonsín-Duhalde, que hacen lo que quieren, porque nadie se les opone.

Si tienen éxito en las próximas elecciones, la izquierda radicalizada o “carnicera”, como ya se la llama, tendrá todas las herramientas para permanecer mucho tiempo en el poder. El ejemplo a seguir es Cuba. A preparar balsas. Claro que Miami está muy lejos de nuestras costas.  “Surge, por lo tanto, la duda de si no se trata de un giro doctrinario que desvirtúa aún más las funciones y el rol de las Fuerzas Armadas, en respuesta al espíritu claramente antimilitar que exponen algunos integrantes del gobierno nacional”.  (La Nación. 5 de marzo de 2007)   

(www.politicaydesarrollo.com.ar, 15-Mar-2007)  [DP, 123]   

 Gastos irracionales  

“Néstor Kirchner frenó justo a tiempo. Si hubiera convalidado la semana pasada en Asunción la quita de 4700 millones de dólares de la deuda que Paraguay mantiene con el Ente Binacional  Yaciretá, habría creado un pésimo precedente para el debut del nuevo esquema institucional que otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas que corresponden al Congreso.”  “Demasiada plata para que su destino fuera decidido exclusivamente por el Presidente, en un acto monárquico más que soberano.” 

 “Pero el episodio no despeja los interrogantes que genera la posibilidad de gobernar sobre la base de la peligrosa combinación de decretos de necesidad y urgencia sin plazos de convalidación, con facultades para reasignar partidas presupuestarias sin límite. Al adquirir carácter permanente, este esquema le permite al Ejecutivo decidir el destino de gastos o inversiones por miles de millones de pesos, sin que sus prioridades merezcan un mínimo debe legislativo ni público.  ¿Es imprescindible, por ejemplo, construir un tren bala para unir Buenos Aires con Rosario en una hora y media de viaje?  Seguramente la Argentina tiene otras prioridades; incluso en materia ferroviaria, donde más de un millón de pasajeros viajan diariamente hacinados en trenes suburbanos cuyas condiciones dan lástima a pesar de los subsidios estatales.”  

 “...parece una inversión de nuevo rico en un país donde más de un tercio de la población vive por debajo de la línea de pobreza. O un anticipo de lo costosa que podría resultar la campaña electoral 2007. Rosario es un bastión socialista que el oficialismo está empeñado en conquistar.  El costo del Tren de Alta Velocidad (TAVE) ascendería, según cálculos oficiales, a unos 800 millones de dólares, sin considerar su extensión a Córdoba en una segunda etapa, con trenes menos sofisticados (diesel) de velocidad media. Especialistas en transporte ferroviario, a su vez, calculan que aquella cifra podría trepar a 1000 o 1500 millones.”  “Los trenes bala son tan costosos como escasos en el mundo. Sólo Japón, Francia, Alemania y España cuentan con ellos. Estados Unidos nunca se decidió a incorporar estos trenes, capaces de desarrollar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.”  “Técnicos locales calculan que en España un trayecto de 300 kilómetros, similar a la distancia entre Buenos Aires y Rosario, tiene hoy una tarifa (subsidiada) equivalente a 100 euros (400 pesos). Esta cifra supera en 60 % al costo doméstico de un pasaje ida y vuelta en avión a Rosario y en casi siete veces al de los ómnibus de larga distancia.”  

(La Nación, 32-7-06) [DP89]   

 Medio Ambiente  Contaminación: la paja en el ojo ajeno 

 “Un impactante informe, difundido en fecha reciente, ha establecido -como si no se tratase de una endemia altamente conocida- que la cuenca del río Matanza-Riachuelo está contaminada con 12 sustancias cancerígenas. Advirtió, asimismo, sobre una probable catástrofe sanitaria que podría afectar a un tercio de los habitantes de nuestro país.  De acuerdo con la investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó los problemas ambientales generados en esa cuenca entre 1995 y 2005, esa zona está contaminada con PBC y plaguicidas, entre otras sustancias. El informe subraya que las dos principales causas de esa contaminación son los vertidos cloacales e industriales -provenientes, principalmente, de las industrias de la alimentación-, altamente tóxicos, porque contienen metales pesados como plomo, mercurio, zinc, magnesio, cadmio, cobre o níquel, e hidrocarburos y sus derivados.  Esta situación negativa, de suyo muy preocupante, se ve agravada por la ubicación casi sobre la desembocadura del Riachuelo del polo petroquímico del Dock Sur, donde se localizan más de 50 industrias de alto riesgo ambiental, y por la existencia de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) en Villa Dominico, en el partido de Avellaneda.

La cuestión radica en que la toma de agua cruda de la planta General Belgrano, abastecedora del servicio de agua potable, se encuentra entre Berazategui, que vierte líquidos cloacales sin tratamiento, y la boca del Riachuelo. Cualquier fenómeno meteorológico que mezclara esas aguas podría producir contaminación en grado tal que agravaría la emergencia sanitaria y haría impacto sobre el área habitada por un tercio de nuestra población.”  “Parecería ignorarse ex profeso que en nuestro país hay focos de contaminación ambiental tanto o más peligrosos que los que generarían las plantas de Fray Bentos, ya que en el caso del Riachuelo -el río de las mil promesas y otros tantos incumplimientos- las dificultades antes descriptas podrían ser resueltas con mayor facilidad. En efecto, los contaminadores probables son entes o empresas que exclusivamente deben sujetarse a la legislación argentina vigente.”     

(La Nación, 24-4-06, Editorial) [DP, 86]      

Política exterior: Papeleras: hacia una solución técnica 

 “Desde el comienzo de la controversia pública generada por la construcción de dos plantas de pasta celulósica en la localidad uruguaya de Fray Bentos y la férrea oposición evidenciada por buena parte de la población entrerriana, señalamos que la solución del diferendo debía llegar por la vía técnica antes que por la crispación de los ánimos de unos y otros.  Días atrás, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, hizo público un informe sobre el impacto ambiental que generarían las proyectadas plantas, elaborado por el experto canadiense Wayne Dwernychuk. El trabajo de este especialista se apoyó en la revisión de un estudio anterior del impacto ambiental acumulativo, finalizado en diciembre de 2005 y elaborado por dos consultoras internacionales independientes, pero además recogió múltiples ponencias, observaciones e inquietudes de organismos técnicos, entidades y personas que se manifestaron respecto del problema.

El informe refleja objetividad y solidez. Se expide sobre todas las cuestiones planteadas y en los puntos donde se requiere mayor información para emitir una conclusión terminante, solicita profundizar los estudios.  Una primera conclusión es que los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa de tipo kraf. Si  embargo, algunos comentarios que sugieren la mejora de ciertos aspectos del diseño de las plantas, definición de procedimientos operativos y monitoreo de las descargas al ambiente son válidas y merecen implementación.  Siguiendo éstas y otras afirmaciones del informe resulta claro que debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización a otro sitio, pero que deben profundizarse algunos estudios e instrumentarse algunas mejoras. En ningún caso Dwenychuk considera que esas mejoras no sean compatibles con los proyectos en construcción. Si de los análisis más pormenorizados surgiera la necesidad de lograr mayor seguridad en el cumplimiento de alguna de las exigencias ambientales, esto podrá resolverse con cambios o adiciones sobre la marcha de la ejecución de las plantas, sin necesidad de detener las obras.”  “Una cuidadosa lectura tanto del Informe de Impacto Ambiental Acumulativo de diciembre de 2005 como del Informe Dwernychuk, seguramente, pondrán en claro la falta de justificación de los intensos temores colectivos que han motorizado tan graves reacciones de los habitantes entrerrianos”.   

(La Nación, 18-4-06, Editorial)  [DP 84]  

LA MUJER Y LA NACIÓN  

Con motivo del próximo segundo centenario de la Argentina, nos parece oportuno reflexionar sobre la mujer y la nación. Puesto que la mujer es el eje de la familia, y la familia es la base insustituible de la nación.  La persona humana  es creada, desde el principio, como varón y mujer; la vida de la colectividad humana lleva la señal de esa dualidad originaria. De ella derivan la masculinidad o la femineidad de cada persona; esta es la primera afirmación de la igual dignidad del hombre y de la mujer: ambos son personas igualmente. El hombre y la mujer aportan su propia contribución, gracias a la cual se encuentran, en la raíz misma de la convivencia humana, el carácter de comunión y de complementariedad.  Ambos sexos están, pues, ordenados a complementarse, en una mutua coordinación que influye sobre las múltiples manifestaciones de la vida  social, ya sea desde el matrimonio, ya sea a través del celibato voluntario. En las diversas realidades, pueden, hombre y mujer coordinar esfuerzos en bien de la sociedad de la que forman parte y, por extensión, a la nación.  

Cuando la mujer abandona el puesto que le corresponde en la sociedad, ésta, y con ella la nación, pierden su rumbo y caen, inevitablemente, en el vacío. Teniendo igual dignidad que el hombre, la mujer posee cualidades físicas y espirituales diferentes del hombre, que se fundan en la misma naturaleza femenina, orden natural que no se puede trastocar sin que la propia naturaleza vuelva a restaurarlo. Sólo una obstinada ceguera o una ideologización utópica pueden desconocer o ignorar esta realidad.  La mujer debe, primero, ser fiel a su naturaleza y a la dignidad que correspondiente, para luego pensar en otros objetivos, sean ellos económicos, culturales, sociales o políticos. Pues la maternidad, por ejemplo, no es incompatible para una mujer con la utilización de su talento.

Precisamente, en los últimos meses, varias mujeres -que son madres- han asumido la máxima magistratura de su país (Chile, Alemania, etc.). Lo antinatural, y por ende antifemenino, sería que, sin la vocación decidida, o sin aptitudes relevantes, antepusiera el ejercicio mediocre de una profesión, al silencioso, aunque heroico, gobierno del hogar y crianza y educación de sus hijos.  Es que la influencia de la mujer es insustituible. Ella es naturalmente formadora, educadora de sus hijos, dadora de vida, y ello es tan así, que aún siendo soltera ejerce en diversos medios esa capacidad que le es propia.  Dijimos que la mujer es el eje de la familia; y en la familia toda persona encuentra satisfacción a las legítimas aspiraciones y afectos propios de la vida privada. La familia da lugar al nacimiento de nuevos seres que perpetúan la sociedad y procura el mantenimiento del orden social, sin el cual no se podría vivir.

En todas las razas y en el curso de cada existencia individual, la familia es el primer medio de educación: no sólo produce los renuevos que perpetúan la raza, sino que transmite a cada uno de sus miembros, poco a poco, desde su nacimiento, la práctica de la ley moral.  No solamente durante la niñez y la juventud es la familia el medio más poderoso de educación; en la edad adulta continúa ejerciendo gran influencia moral sobre la persona, a la que mantiene en la senda del deber y atrae al camino de la virtud y la dignidad a través del ejercicio del sacrificio, del trabajo y de todas las virtudes domésticas que elevan y ennoblecen. En el orden social la familia es, además, depositaria y transmisora de las tradiciones sociales y políticas del pueblo, que van pasando de generación en generación.  Históricamente, hallamos a la familia constituida, en una u otra forma, desde los tiempos más primitivos. El hombre, un ser necesariamente social que en aislamiento no podría realizar ninguno de sus fines humanos, donde quiera y como quiera se lo estudie, se ofrece al observador formando parte de esa comunidad natural y afectiva, que todas las edades conocieron y todas las civilizaciones han respetado, porque en ella descansa y se asegura la perpetuación de la especie.  

El género humano se propaga por generación. Una generación que, por naturaleza, debe obtenerse no como resultado de una relación casual de los dos sexos, sino por una unión estable del varón con la mujer. La familia es la más antigua de las instituciones sociales y si bien está subordinada -desde ciertos puntos de vista- al Estado, constituye el fundamento de la sociedad al ser la institución vital por excelencia, aquella sin la cual no existiría ninguna de las otras instituciones.  Cabe señalar que la familia inestable provoca graves inconvenientes:   - incrementa el individualismo   - amortigua el espíritu de solidaridad   - rebaja el sentimiento de respeto a la autoridad de los padres   - dificulta la conservación de las tradiciones populares y domésticas, que contribuyen a la continuidad histórica de los pueblos.   Si hay una realidad cada vez más evidente en la sociedad contemporánea es la crisis de la familia, que se manifiesta sobre todo en el rechazo de valores tradicionales como la fidelidad conyugal o la misión educadora de los padres.  

Esta crisis, que  en esencia es una crisis de civilización, tiende a ser vista como resultado inevitable de una evolución socio-cultural, cuando, en realidad, es provocada por la acción de quienes profesan determinadas ideologías o integran grupos de presión. Por ejemplo, los proyectos de educación sexual que se han presentado en la Legislatura de Buenos Aires y en el Congreso, han sido preparadas por la Sociedad Gay-Lésbica, lo que explica las deformaciones que se pretende imponer, negando en la práctica el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. También existen teorías educativas que conducen a una dictadura de los niños, mediante un permisivismo que, muchas veces, diluye la primacía de los deberes de los padres. Respetar al niño no es consentir en su autodeterminación prematura, que no le corresponde ni está en condiciones psíquicas y espirituales de concretar.  La educación familiar también contribuye a la educación cívica, al transmitir el sentimiento del arraigo, el orgullo de la pertenencia a una tradición, el apego, respeto y defensa de los valores que hacen a la identidad nacional.

Cicerón llamaba a la familia “principio de la ciudad y semillero de la República”, pues de ella salen los hombres que deben dirigir sus destinos.  Como sostiene el sociólogo Kliksberg, la sociedad paga costos altísimos por el debilitamiento de las familias. La familia es fundamental para la formación afectiva, espiritual y emocional de los jóvenes. No son supuestos. Se ha verificado que el 50 % de su rendimiento escolar está ligado al grado de apoyo y estímulo del núcleo familiar. También es importante para difundir actitudes de salud pública preventiva.  La familia es también la más efectiva unidad preventiva del delito con que cuenta una sociedad. Si forma éticamente a los jóvenes a través del ejemplo, los apoya y controla, ello será de alta incidencia. Estudios realizados en distintos países indican que dos tercios de los delincuentes jóvenes vienen de familias desarticuladas. Asimismo, se ha comprobado que cuando los miembros de la familia comen juntos en forma regular se producen efectos favorables en los niños. Una comida cotidiana en la que se discute lo que pasa en el hogar, en el trabajo, en el país y en el mundo, y en la que los niños participan, ayuda a su futuro. Hay menos problemas de comportamiento, menos problemas internos, como depresión y ansiedad, y menos problemas externos, como agresiones y delincuencia.   

Felizmente, según una reciente encuesta efectuada por la agencia Gallup en nuestro país, para el 80 % de los argentinos, la familia fundada en el matrimonio es el eje sobre el cual debe organizarse la vida social. En la fidelidad a esa concepción del hogar como ámbito formativo que determina la educación y la orientación moral de las personas aparece expresado el espíritu de una sociedad firmemente decidida a conservar lo mejor de su tradición cultural y espiritual.  Por supuesto, la idea de la familia como célula básica de la sociedad remite, en principio, a una imagen teórica o abstracta del núcleo hogareño. Es sabido que entre ese modelo ideal y la experiencia concreta de todos los días existen, a menudo, distancias difíciles de salvar. Pero los modelos abstractos son síntesis culturales necesarias: la humanidad se vale de ellos para asegurar la conservación de ciertos valores y transmitirlos de generación en generación. La cultura opera siempre mediante visiones idealizadas de la realidad.  Por todo lo señalado, corresponde valorizar especialmente el rol que se atribuye a la familia, que se destaca hoy como un agente difícil de sustituir en la lucha contra la delincuencia y contra las desviaciones morales que llevan a los jóvenes a los abismos de la drogadicción o de la violencia. La contención familiar será siempre un aliado fundamental en el combate contra esos flagelos sociales, recurrentes y sombríos.  

Debemos destacar que el Foro Ético Mundial que acaba de realizarse en Méjico, resolvió gestionar ante las Naciones Unidas la declaración de la familia como Patrimonio de la Humanidad.   ¿Qué es la nación? Los símbolos que la representan: la bandera, el himno, el escudo, no expresan integralmente el concepto de nación o patria. La nación está asentada en un territorio, pero es más que eso. La nación son también los argentinos que viven en ese territorio, los argentinos que han muerto por ese territorio, y aquellos que en el futuro vivirán en él.  Por eso la nación es una familia grande. San Agustín decía: “Ama a tus padres y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria sólo a Dios”.  La nación esta integrada por nuestra familia y por todas las otras familias que están vinculadas entre sí, porque habitamos el mismo territorio, hablamos la misma lengua, compartimos una tradición común, tenemos una historia común, y compartimos un mismo destino. La nación es un agregado de familias.  Decíamos que la nación es algo más que el territorio, pero el territorio es para la nación, lo que es la casa para la familia. Aunque, actualmente, en este mundo moderno de los edificios de departamentos y de las torres, la casa se ha transformado en algo así como una máquina de vivir: un lugar de alojamiento transitorio donde se duerme y se come, y que no evita el sentimiento de desarraigo.  Cuando pensamos en el soporte físico de la nación, debemos pensar más bien en las casas de nuestros antepasados, donde la familia se aquerenciaba y que tenia historia en sus paredes, en sus plantas, en sus muebles; en esa casa que había sido habitada durante generaciones, en la cual se arraigaba profundamente una familia.

Decía León Degrelle: “hace falta haber sido nómada de los pisos anónimos, donde uno se sienta como en un tren, para conocer la pasión y la nostalgia del primero y el mejor de los paisajes, de ese marco de nuestro corazón que es nuestra casa.”  Así también debemos pensar cuando hablamos del territorio de la nación; de la base material en la cual se sustenta esta gran familia que todos nosotros constituimos.  Y decíamos que la nación no la integramos solamente los que estamos viviendo hoy; como expresara un poeta francés: la nación son los hombres y los muertos. Por eso la componen los predecesores, que establecieron los fundamentos de esta nación. Aquellos que formaron parte de los primeros regimientos que lograron la independencia de la Argentina y ayudaron a otros países hermanos a independizarse. Aquellos que habitaron los fortines para defender las fronteras de los malones, y los que tendieron cadenas sobre el Paraná para detener las tropas anglo-francesas en la Vuelta de Obligado.  Y, más tarde, también se agregaron a la nación quienes, habiendo nacido en otras tierras, vinieron a trabajar y se arraigaron, como lo están haciendo hoy miles de extranjeros, algunos venidos desde muy lejos -China, Corea, Rusia- pudiendo aquerenciarse en poco tiempo, precisamente porque la Argentina es una nación, con valores que atraen pues están desapareciendo en otros lugares: hospitalidad, tolerancia, solidaridad.  

Se ha definido a la nación como: “la porción de tierra donde un alma puede respirar”.  Por eso, los argentinos que hoy vivimos en este territorio, hemos recibido una herencia que debemos custodiar celosamente, para entregarla a nuestros descendientes. Esa herencia, que llamamos patria cuando miramos al pasado, pues es la tierra de los padres, y llamamos nación, cuando miramos al heredero. Hoy somos administradores de esa herencia, que no nos pertenece en propiedad, pues debemos transmitirla, sin malversarla.  Aunque en el futuro, algunos argentinos, indignos de ese nombre, prefirieran renunciar a vivir en una nación con identidad propia, para obtener los beneficios económicos derivados de subordinarse a una potencia, los demás tendríamos la obligación moral de oponernos.  El vínculo que nos une con la nación no es un contrato voluntario, es un sello indeleble que recibimos con el nacimiento. Así como no elegimos a los padres, tampoco elegimos la nación. Pero así como tenemos la obligación de amar a nuestros padres, también debemos amar a nuestra nación. Por encima de ese nivel, el amor al prójimo se diluye en fronteras lejanas. Mientras más se ama a la humanidad abstracta, se ama menos a los hombres en concreto. Ese es el riesgo que comienza a advertirse en la Argentina; se están aflojando los lazos que mantienen la cohesión social en un pueblo.

Cuando se pierde el sentido de pertenecer a una nación, esta se disgrega, desaparece la concordia y el sentido de la unidad.  Cuando una crisis se prolonga mucho tiempo, como ha ocurrido en nuestro país, surge la peor de las tentaciones, que es mucho peor que sufrir una derrota militar, una derrota externa: es la tentación de la derrota interna. Es la tentación del desaliento, de la desesperación, de pensar que no hay salida. La tentación de bajar los brazos y llegar a la conclusión de que no vale la pena luchar; la de rendirnos. Por eso nunca es más grande y fuerte un pueblo, que cuando conserva sus raíces que se hunden profundamente en el pasado. Un pueblo que reniega de su pasado, o lo desconoce, no tiene ningún porvenir en el futuro. Entonces, debemos mirar hacia ese pasado y al ejemplo de quienes nos precedieron, para pensar después en nuestro presente y para pensarlo sin desanimarnos, a pesar de todo y cueste lo que cueste.  Cuando Juan Pablo II era todavía Arzobispo, en Polonia -país que tuvo que padecer primero la invasión nazi y después largos años de tiranía comunista- afirmaba: “No nos desarraiguemos de nuestro pasado, no dejemos que éste nos sea arrancado del alma, es éste el contenido de nuestra identidad de hoy. No puede construirse el futuro más que sobre este fundamento. Que nadie se atreva a poner en tela de juicio nuestro amor a la patria. Que nadie se atreva.”  

 Para concluir, el rol de la mujer es insustituible en una nación vigorosa, que mantenga su identidad propia. Pero a su vez, cuando los integrantes de una nación renuncian a mantenerse independientes, la vida social asumirá rápidamente los criterios que estén de moda en las grandes potencias o sean difundidos por organismos internacionales. En ese caso, la mujer verá dificultado mantener el rol que le compete, según hemos detallado al comienzo. Esto significa que la nación quedará convertida en una colectividad amorfa, desgajada de sus raíces originales, y la mujer perderá la protección de una comunidad que la ayude a mantener su esencia. De allí que la relación mujer/nación es de la máxima importancia, y debería ser motivo de honda reflexión al cumplirse el segundo centenario de la Argentina.  

 Fuentes:  

-Klisksberg, Bernardo. “La familia en peligro”; La Nación, 6-1-06. 

 -Editorial “Familia, fundamentos de la sociedad”; La Nación, 21-1-06.  

-Barisani, Blas. “Apuntes para una historia de la familia”; Buenos Aires, Claretiana, 1998. 

 -Ezcurra, Alberto Ignacio P. “Sermones patrióticos”; Buenos Aires, Cruz y Fierro Editores, 1995.  

-Siebert, Marta. “La mujer en la problemática actual”; Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1996.  

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[Publicado en: Boletín Acción, Nº 87, 8-2-06]   

Ponencia:   “EFICACIA DEL GOBIERNO”  

Si entendemos a la eficacia como la correcta adecuación de los medios con los fines, resulta obvio señalar que ningún gobierno podrá lograr eficacia si no es parte integrante de un Estado, cuyo poder debe poner en acto y ejercicio.  Precisamente, el problema máximo de la Argentina es que carece de Estado, desaparecido en l970, lo que hace del gobierno un instrumento de acción errática, al servicio de los intereses particulares de quienes puedan lograr ocuparlo. La mayoría de los candidatos presidenciales manifiestan estar conscientes del problema, y anuncian la refundación del Estado. Pero no resultará fácil volver a articular el nuevo Estado con su brazo operativo, el gobierno.   

Decía Finner que el gobierno es “política más administración”,  y en la Argentina, están distorsionados ambos elementos. El funcionamiento óptimo del sector público solo será posible si, paralelamente, se modifica el sistema político, actualmente monopolizado indebidamente por los partidos, a tenor del Art. 38 de la Constitución Nacional. La partidocracia conlleva dos vicios: la necesidad de propaganda, conduce al financiamiento espúreo, teñido de corrupción; la necesidad de punteros para el encuadramiento de los simpatizantes para asegurar los votos, conduce al clientelismo. Clientelismo y corrupción, convierten la República en una cleptocracia, que además es ineficaz  para brindar los mínimos servicios que se espera de la autoridad pública.   En esta oportunidad, nos interesa abocarnos al segundo elemento del gobierno, la administración. Durante varias décadas se insistió en señalar como principal obstáculo para el desarrollo del país a la burocracia, entendida como exceso de personal poco capacitado.

Pero ocurre que en la última década se suprimieron alrededor de 800.000 cargos en la Administración Nacional, además de transferirse a la actividad privada la casi totalidad de empresas estatales, sin que se advierta un mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por organismos públicos.  La explicación es simple, en la Argentina sigue vigente el sistema de despojos -spoil system- que los países avanzados eliminaron hace ya un siglo. Nos referimos a la práctica de distribuir los cargos administrativos del sector público entre los partidarios y amigos del gobierno de turno. Los argumentos con que se pretendió justificar la necesidad de que los cargos de la Administración sean cubiertos con criterio político, son los siguientes:   -El partido que accede al poder necesita que los funcionarios sean personas de su confianza, para poder cumplir con los programas partidarios, sin peligro de sabotajes.  

-La existencia de un cuerpo de funcionarios permanentes, puede degenerar en una casta, oligárquica e irresponsable.  

-Los partidos políticos en el sistema democrático, deben poder “recompensar” con los cargos públicos; de lo contrario, no podrían lograr el apoyo activo de suficientes personas.   

La experiencia centenaria de muchos países demuestran las ventajas del sistema de mérito, según el cual cada cargo debe ser ocupado por la persona más idónea, a saber:  l)  Asegura mayor garantía de imparcialidad a la actividad de la administración pública.  2) Aumenta considerablemente la eficacia de la Administración, al seleccionar a sus empleados por sus aptitudes, y permite que, con la continuidad, obtengan una experiencia sumamente valiosa.  3) Aprovecha el talento de los mejores ciudadanos, al permitir que ingresen todos los que desean hacerlo, sin prejuicios partidistas.  4) Contribuye a lograr que el cuerpo administrativo, adquiera un espíritu de cuerpo, proclive al mejoramiento permanente del servicio y a desterrar la corrupción.   

Los argumentos contrarios al sistema de mérito no tienen consistencia;  a) No es fácil encontrar, al menos para los cargos superiores, personas que sean, además de políticamente confiables, suficientemente preparadas, y que puedan, asimismo, abandonar sus negocios o profesiones, para ocupar un cargo público, sabiendo que sólo permanecerán en él dos o cuatro años.  b) La teoría de que un partido sólo puede funcionar si sus partidarios mantienen la esperanza del botín político, es la supervivencia de otra teoría, que sostenía que únicamente podía armar un ejército quien ofreciera buenas perspectivas de pillaje.   

En la Administración Pública Nacional, se promulgó el primer Estatuto del Empleado Público en l957, año en que se incorporó también a la Constitución Nacional, el Art. l4 bis, que reconoce a los agentes del Estado el derecho a la estabilidad. Desde entonces, se fueron añadiendo algunas normas que configurarían una carrera administrativa. Pero, puede afirmarse que no existe aún un verdadero Servicio Civil, basado en el sistema de mérito, que garantice integralmente que el ingreso y promoción de los empleados no estarán supeditados a la voluntad discrecional de las autoridades políticas. Es cierto que desde al año l980, en virtud de la Ley 22.l40, se adoptó formalmente la denominación de “Servicio Civil de la Nación” para encuadrar a la mayor parte de personal de la Administración Nacional, pero no se han implementado los aspectos substanciales que hacen a la carrera administrativa.

La única excepción es el SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), escalafón que comprende a 30.000 agentes, es decir un l0% del total de la dotación de personal. Pero aún con referencia a este sector minoritario, la evaluación efectuada por el propio Instituto Nacional de la Administración  Pública, es negativa:   “Muchos funcionarios políticos persisten en no distinguir las funciones políticas de las técnicas y profesionales”. (...) El uso perverso del sistema ha causado descreimiento y desaliento entre quienes creyeron que constituiría una vía legítima para la incorporación de gerentes con algún grado de competencia.” [1]    Como una vez establecido el nuevo escalafón, nadie se ha atrevido a modificarlo, sencillamente se lo complementa con designaciones por contrato, que equivalen a un tercio de los cargos del SINAPA, y con mayores sueldos.[2]   

 La reducción del sector público argentino -que, de todos modos, nunca tuvo una dimensión exagerada- es ilusoria, pues  la disminución de la dotación del orden federal, se compensó con el incremento paralelo de los cargos en las provincias y municipios. El verdadero “costo de la política”, tan meneado últimamente, no se debe a la cantidad de cargos electivos, sino a las designaciones directas realizadas por gobernantes y legisladores, en cargos de planta permanente, que deberían ser cubiertos por concurso.

El actual Canciller, Dr. Carlos Ruckauf, estimó en el orden de las 300.000 personas a quienes están incluidas en esta categoría (La Primera, 38-4-0l). Esta es la causa de fondo de la ineficiencia del gobierno y de la indisciplina y abulia del personal. Para visualizar la magnitud del problema, recordemos que el total de cargos públicos que puede cubrir el gobierno de Francia es de 300, cifra que se reduce en Japón a 24; todos los demás cargos se cubren con personal de carrera. Por eso, toda reforma política estará incompleta si no incluye la estricta distinción legal entre cargos de nivel político y cargos de nivel administrativo. Los primeros no debería superar el l% del total de cargos detallados en el Presupuesto, y todos los demás, cubiertos en base al sistema de mérito.   

Organización administrativa   

No podemos dejar de referirnos a la contracara de la eficacia, que es la eficiencia: óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles, al menor costo. Y en este sentido, afirmamos que la mayoría de los defectos que se le imputan a la administración pública argentina, pueden resolverse con un buen sistema de organización. Para ello, es esencial comprender que la actividad administrativa del gobierno es muy específica. Los resultados de la gestión administrativa estatal no se pueden evaluar exclusivamente en términos monetarios, ni en horas-hombre. El tiempo que demora un policía en detener un delincuente depende de factores ajenos a la eficiencia con que trabaje, y los gastos de una seccional de policía no varían en proporción al éxito alcanzado.

Es muy común querer comparar el funcionamiento de las reparticiones oficiales con las empresas privadas, lo que constituye un desatino. Esto no significa, por cierto, que el gobierno esté condenado a ser ineficiente. Es argumento común, sostener que un organismo público puede darse el lujo de producir déficit pues el Estado lo respalda y no corre el riesgo de entrar en quiebra como ocurre con la actividad privada. Ese razonamiento omite que la mayoría de las empresas privadas están conducidas por gerentes, que no son dueños del capital y por lo tanto, en caso de que la empresa quiebre, no serán ellos los principales perjudicados. Y por supuesto que si la mala administración de un organismo público obedece a negligencia o deshonestidad de los funcionarios, el Estado puede ser mucho más severo con ellos que una asamblea de accionistas con sus gerentes, pudiéndose prever en la legislación las penas que correspondan en dichos casos.   

Ya señalamos que, pese a que el Gobierno Nacional se desprendió de la casi totalidad de empresas públicas, no ha sido solucionado el problema principal que consiste en lograr la eficacia y eficiencia de los organismos de la administración central, aquellos de que el Estado no puede prescindir. Y es aquí donde sorprende la ausencia prolongada de medidas coherentes, que procuren revertir la situación actual. Los defectos existentes pueden ser corregidos con un programa serio de Reforma Administrativa. Todos los gobiernos, desde l976, han intentado y anunciado múltiples programas. Pero la falta de consistencia de las declaraciones o expresiones de deseo en este campo quedan en evidencia, si se parte de un axioma básico: no puede haber reforma sin reformadores. Al enfocarse la reforma con acentuación del ajuste económico, se dejó en manos de especialistas en finanzas y no en administración. Los mismos organismos internacionales reconocen que: “los procedimientos que se siguieron para reducir el gasto público perjudicaron en muchos casos la consecución de otros objetivos, como la mejora de la eficacia, la modernización de la organización, el mejor uso de los recursos humanos y una prestación más equitativa y productiva de los servicios.”[3] 

 En realidad, en materia del perfeccionamiento administrativo, los reformadores deben ser, fundamentalmente, los denominados “Analistas de Organización y Métodos”, dedicados al estudio permanente de los problemas administrativos del gobierno, mediante una metodología basada en la ciencia de la administración y sus técnicas conexas, con el objeto de diagnosticar las causas de las dificultades y proponer las soluciones, tendiendo al perfeccionamiento continuo de la Administración  Pública.  La mayoría de los países han reconocido la importancia de esta actividad y han creado unidades de Organización y Métodos (O y M).[4]  En la Argentina, comenzó a utilizase este instrumento de gestión en l958, pero desde hace ya un cuarto de siglo se lo descartó, para ser reemplazado por el trabajo de consultoras externas.   

Pautas para una reforma integral de la Administración  Pública   

Nos interesa destacar ahora los aspectos fundamentales de los que depende el resultado de cualquier programa de reforma. Consideramos que lo más importante no es el contenido de un programa sino su teleología y la estrategia diseñada para aplicarlo. Cuando no existe claridad conceptual sobre los objetivos, de poco servirá un conjunto de buenos instrumentos técnicos.  Todo intento serio de reforma debe elegir entre enfoques polares diferentes. Consideramos fundamental, y previo a cualquier otra consideración. decidir sobre cuatro pares de alternativas o grupos polares de enfoques. Las decisiones que se adopten configurarán un modelo estratégico, sobre la base del cual podrá entonces formularse un programa. 

 l. Sistema de mérito o favoritismo   

 La decisión que se adopte en este grupo polar condicionará todo lo que se intente a posteriori. Ningún servicio civil eficaz puede prescindir del sistema de mérito. Cuando se manifiesta admiración por el progreso de un país como Japón, por ejemplo, se ignora o se olvida que el primer ministro japonés puede nombrar únicamente a veinte ministros y cuatro asesores. Todos los demás cargos se cubren por concurso. [5] 

 2. Concentración o parcialización en el manejo de la función pública  

La única garantía de éxito de un programa de reforma es que sea diseñado y coordinado por un sólo organismo. Sin perjuicio de las necesarias desconcentración en la ejecución y participación activa de todos los organismos, es imprescindible concentrar en una sola unidad orgánica la conducción normativa sobre: programación presupuestaria, personal, organización y métodos, informática, capacitación y recursos materiales. Ese organismo -que puede ser la actual Secretaría de la Función Pública- debe coordinar el proceso de perfeccionamiento administrativo con un criterio global e interdisciplinario, evitando las soluciones parciales que a menudo sólo contribuyen a acrecentar las deformaciones. 

 3. Conducción de la reforma administrativa por especialistas del gobierno o por consultores externos  

La reforma administrativa es definida por la CEPAL como un proceso permanente; de allí que su conducción deba estar a cargo de especialistas integrantes del propio gobierno, identificados con un proyecto político y auxiliados por personal permanente, no por consultores externos. Algunos expertos podrán ser contratados para colaborar en rubros específicos, pero es un grave error confiarles la dirección de una actividad tan delicada. Para el intento de reforma que impulsó el gobierno del Presidente Menem, se contrató a tres consultoras: Arthur Andersen, Mc Kinsey y Egon Zehnder, que cobraron 500.000 dólares mensuales, pese a que dicho equipo “no es especializado en temas administrativos estatales”. (Clarín, l7-03-9l)

Estimamos que una reforma basada sobre estudios de expertos ajenos a la administración sólo puede implantarse por vía coercitiva, generando automáticamente la resistencia del personal de carrera. A la inversa, cuando el estudio es realizado por personal permanente la resistencia es menor e incluso aumenta la probabilidad del éxito.  

4. Administración Pública: compartimentada o integrada a un sistema   Suponiendo que una reforma administrativa tuviese éxito en el orden nacional, quedaría inconclusa la reforma integral del sector público argentino, puesto que los otros dos niveles -provincial y municipal- representan la otra mitad del mismo, con más de un millón de empleados. Por eso, debe revitalizarse el Consejo Federal de la Función Pública, hoy inactivo, con atribuciones para recomendar la adopción de normas, sistemas y procedimientos uniformes, coordinando la actividad administrativa de los tres niveles de gobierno.   En conclusión, mientras no se encare con seriedad el problema de la eficacia del gobierno, la Argentina no logrará superar su grave crisis y continuará navegando sin rumbo, por carecer de una brújula que le marque su destino.     

Córdoba, marzo l2 de 2003.-  Mario Meneghini      

BIBLIOGRAFIA     

- Instituto Nacional de Administración Pública. Boletín “Temas”, Nº l7, junio de l999, 58 pgs.  -

 Fundación Unión. “Cuadernos de Investigación”; Nº l, octubre de l999, 67 pgs.  

- Organización Internacional del Trabajo. “La incidencia del ajuste estructural en los servicios públicos (eficacia, mejoramiento de la calidad y condiciones de trabajo); Ginebra, l995, l02 pgs.  

- Naciones Unidas. “Manual de Mejoramiento de la gestión en la Administración Pública”; Nueva York, l980, 7l pgs.  

- Meneghini, Mario. “El intento actual de Reforma Administrativa”; Revista “Civilidad”; Nº 26, julio/setiembre de l99l,  pgs. 36/41.    

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[1]  INAP (l999), p. l8.  

[2]  Fundación Unión (l999), p. 24: “El problema adicional radica en que muy pocas veces los directivos establecen algún mecanismo compensatorio de las diferencias salariales existentes entre los miembros de la planta permanente y los que están sujetos a contrato que desempeñan tareas equivalentes.” 

[3]  OIT (l995), p. 7l.  

[4] Cfr. Naciones Unidas (l980). 

[5]  Cfr. Meneghini (l99l), p. 40.    

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE EL PROYECTO NACIONAL 

 Ponencia presentada en la Jornada sobre “Proyecto Nacional y el futuro argentino”, en Córdoba, 3l-3-03.   

Desde hace treinta años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas  realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto. Es posible que haya algunos trabajos que no conozcamos, pero los que han trascendido, son únicamente los diez que detallamos en el Anexo. Es que una de las constantes de la historia política argentina  ha sido la de confiar los asuntos públicos a personas que, más allá de sus buenas intenciones y de su honestidad -en el mejor de los casos- no estaban preparadas para la ardua función de gobernar. En especial - como ya lo acotó Alejandro Bunge, a principios del siglo 20- nunca se dispuso de información estadística suficiente para la confección de diagnósticos completos y confiables.

Como la diagnosis es la primera etapa del planeamiento, es fácil deducir la improvisación con que se ha actuado. En realidad, el planeamiento como instrumento de gobierno dejó de utilizarse en l970 en el sector público federal.  Ahora bien, lo que acotamos al principio es algo más grave; que ni siquiera desde la sociedad -academias, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, etcétera- haya habido interés en el estudio del tema que nos ocupa. La situación descripta explica la confusión conceptual en que se incurre al abordar la cuestión del proyecto nacional. Por eso, nos interesa tratar de desbrozar los aspectos de fondo que implica encarar la elaboración de un proyecto.  

La expresión “proyecto nacional” ha sido definida como: “un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y distribución de responsabilidades, conocido, aprehendido, consentido y aceptado por la colectividad o por su mayoría efectiva y políticamente significativa y perdurable, las cuales se sienten entonces identificadas con él.”[1] Hay quienes cuestionan la expresión misma, pues equiparan proyecto nacional con planeamiento y consideran que “el planeamiento a escala nacional de todas las esferas de gobierno incurre en utopismo.”[2] Ortega y Gasset, explicaba que: “En vez de ajustar el pensamiento a lo que son las cosas el utopismo supone que la realidad se ajusta al perfil abstracto, formalista, que abandonado a sí mismo dibuja el intelecto.” (Obras Completas)

Creemos que hay un enfoque exagerado en ésta  evaluación del planeamiento e injusto en confundirlo con el utopismo, a menos que se postule el planeamiento como imposición de un  Estado totalitario, que pretenda cambiar la realidad por motivos ideológicos, desconociendo la esencia de las cosas. Por otra parte, Santo Tomás aclara que  por muy imprevisible que en esencia sea la conducta humana, nada es tan contingente que no tenga en sí una parte de necesidad. (S.Th. l, 86,3) Por eso, opinaba el Card. Richelieu: “La naturaleza de los asuntos del Estado requiere que quien está dedicado a ellos medite a menudo para prever lo que puede ocurrir y trace unos planes que permitan que lo presente esté articulado a lo porvenir sin quebranto alguno.”[3]  En la misma dirección, Pierre Masse, que ocupó el cargo de Comisario del Plan, en Francia, reflexionaba  de esta manera:    “La civilización ha sido siempre reductora de incertidumbres o ... creadora de antiazar.   (...)   Se trata de proporcionarle a un gobierno elementos de decisión que le permitan hacer frente a la incertidumbre  por la acción. No se trata de adivinar el porvenir, sino de contribuir a construirlo. (...) La elección supone así un arbitraje entre lo deseable y lo probable o, para decirlo de otra manera, entre la abundancia y la seguridad. (...) Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad.” [4] 

 Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos citados; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el  generado desde el Ministerio de Planeamiento (l977), como el que fuera leído por el Presidente ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión  similar. Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”. [5] 

 Los Principios básicos sostienen que:[6] 

 -El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente. 

 -El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable para la consecución de un bien común. La sociedad humana es una sociedad de sociedades. 

 -La primera de esas sociedades naturales es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.  

-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares. 

 -La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la Nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal. 

 -Sin confundirse con la Nación, la sociedad,  territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.   

No podemos dejar de señalar una contradicción notoria, en que se incurre cuando, al par de sostener los principios detallados, se manifiesta que el único proyecto nacional que tuvo la Argentina fue el de la generación de l880.  En primer lugar, el supuesto “agotamiento” de dicho proyecto no fue otra cosa que la cronológica verificación de una política errónea, que podríamos analogar con lo ocurrido en la última década con la “convertibilidad”. Nadie puede negar que se lograron progresos materiales, “pero no hacer de la Argentina una gran nación. Y no porque sus planes fracasaron, sino porque sus propósitos no apuntaban tanto a la grandeza política como a la perfección sociológica e institucional”.[7] No faltaron sin embargo advertencias de lo que ocurriría, como la de Vicente Fidel López, que escribió en la Revista del Río de la Plata: “Somos dependientes del comercio extranjero y de las comisiones que lo agilitan: nuestra producción, es decir nuestra materia prima, que es lo único que la constituye, depende necesariamente de la demanda de los mercados extranjeros. Ellos nos fijan la línea a que puede llegar. Ellos nos tienen bajo su tutela despótica”.[8] 

 Pero, además, y esto es mucho más grave, los fundamentos ideológicos de la generación del 80 son opuestos a los principios antes expuestos, e impulsaron un intento deliberado de reemplazo de nuestra raíz cultural cristiana por otra basada en el positivismo y el utilitarismo. En efecto, se sancionaron, entre otras, leyes de registro civil, de matrimonio y de educación laica. Esta última -Nº l420-, provocó la oposición del Nuncio Apostólico, Mons. Matera,  que fue expulsado del país por el gobierno. Ni los masones Mitre y Sarmiento llegaron tan lejos.   

Creemos que ambos documentos citados, así como las Políticas Nacionales, aprobadas en el año l970, son antecedentes valiosos. No obstante, al haber transcurrido un cuarto de siglo es imprescindible actualizarlos y, sobre todo, hacerlos operativos, puesto que nunca tuvieron incidencia en la realidad. Por otra parte, además del marco conceptual, hasta ahora comentado, debe contener un modelo “las líneas directrices o ideas rectoras, en función de las cuales se fijarán los objetivos políticos, sociales, económicos y  culturales, y se diseñarán las respectivas estrategias.” [9] 

 En el ámbito económico, todo proyecto nacional debe definir criterios para una serie de objetivos susceptibles de ser optimizados:  -Ritmo de crecimiento; exteriorizado en la tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto real.  -Nivel de distribución por tramos de ingreso de las familias y por regiones; exteriorizados en los respectivos coeficientes de desigualdad en la distribución.  -Estructura nacional/exterior de la capacidad de decisión, exteriorizada en la alícuota de propiedad nacional en la propiedad total de las decisiones significativas y dominantes.  -Grado de difusión de la propiedad nacional exteriorizada en un coeficiente de desigualdad en la distribución de dicha propiedad.  Se entiende que, no pudiendo ser optimizados todos estos objetivos a la vez, uno de ellos debe ser escogido para tal propósito, entrando los demás a ser restricciones.

Entre los criterios a ser tenidos en cuenta, deben elegirse los que permitan: una tasa de expansión que lleve a satisfacer expectativas sociales; generar suficiente nivel de empleo para mantener la tasa de desempleo por debajo de cierta cuota; lograr cierto coeficiente de aprovechamiento de la capacidad de generar ingreso de la economía en su conjunto; y alcanzar cierto grado de suficiencia en la generación de ahorro nacional para autofinanciar sustantivamente el crecimiento a largo plazo.[10]   Una de las contribuciones que puede brindar un proyecto nacional en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, es compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural.  Puesto que: “El hombre es el único ser de la Creación que necesita “habitar” para realizar acabadamente su esencia. El animal construye una guarida transitoria, pero aquél instaura una morada en la tierra: eso es la Patria.”[11]

De allí que no haya “contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca.[12]   

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE  “PROYECTO NACIONAL”  

Ordenados por fecha de publicación  

1) Villegas, Osiris. “Políticas y estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional”; Buenos Aires, De. Pleamar, l969, 285 pgs.  

2) Villegas, Osiris. “El Proyecto Nacional”; Separata, Revista Militar nº 691 (s/f), pgs. l45/l60. 

 3) Junta de Comandantes en Jefe. “Políticas Nacionales”, Decreto Nacional Nº 46/70.  

4) Monti, Ángel. “Proyecto Nacional”;  Buenos Aires, Ed. Paidos, l972, 293 pgs. 

 5) Perón, Juan Domingo. “El Proyecto Nacional” (Modelo Argentino); Buenos Aires, Ed. El Cid, l986, 150 pgs.  

6) Fundación Argentina Año 2000 -Centros de Estudios Prospectivos. “Proyecto Nacional. Síntesis”; Buenos Aires, 1974, l6 pgs.  

7) Guevara, Francisco. “Proyecto XXI”; Buenos Aires, Edit. Ancora, l975, 238 pgs.  

8) Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l977, 83 pgs. (síntesis).  

9) Arguindegui, Jorge Hugo. “La nueva República. Pautas para un Proyecto Nacional”; Buenos  Aires, l986, 36 pgs.  

10) Seineldin, Mohamed Alí. “Bases para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires,1990, 32 pgs.   

BIBLIOGRAFIA   

* Diaz Araujo, Enrique -Pithod, Abelardo - Randle, Patricio H. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, Buenos Aires, l979, 191 pgs.  

* Massé, Pierre. “El Plan o el antiazar”; Barcelona, Edit. Labor, l968, l72 pgs.  

* Irazusta, Julio. “La generación del 80”; Buenos Aires, Ed. Docencia, l98l, 59 pgs.   

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[1]  Monti (l972), p. l2.

 [2]  Diaz Araujo y otros (l979), p. 24.

 [3]  cit. p. Masse (l968), p. 99.

 [4]  Masse (l968), p. 20, 27, 37. 

[5]  Proyecto Nacional (l977), p. 7. Modelo Argentino (l974), p. l35/l36. 

[6]  Proyecto Nacional (l977), p. 9/10. Modelo Argentino (l974), p. 72/92. 

[7]  Irazusta (l98l), p. 7. 

[8]  cit. p. Irazusta (l98l), p. 37. 

[9]  Osiris Villegas (s/f), p. l52. 

[10]  Monti (l972), p. l6/17. 

[11]  Modelo Argentino (l974), p. l46. [

12]  Modelo Argentino (l974), p. l47.