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 ENTENDER EL JUEGO DEL PODER

Joseph Nye: Universidad de Harvard  

Si el aumento de las tropas que lleva a cabo el presidente George W. Bush en Irak no logra producir un resultado que pueda llamarse victoria, ¿qué lecciones aprenderá Estados Unfidos para su política exterior futura?  Los analistas se fhan equivocado frecuentemente en cuanto a la posición de EE.UU. en el mundo. Hace dos décadas, la opinión reinante era que los EE.UU. estaban en decadencia. Una década después, con el fin de la guerra fría, la nueva opinión consistía en que el mundo era una hegemonía estadounidense unipolar. Algunos expertos neoconservadores llegaron a la conclusión de que los EE.UU. eran tan poderosos que podían decidir qué era lo que estaba bien y los demás tendrían que aceptarlo.  Pero este nuevo unilateralismo se basaba en una profunda incomprensión de la naturaleza del poder en la política mundial. El poder es la capacidad de obtener los resultados que uno quiere. El que contar con esos recursos produzca resultados depende del contexto. Por ejemplo, un ejército grande y moderno es un recurso poderoso si la guerra se lleva a cabo en el desierto, pero no si se da en un pantano -como lo descubrieron los Estados Unidos en Vietnam. En el pasado, se asumía que el poder militar predominaba en casi todas las cuestiones, pero en el mundo actual, los contextos del poder difieren mucho.  La distribución del poder en la política actual es un juego de ajedrez tridimensional.

En el tablero superior -las relaciones militares entre Estados- el mundo es unipolar y es probable que lo sea por décadas. Pero en el tablero del medio, el de las relaciones económicas, el mundo ya es multipolar, y los Estados Unidos no pueden obtener resultados que desean sin la cooperación de Europa, Japón, China y otros países. Y, en el tablero inferior de las cuestiones transnacionales que están más allá del control de los gobiernos -que incluyen desde el cambio climático hasta el terrorismo global, pasando por las pandemias- el poder está distribuido de manera caótica y no hay hegemonía estadounidense.  Sin embargo, es en este tablero inferior donde encontramos los desafíos más importantes. La única forma de lidiar con ellos es mediante la cooperación con otros, y eso requiere del poder blando de la cultura así como del poder duro de la coerción. No hay solución militar simple que pueda producir los resultados que queremos.  

(Clarín, 20-3-07)   

Una guerra preventiva: la reglamentación de los decretos y los superpoderes refuerzan un centralismo que será difícil de revertir  

“Para asegurarse los votos tanto de ciudadanos como de legisladores, el líder debe proveerles beneficios que recompensen su lealtad. El sostenimiento de la coalición induce a los líderes a concentrar poder de decisión y recursos para financiar el gasto público, y en especial la combinación de ambos: poder de decisión sobre recursos. Cuanto mayor sea tal concentración, más dependerán legisladores y funcionarios provinciales y municipales del favor presidencial.”  “Para alcanzar este objetivo, el orden económico del país debería conceder al menos tres instrumentos al Estado nacional: monopolio de la emisión de moneda, control del endeudamiento público de todos los niveles de gobierno y centralización de la recaudación impositiva.

La Argentina ha cumplido desde 2003 todas las condiciones enunciadas. El objetivo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo es cristalizar esas condiciones por tiempo indeterminado.  Con las retenciones a las exportaciones el Presidente controla una masa de recursos no coparticipables que hace palidecer a la recaudación compartida con las provincias. Al rescatar los bonos provinciales, recobró el monopolio sobre la creación de dinero. Tras absorber y refinanciar las deudas provinciales, el Estado nacional controla efectivamente el endeudamiento subnacional. Y ahora con los poderes especiales sobre el Presupuesto y la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) se refuerza el control presidencial sobre todos estos recursos.”  “Esta reglamentación presenta al menos dos aspectos críticos para el manejo coalicional. Uno es la falta de definición taxativa de lo que constituye necesidad y urgencia. Aunque puede argumentarse que tal definición es materialmente imposible, intentarla no lo es. Una definición tentativa hubiera forzado al Presidente a restringir la emisión de este tipo de decretos; su ausencia le permite decidir cuando cabe emitirlos y da poder a la Comisión Bicameral para determinar si son o no de su competencia. Como la Comisión estará integrada siguiendo las proporciones de los bloques en ambas cámaras del Congreso, el oficialismo tendrá mayoría.  El otro aspecto crítico es la vigencia de los DNU. Sí, como se impuso, un DNU permanece vigente salvo que sea explícitamente rechazado por ambas cámaras, entonces le basta al Presidente con desarticular potenciales mayorías opositoras en alguna de ellas para que su palabra se convierta en ley.” 

 “Con estas reglas el Presidente podrá defender movimientos de fondos contra cualquier oposición y forzar ajustes presupuestarios contra la voluntad del Congreso.  Estas reformas transformarán al actual Presidente en el jefe de Estado fiscalmente más poderoso desde Onganía, el último en contar a la vez con retenciones, control sobre la emisión y el endeudamiento, y autoridad sobre la recaudación impositiva. Así el federalismo fiscal y la política argentina ingresarán en una etapa de centralización difícil de revertir. Ningún futuro Presidente tendría incentivos para desarticular estos dispositivos institucionales. (...) el Presidente vio señales ominosas para su supervivencia y lanzó una relampagueante guerra preventiva. Su victoria, funesta para el peronismo, la oposición y los defensores del federalismo, serán en cambio saludada -aunque tal vez en silencio- por quienes en el futuro ocupen el cargo de Presidente de la Nación.”  

Alejandro Bonvecchi: doctor en Ciencia Política y profesor en la UTDT 

La Nación,6-8-06)    [DP90]    

Mitos peligrosos  

“Existe una cierta paradoja en que la democracia aparezca en América latina en forma generalizada  -y uno podría decir ya consolidada- justo cuando ella, y la política en general, atraviesan por un momento en que están cuestionadas en su relevancia para resolver los problemas y para expresar las demandas de la sociedad.” 

 “Este déficit democrático estructural y sustancial, más allá de los problemas propios que las instituciones de cada país tengan -y que ha sido estudiado y enfatizado por el ya clásico informe del PNUD sobre la democracia-, ha llevado al levantamiento de un nuevo mito, el de la sociedad civil y la ciudadanía.  Como todo mito tiene un núcleo racional, que es la crítica a una política y a instituciones que parecen distanciarse de la gente, distancia que en épocas anteriores tendía a acortarse por el papel movilizador de las ideologías y los proyectos políticos populistas o revolucionarios. También este núcleo racional lleva a la demanda de una democracia más participativa que la simple pero fundamental participación electoral.  Pero también puede llevar a la exaltación de la sociedad civil y la ciudadanía como expresión de las preocupaciones de la gente, convirtiendo a aquellas instancias ya no en contrapeso necesario del Estado y la acción política, sino en el sustituto de ésta.” 

 “En esta construcción mítica, la sociedad civil aparece dotada de una virtud y homogeneidad que contradicen la realidad de intereses particulares y contrapuestos propios de la condición humana, y la ciudadanía aparece sólo en su dimensión de derechos individuales y no de pertenencia a una comunidad política.”  “Si el acuerdo o pacto social no tiene una dimensión partidaria dominante, será imposible que cristalice en instituciones que lo respalden y legitimen. La política y los partidos no podrán ser reemplazados y jugarán un papel aún más importante que en el pasado en la conformación de un pacto social.  De ahí la necesidad de su transformación y su relegitimación.” 

 Manuel Antonio Garretón: Sociólogo, Docente de la Universidad de Chile                                

(Clarín, 9-10-06) [DP88]    

Para ser diputado, Patti sólo necesita un domicilio y el DNI 

“La votación de la Cámara de Diputados que impidió el juramento y envió el diploma a comisión de Luis Abelardo Patti -diputado electo en la provincia de Buenos Aires por 400 mil votos y a quien se lo sindica como torturador, sin que haya sentencia que lo condene- ha puesto, nuevamente, en debate el tema de los requisitos de admisión de los congresistas votados por el pueblo, y si es el electorado o la Cámara la que debe juzgar su idoneidad.” 

 “El único antecedente en nuestro país, en que los requisitos constitucionales para acceder a una banca del Congreso son semejantes a los del país del Norte [Estados Unidos], es cuando se impidió jurar, y luego se excluyó del Cuerpo, al diputado Antonio Domingo Bussi, electo en 1999 por casi cien mil votos, por segunda vez para ese cargo, luego de haber sido interventor -durante la época del proceso militar- y, más tarde, gobernador, elegido por el pueblo de Tucumán. El asunto fue llevado a la Justicia por el afectado, la que le resolvió favorablemente en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, uno sobre la justiciabilidad del caso, el 11 de octubre de 2001, y otro sobre la invalidez de la exclusión dispuesta por la Cámara, del 4 de noviembre de 2003. En este último, invocó en sus fundamentos la interpretación de la Corte norteamericana en el referido caso Powel, pero cuando se dictó, terminaba su mandato, por lo que no pudo incorporarse al Cuerpo, habiendo sido reemplazado durante este tiempo por su hijo, que era suplente en la lista por la que fue electo.  La mayoría de los diputados, al impedir el juramento de Patti por 212 votos contra 17 (entre negativas y abstenciones), olvidó lo que dispone la Constitución, el Reglamento de la Cámara y estos antecedentes, que expresan que un diputado electo sólo no puede jurar cuando las impugnaciones planteadas demuestren, prima facie, la falta de alguno de los requisitos de edad, residencia o nacionalidad exigida por el artículo 48 de la Ley Fundamental. Si antes de ser elegido estuvo de parte del enemigo, fue polígamos, mormón, represor, torturador o cometió algún otro delito, por repugnante que sea, sólo el pueblo, al momento de votar -y no sus pares- es quien debe juzgar su idoneidad para ser legislador y cumplir así como el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental.  Ante la comisión que estudia su caso, el ex intendente de Escobar no necesita llevar un certificado de buena conducta, le basta con uno de domicilio y su DNI, para probar que es diputado de la Nación.”   

Jorge Horacio Gentile: profesor de Derecho Constitucional  

(La Nación, 24-4-06)  [DP, 85]      

Concentración del poder  

 “El crecimiento económico y la mejoría en las cuentas fiscales provinciales se pagan caro. Si bien el trío de gobiernos que integran la Región Centro está mucho mejor que en 2001, la dependencia de los estados subnacionales creció de manera abismal, realimentando el poder central.  Por un lado, la mayor solidez de la Nación la convierte en fuente de financiamiento obligado para los estados provinciales. En conjunto, el 67 por ciento de toda la deuda de las provincias tiene como acreedor al Estado nacional.”  “Por otro lado, la Nación sigue recaudando más y más. Una gran vía de ingresos proviene de impuestos que no se coparticipan, como las retenciones, que son aportadas principalmente por las provincias de la Región Centro, más Buenos Aires. Esto lleva a que Néstor Kirchner disponga de una amplísima caja de fondos que maneja de modo discrecional; que ganan cada vez más peso en los presupuestos de las jurisdicciones y que no hacen más que sumar poder para el Gobierno central.  Tanto en Córdoba, como en Santa Fe y en Entre Ríos, las promesas de obras públicas de la Nación se cuentan de a montones. Parte del éxito político de sus gobernadores está atado a la voluntad y agilidad con que la Casa Rosada ejecute esas obras.  Las retenciones que el trío de provincias le gira al Gobierno central están lejos de compensar lo que reciben a cambio en obras o en aportes de otra naturaleza. Pero el círculo es vicioso: la dependencia de los recursos de la Casa Rosada es tal que la Región Centro no logra plantarse políticamente frente a la Nación para exigir más obras o menos presión impositiva.”  (Regióncentro, Abril de 2006, p. 3) 

[DP 82, 17-4-06]    

24 de marzo de 1976:  ¿PUD0 EVITARSE EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO?     

 Acaba de conocerse, por una carta de lectores al diario Clarín (18-3-06), el testimonio del Sr. Guillermo Bringiotti, quien, siendo estudiante de periodismo, tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical, Dr. Ricardo Balbín, días antes de aquella fecha. Relata haber escuchado ésta frase textual: “Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada”. Quienes vivimos intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el Dr. Balbín manifestó en una aparición por televisión: “Debe haber una solución, pero yo no la tengo”.     

Parece obvio que si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se insiste, y acaba de repetirlo el actual gobierno argentino -con motivo de la ley que establece la fecha mencionada como feriado nacional-, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación.       Por cierto que no puede avalarse el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década de 1970, pero, tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24-3-76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional.      El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices y las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución[1].

Además, como acaban de recordarlo los obispos, el derrocamiento del gobierno fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos[2]. Como resume una reciente crónica periodística: Nadie alzó un dedo, siquiera una voz, se vivió una jornada de sugestiva normalidad, para quejarse por esa malhadada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia de un gobierno[3].          En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974 la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractario a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado; incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó, como represalia, el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto, a su vez, comenzó a modificar la opinión militar.     

 El gobierno constitucional, en 1975, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al inicio de 1976, había dos generales en actividad a cargo, respectivamente, de la Policía federal y de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado). Si se dio el paso siguiente -asumir el gobierno- fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión[4].    Carencia de solución institucional         Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produce esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron, durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi, en 1962, por aplicación discutible de la ley de acefalía.      Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca -ni siquiera en el 55- las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar, que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitan a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político. El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes, en el gobierno surgido del golpe de 1930.   

Consideramos evidente que hay un motivo estructural: la carencia de un remedio institucional, que opere en casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara[5]: quien asume el Poder Ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos:  

a) el acatamiento pacífico de la comunidad;  

b) la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos;  

c) la necesidad de proveer, mediante la existencia de un gobierno, a la atención de aquellas necesidades;  

d) el ejercicio público y pacífico del poder.     

Lo señalado no difiere de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia, que es asimilada por el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2243).      Ahora bien, como en nuestro caso se repitió seis veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir que, al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido en todos los casos mencionados la utilización del juicio político, único remedio previsto en la Constitución.     Cabe destacar, que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia (7-10-86), creado para procurar el perfeccionamiento  de las estructuras políticas, y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Es que el gobierno de entonces, había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado, mediante un recurso drástico: la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ello se consiguió, a través de: a) la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las tres fuerzas, y congeló los sueldos del personal; b) la supresión por ley del servicio militar obligatorio; c) el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado, y desarticula la carrera profesional basada en el mérito.   

Se ha señalado[6] que no puede existir un Estado, propiamente dicho, sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundacional de la República, y simbolizan la unidad del pueblo, y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas, han mutado a una Guardia Pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente, sólo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado carente de todo límite.     Se ha logrado, entonces, el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República.  

Córdoba (Argentina), marzo 21 de 2006.-  

Mario Meneghini   

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 [1]  Iribarne, Miguel Ángel. El rescate de la República; Buenos Aires, Emecé, 1978, p. 11. 

[2]  Conferencia Episcopal Argentina, 15-3-06. 

[3]  Ámbito Financiero, 20-3-06. 

[4]  Fraga, Rosendo. La Nación, 19-3-06. 

[5]  Bidat Campos, Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino; Buenos Aires, EDIAR, 1972, pgs. 695/697. 

[6]  Sánchez Sorondo, Marcelo. La Argentina no tiene Estado, sólo gobiernos; en Revista Militar, Nº 728, 1993, pgs. 13/17.   

PROVINCIA SIN TERRITORIO   

El Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos (CEES), con la firma de su Presidente, Sr. Julio Piumato, ha denunciado que la Constitución de la Unión Europea, ha incluido entre los “territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido”, a las “islas Falkland (Malvinas), Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur”; dichos territorios “están asociados a la Unión Europea” (Art. III-286, y Anexo II). El CEES, en nota del 26-4-05, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicitó información sobre las gestiones que se hayan realizado para evitar o impugnar la insólita inclusión aludida, siendo que los territorios mencionados son considerados parte integrante de la República Argentina según nuestra Constitución Nacional (Primera Disposición Transitoria).  Como, hasta la fecha, sólo han ratificado el texto de la Constitución de la Unión Europea seis Estados, de los veinticinco que la integran, es el momento oportuno para pedir una modificación de la redacción. Pero, para que sea efectiva la gestión, debería efectuarse, asimismo, una corrección de nuestra legislación interna. Nos referimos a un tema ya analizado en dos Boletines (Nºs. 27 y 30).

Desde 1990, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -a la que pertenecerían, en principio, los territorios ya citados- permanece sin territorio definido con precisión.  En efecto, la Ley Nº 23.775, de provincialización del ex-Territorio Nacional, fue promulgada el 10-5-1990, pero vetada por el Poder Ejecutivo, el mismo día, por Decreto Nº 905/90, en gran parte de su Art. 1º, donde se fijaba detalladamente su jurisdicción. El Art. 1º quedó reducido a una frase: “Declárase provincia conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 67, inc. 14 de la Constitución Nacional, al actual Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

El veto produjo una confusión, rayana en un galimatías jurídico, hasta el punto de que en decretos posteriores del Gobierno Nacional se eludió el uso de la palabra Provincia, como puede observarse en los tres ejemplos siguientes:  

Dto. 1491/90 (3-8-90)  “Art. 1º.- Convócase al electorado de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para el día 9 de diciembre de 1990, con el objeto de elegir DIECINUEVE (19) Convencionales Constituyentes...”.  

 Dto. 79/91 (14-1-91)  “Art. 1º.- Desígnase Gobernador del ex-Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur...”.   

Dto. 1387/91 (24-7-91)  “Art. 1º.- Convócase al electorado del ex-Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur...”.   

Para tratar de entender la situación, hay que retroceder a 1986 cuando el radicalismo aprobó en la Cámara de Diputados la creación de esta nueva Provincia, pero restringiendo su jurisdicción a la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la Isla de Año Nuevo: la denominada provincia chica. El argumento esgrimido por el entonces Canciller Caputo, era que, como las Malvinas están ocupadas por los ingleses, y la Antártida sujeta a las negociaciones para modificar el Tratado Antártico, era razonable crear una provincia con la extensión exenta de disputa. El Senado se opuso, pues el peronismo prefería la provincia grande -que incluyera la Antártida, Malvinas y demás islas del Atlántico-, y no se sancionó la ley.  El veto de 1990, promovido por el Canciller Cavallo, no especificaba el motivo de la observación, pero en declaraciones periodísticas se alegó que se habían cometido errores como la inclusión de las islas Lawrence y Cole, que pertenecen a Chile. Cabe sospechar, sin embargo, que el Dr. Cavallo coincidía en la apreciación de su antecesor Caputo, sobre la necesidad de evitar irritar a los ingleses. 

 Finalmente, en la Cámara de Diputados, por consenso entre los bloques, se aprobó un proyecto de modificación a la Ley 23.775, cuyo texto constituye un desatino antológico, pues pretendía crear un doble sistema político para la misma provincia (Art. 1º):  -          “En la parte oriental de la Isla Grande, Islas de los Estado y Año Nuevo, y demás  islas e islotes adyacentes a ellas, tendrá la provincia creada su ámbito político, con vigencia de las atribuciones provinciales y de la organización del poder, de acuerdo con la Constitución provincial prevista en el artículo 3º.”  -         “Además el Gobernador de la provincia que resulte elegido a partir de la sanción de la Constitución Provincial y de acuerdo a sus normas, quedará investido de pleno derecho y sin necesidad de formalidad alguna, del carácter de Delegado Federal en el ámbito geográfico que comprende el sector antártico, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur. En este ámbito geográfico, el Gobernador de la provincia actuará como lo ha hecho el gobierno del Territorio hasta la sanción de la presente Ley.”          

 Como el Senado no aprobó este proyecto, sigue vigente la Ley 23.775, y, por lo tanto, no está definida con precisión la jurisdicción de la provincia argentina más austral. Entre otras cuestiones dudosas, la jurisdicción del ex Territorio incluía las islas al oriente del Canal de Beagle, que posteriormente fueron adjudicadas a Chile, y estaba vigente la Ley 17.094 que otorgaba soberanía plena a la Argentina sobre las 200 millas en torno a las Malvinas, Sándwich y Georgias, lo que fue modificado al ratificarse la Convención sobre el Derecho del Mar. Por lo tanto, el texto de la ley comentada ofrece a los ingleses un nuevo manjar para su paladar de diplomáticos expertos, y debería corregirse con urgencia para defender eficazmente el interés nacional.        Recordemos que el veto a la ley, fue posterior al Tratado que restableció las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña (Declaración conjunta de las Delegaciones de la Argentina y del Reino Unido, 15-2-90), que fue tan desfavorable para nuestro país, que el Dr. Caballo explicó en la Cámara de Diputados: “Hubo una guerra y la Argentina la perdió” (Página 12, 29-3-90).           

Ojalá el actual Gobierno Nacional aplique la definición del Prof. Rizzo Romano de la Política Exterior de un Estado soberano: es un arte para orientar o dirigir, conforme a reglas de probada eficacia, una determinada acción en beneficio del mismo, en el plano externo.  

 [Publicado en Boletín Acción, Nº 76, 30-4-05]    

Política Exterior  Nuestros límites marítimos  

Hugo Gobbi - Ex Secretario Gral. Adjunto de la ONU     

“La Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, aprobada en 1982 y puesta en vigor en 1994, determina nuevos marcos legales, especialmente sobre plataforma, que difieren de los anteriores de la Convención de 1958. La nueva norma extiende enormemente la extensión de la plataforma continental, que el Gobierno debe delimitar fijando el límite exterior de la República.  Se había fijado un límite para hacer esa demarcación, anterior al año 2005, que felizmente fue prorrogado hasta el 2009. Se está frente a un problema técnico de enorme significación económica, una ampliación territorial que implica fuentes de hidrocarburos y enormes recursos potenciales.

La delimitación robustecería nuestros derechos sobre Malvinas, parte de nuestra plataforma. Hay que señalar, para desvanecer escepticismos, que el nuevo espacio tiene un valor actual, tangible en el mercado y puede adquirir incalculable importancia económica futura.  La delimitación de la plataforma pos convencional responde a la realidad morfológica. Anteriormente se había establecido un impreciso criterio de explotabilidad, sujeto a cambios técnicos. La Convención actual tomó como punto de partida las realidades geomorfológicas que son características naturales y precisas.  En síntesis, se guía por la configuración del territorio ribereño sumergido, lo que extiende la plataforma hasta su borde continental. Para la Argentina este criterio significa el triunfo de su tradicional posición y la incorporación de una riqueza incalculable en la actualidad.

 Este criterio realista beneficia a la Argentina porque extiende su territorio, como consecuencia de que el Atlántico frente a sus costos presenta una suave pendiente no interrumpida por fosas cercanas.  El país ha iniciado la delimitación de la plataforma frente a su costa pero no ha concluido en su segunda y tercera etapa más allá de Malvinas y las islas Sandwich a pesar de que sus dificultades técnicas y presupuestarias han sido resueltas.  Fijar el límite exterior es una necesidad de Estado sobre la cual debe haber coincidencia pluripartidaria ya que significa enriquecer el patrimonio nacional. Es fácil presumir que el presidente Kirchner, que proviene de una Provincia ribereña, comprenda la importancia del tema. Sería impensable que un gobierno pierda la oportunidad de realizar una tarea tan conveniente para el país.”  

(Clarín, 5-2-05, pg. 33)     [Publicado en Documentación Política, Nº  50, 15-3-05]   

 PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ARGENTINA  

 Ha llamado la atención un reciente informe periodístico publicado por el diario La Nación (l0-l0-04) con un análisis radiográfico sobre los partidos políticos argentinos. En primer lugar, y contradiciendo la aparente apatía ante la política, existen 7.59l.842 ciudadanos afiliados a un partido, lo que representa el 30 % del total de empadronados. Además, se encuentran reconocidos por la Justicia Electoral, con jurisdicción nacional, 38 partidos en total. Pero lo más llamativo, es el tamaño de los dos partidos mayoritarios: el Partido Justicialista (PJ), con 3,7 millones de afiliados; y la Unión Cívica Radical (UCR), con 2,6 millones de afiliados.

Se destaca en el informe citado, que el Partido Socialdemócrata de Alemania -país con el doble de población que la Argentina- sólo posee 640.000 afiliados, cifra ésta, a su vez, similar a la de los dos partidos mayoritarios de España.  Intentaremos una explicación sumaria de este panorama, que resulta incomprensible para quien no conozca la realidad política argentina.     

l. La Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Nº 23.298, estatuye en su Art. 2, que les corresponde a los mismos “en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos”. Este monopolio de la representación cívica, quedó consolidada en la última reforma de la Constitución Nacional (l994), en su Art. 38.  

2. Por cierto, que, como ocurre habitualmente en todo el mundo, los grandes intereses económicos actúan directamente sobre los órganos de gobierno, presionando para imponer sus condiciones. Pero, el ciudadano común y  las asociaciones representativas de la vida social, sólo pueden intentar influir en las decisiones públicas a través de los grandes partidos que poseen cuotas significativas de poder, ya que el sistema institucional no les reconoce ninguna participación vinculante en la elaboración de las políticas estatales.     

3. La reforma de l994 de la Constitución Nacional, fue posible por el llamado “Pacto de Olivos”, concertado por los jefes de los dos partidos mayoritarios (PJ y UCR). Eso explica el acrecentamiento de poder de los partidos:   

3.l. La elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación,  antes era indirecta, mediante un Colegio Electoral, donde, las Provincias podían equilibrar el peso demográfico del Gran Buenos Aires. El nuevo Art. 94 establece  la elección directa, con lo que cuatro distritos grandes imponen el resultado.   

3.2. De las dos Cámaras legislativas que integran el Congreso Nacional, la de Senadores se conformaba por 2 Senadores elegidos por la Legislatura Provincial respectiva, que muchas veces, eran designados por consenso entre los bloques, y por lo tanto, los electos podían defender los intereses provinciales con mayor independencia. El actual Art. 54, establece que cada provincia -y la Ciudad de Buenos Aires- designarán 3 Senadores, elegidos por elección directa, correspondiendo 2 al partido más votado, y l a la primer minoría. De esta forma, los Senadores quedan totalmente subordinados a la respectiva estrategia partidaria, que puede ser contraria al interés de su distrito, como ocurre frecuentemente.   

3.3. Tanto la función de control, asignada a la Auditoría General de la Nación, por el Art. 85, como la selección de los magistrados judiciales, atribuida al Consejo de la Magistratura, por el Art. ll5, quedan mayoritariamente a cargo de representantes de los partidos.   

4. Del total de afiliados consignado en el primer párrafo, el 83 % corresponde a los dos partidos mayoritarios (PJ y UCR), que han gobernado alternadamente desde l983. Gran parte de quienes se afilian no lo hacen por una afinidad ideológica, ni por un legítimo deseo de participar en la vida cívica, sino por el deseo o necesidad de obtener algo con apoyo del partido. Baste indicar que en la última elección presidencial, la Unión Cívica Radical -cuya derrota era segura- pese a contar con 2,6 millones de afiliados, no logró ni medio millón de votos.   

5. La explicación de la afiliación masiva, está en el clientelismo político: relación entre un dirigente partidario y un grupo de ciudadanos, que consiste en que el primero otorga favores, servicios o beneficios a los segundos, a cambio de apoyo electoral. Aunque sea un fenómeno derivado del sistema partidocrático, adquiere mayor dimensión, y características propias, en países en desarrollo como el nuestro.  

 6. La Iglesia Católica acaba de proponer al gobierno que reemplace progresivamente el plan para Jefas y Jefes de Hogar desocupados, por otro tipo de subsidio con un criterio de mayor equidad. Esto se debe a que el plan citado abarca actualmente a l.600.000 personas que -al igual que otros 600.000, de diferentes planes-  reciben mensualmente $ l50 (unos  50 dólares), ayuda estatal fundamentada en el alto desempleo, y que constituye un alivio para mitigar la pobreza. Pero ocurre que una parte considerable de estos planes son adjudicados por dirigentes políticos. El Obispo de Humacuaca, Pedro Olmedo, ha expresado que este plan contribuyó a mantener “el clientelismo y la dependencia” a través de los “quioscos sociales” (Clarín, l8-l0-04).  

 7. Un autor[i] explica la actitud de los clientes: “El cóctel explosivo de fuertes carencias, desocupación, focalización y privatización de las políticas sociales hace necesaria la búsqueda de cualquier alternativa, por parte de los pobres, para acceder a recursos tan necesarios como escasos”. Se introduce el concepto de ciudadanía invertida, que significa que las personas necesitadas de ayuda resignan  su condición de ciudadanos para acentuar su carácter de beneficiarios. Se subordinan a un puntero (dirigente zonal), pues comprenden que su voto -complementado con su presencia eventual en actos públicos- es su único capital.  

 8. Otra vertiente por dónde se canaliza el clientelismo en la Argentina es un fenómeno que los países desarrollados han neutralizado un siglo atrás: el “spoil system” (sistema de los despojos), consistente en la utilización de los cargos públicos como botín de guerra por la fracción política que asume el gobierno. Únicamente los integrantes del escalafón general de la Administración Pública Nacional, ingresan y ascienden actualmente por concurso. Pero representan apenas el 11 % del total del personal. El resto de los cargos públicos  de los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, dependen  de decisiones políticas discrecionales para su cobertura y promoción. Nadie desmintió una afirmación del ex-Vicepresidente y actual Senador, Carlos Rukauf que estimó el clientelismo político en 300.000 cargos estatales (La Primera, 28-4-01).  

 9. La segunda vertiente descripta es la más grave, pues se ha ido agravando y consolidando con el tiempo, y ha impedido en los últimos 50 años contar con un Estado eficiente. Sostiene el Dr. Eduardo Conesa[ii] “que el país está enfermo, no por la expansión del Estado, sino por el deterioro de la calidad del Estado y del servicio público, debido al deterioro de la carrera administrativa.”   

10. Conociendo la realidad, resulta comprensible que, pese a la acentuada decadencia del país, y al desempeño nefasto de  todos los gobiernos argentinos en los últimos 20 años, se mantenga alta la afiliación a los dos partidos mayoritarios. En cambio, los que le siguen en las preferencias electorales -liderados por López Murphy y Elisa Carrió- no superan los 40.000 afiliados, pese a haber obtenido ambos unos 3 millones de votos cada uno. Es que, al no haber llegado aún al Poder Ejecutivo, no pueden otorgar nada a cambio de los votos.  

 Centro de Estudios Cívicos - Córdoba (Argentina), octubre l9 de 2004.-   

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[i]  Torres, Pablo. “Votos, chapas y fideos; clientelismo político y ayuda social”; La Plata, Editorial de la Campana, 2002, pg. 51. 

[ii]  Conesa, Eduardo. “Democracia, Servicio Civil y desarrollo económico”; Buenos Aires, Mimeo, Mayo de l988, pg. 6.

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El sábado 13 de octubre de 2007, haremos una Jornada de Orientación para las Elecciones. Se realizará en Av. Colón 1067, Córdoba, desde las 10 horas, con entrada libre.

   La seguridad defensiva y la guerra del agua: ¿Perversidad intelectual o maniobra ideológica inconfesable?   

Escribe Gral. Heriberto Auel   

El Diario “La Nación” del 25 de Febrero de 2007, en su primera página, anuncia: “Preparan al Ejército para defender recursos naturales”. Junto a ésta, nos da la noticia del “trío extraoficial” que viajó a Irán, el aliado estratégico de nuestro aliado estratégico.  La editorial del mismo diario, el lunes 5 de marzo subsiguiente, vuelve sobre el tema con el título: “Absurda Hipótesis de Conflicto”.  Estas noticias no son intrascendentes ni inofensivas. Significan una maniobra política de envergadura, perfectamente elaborada y destinada a imponer la ideología del grupo gobernante que lleva en línea recta a la Argentina al “estado fallido”, aniquilando paso a paso a las instituciones.  Lo que es llamativo es que ha logrado que militares, legisladores, jueces y una porción importante de ciudadanos, participen decididamente en su suicidio colectivo.  En el caso citado, la editorial es clara:  “La ministra de Defensa, junto con la conducción del Ejército, ha expuesto los lineamientos de la función proyectada para esa fuerza para el año 2025 como un giro doctrinario en la política de defensa nacional, basada en un cambio drástico en las hipótesis de conflicto”.  

La operación en curso se inicia con las leyes alfonsinistas de indefensión. Ellas ponen a las fuerzas armadas fuera de la jurisdicción nacional, en sus funciones. Con la reciente reglamentación de la ley de defensa, la ex-embajadora en Caracas, por simple decreto establece una nueva ley de defensa, que agrava los dislates de la originaria. Y, poco a poco, semana a semana, van apareciendo “las patas de la sota”.  Estas noticias periodísticas recientes son asignadas, por evidentes filtraciones ministeriales, a la cúpula del Ejército. Hemos visto la degradación del honor militar a niveles de escándalo, con lo del “banquito”, el reemplazo de los jueces de un Tribunal de Honor, sanciones inicuas y otras innumerables indignidades similares, pero estas “Absurdas Hipótesis” que cita el matutino, hieren mortalmente la profesionalidad intelectual del alto mando actual. 

 Existen dos posibilidades:   -se ha seleccionado cuidadosamente a los más corruptibles, como colaboradores del aniquilamiento institucional o  -el grado de capacitación y actualización académica de los cuadros superiores es nulo.  Podría darse una tercera alternativa: una combinación de ambas posibilidades.  Las pruebas son contundentes. Están a la vista del más despreocupado o simple ciudadano.  El resultado (el objetivo) se busca a través de dos maniobras, relacionadas entre si:  Una externa, imponiendo a las Fuerzas Armadas la doctrina estratégica de seguridad defensiva y, a la vez, reemplazar la vigente, de disuasión defensiva.   Una interna, descubriendo (el EA) un enemigo nuevo, que las inutiliza.  

La maniobra externa:  El concepto de seguridad defensiva nació en el eurocomunismo durante la Guerra Fría y consistió en el repliegue progresivo de los misiles balísticos de la NATO, para que la URSS no temiese un ataque y consecuentemente redujese la cantidad de sus misiles. Los europeos desplazaron los fondos de defensa al “estado de bienestar”. Breznev reaccionó de modo opuesto. Aprovechó la debilidad: jugó fuerte. Y perdió.  Los pensadores (¡) vernáculos trasladaron torpemente este concepto, hoy extemporáneo, al armamento convencional y sostienen que no hay que armarse con armas ofensivas convencionales: tanques, cañones, helicópteros de ataque, etc., para que los países fronterizos no tengan temor que los ataquemos. Es el desarme unilateral pacifista en el que ya estamos desde el ‘84. Pero, el sentido común indica que es difícil distinguir si un arma es defensiva u ofensiva, puesto que todo depende del uso que se le dé y en qué nivel se considere su empleo en la acción. 

 En la práctica, esta teoría de seguridad defensiva significa que las Fuerzas Armadas de la Constitución no serán equipadas adecuadamente, sino con equipamiento mínimo y obsoleto. Serán reducidas a su mínima expresión, porque se parte de varios conceptos básicos intencionadamente erróneos:   1) Ningún país fronterizo nos va a atacar,   2) No suponemos ningún conflicto con los vecinos y   3) Las FFAA tienen vedado cualquier participación interna, de cualquier naturaleza.   4) No existen nuevas amenazas ni riesgos estratégicos. (Estas son solo imposiciones del Imperio).     Luego: a las FFAA no se las necesita. No hay misión a cumplir.  Ello nos ha llevado al presente y tremendo desequilibrio estratégico, que día a día se profundiza por vía administrativa con objetivos inconfesables, pero cada vez más evidentes.  

La maniobra interna:  La maniobra externa se complementa con la maniobra interna, impulsada por la llamada “guerra social” conducida por el “socialismo siglo XXI”.  La guerra de desgaste o guerra social, no es otra cosa que la guerra revolucionaria de guerrillas instrumentada por Mao Tse Tung. Se parte ahora en el MINIDEF de una hipótesis de amenaza, (concepto innovador impuesto que reemplaza al vedado y anteriormente satanizado de hipótesis de guerra) que plantea que “el Imperio”, es decir, EE.UU. (no se alude a Europa, ni a China, ni a la India) va a intentar invadirnos para quitarnos un recurso natural, el agua potable. En el caso de Venezuela la invasión es motivada por el petróleo. He ahí la legitimación de las “milicias populares”.  “El surgimiento de la nueva versión doctrinaria que aquí comentamos parece más bien encaminado a satisfacer un planteo ideológico que reorienta la identificación del enemigo militar en las grandes potencias”. (La Nación. Lunes 5 de marzo de 2007)  Las Fuerzas Armadas convencionales no van a estar capacitadas para enfrentar a las fuerzas imperiales, por las profundas diferencias tecnológicas:  Luego, la única manera de hacerlo es mediante la guerra de guerrillas, la insurgencia al estilo de lo que ocurre en Irak. (La guerra asimétrica, que repite Chávez Frías)  

Se obvia decir que el mismo Mao Tse Tung dice, en sus Escritos Militares, que la guerra de guerrillas no lleva a una decisión estratégica. Pero a los fines que se persiguen hoy, en Latinoamérica, ello no interesa. Interesa la destrucción institucional del Estado.  Con esta excusa, habrá que entrenar a la población para que resista el ataque imperial por los recursos acuíferos, con organización de guerrillas. Los grupos armados que se conformen –v. gr. los piqueteros de D’Elía- deberán ser entrenados y armados. Si nuestra legislación prohíbe la participación de las FFAA en el ámbito interno, los entrenarán las Fuerzas de Seguridad. (Aunque Bendini ya facilitó instalaciones de Campo de mayo, al ex-Secretario de Tierras y asaltante de comisarías y propiedades privadas, para ejercicios de tiro y participa en nuevos operativos Dorrego).  Esta teoría no es nueva, sino que ya es implementada desde hace tiempo por Chávez en Venezuela y más recientemente por Evo, con sus ponchos colorados, en Bolivia. A ellos son destinados los Kalaschnikov y sus fábricas, recientemente adquiridos por Venezuela.  “Esta nueva doctrina y los respectivos planes de defensa parecen haber sido elaborados principalmente por asesores militares y políticos cubanos, quienes desempeñan un papel cada vez más influyente en el gobierno del presidente Chávez”. (John Sweeney, Diario Las Américas, 7 de febrero de 2005).  

En definitiva quedarán, las Fuerzas Armadas instituciones de la Constitución, totalmente desarmadas y surgirá un nuevo ejército popular, interno, al servicio del partido neo-marxista y de la ideología setentista, lista para apoyar por la fuerza al gobierno revolucionario del socialismo siglo XXI, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Latinoamericanas.  La última noticia, de las que nos llegan con gotero, es el desplazamiento de los comandos de cuerpos de ejército desde la zona centro del país, hacia las fronteras. Esta novedad constituye un agravio a la simple razón y al despliegue estratégico de las fuerzas armadas y además huelen a un fuerte y nauseabundo negociado inmobiliario.  La Defensa Nacional no le interesa a ningún político de primera línea, ni al ciudadano anestesiado, porque reporta pocos votos o porque las muertes, si bien llegan cada vez con mayor frecuencia, aun se cree que son solo una mera “sensación”. Arslanian o los Fernández dictan lo que debe creerse, con la prensa alquilada.  Los verdaderos enemigos no deben ser considerados. Ni siquiera nombrados. Sería ingresar en “apología del delito”.  Estamos en manos de un grupo de trasnochados en el poder, tomado “democráticamente” por vía de Alfonsín-Duhalde, que hacen lo que quieren, porque nadie se les opone.

Si tienen éxito en las próximas elecciones, la izquierda radicalizada o “carnicera”, como ya se la llama, tendrá todas las herramientas para permanecer mucho tiempo en el poder. El ejemplo a seguir es Cuba. A preparar balsas. Claro que Miami está muy lejos de nuestras costas.  “Surge, por lo tanto, la duda de si no se trata de un giro doctrinario que desvirtúa aún más las funciones y el rol de las Fuerzas Armadas, en respuesta al espíritu claramente antimilitar que exponen algunos integrantes del gobierno nacional”.  (La Nación. 5 de marzo de 2007)   

(www.politicaydesarrollo.com.ar, 15-Mar-2007)  [DP, 123]   

 Gastos irracionales  

“Néstor Kirchner frenó justo a tiempo. Si hubiera convalidado la semana pasada en Asunción la quita de 4700 millones de dólares de la deuda que Paraguay mantiene con el Ente Binacional  Yaciretá, habría creado un pésimo precedente para el debut del nuevo esquema institucional que otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas que corresponden al Congreso.”  “Demasiada plata para que su destino fuera decidido exclusivamente por el Presidente, en un acto monárquico más que soberano.” 

 “Pero el episodio no despeja los interrogantes que genera la posibilidad de gobernar sobre la base de la peligrosa combinación de decretos de necesidad y urgencia sin plazos de convalidación, con facultades para reasignar partidas presupuestarias sin límite. Al adquirir carácter permanente, este esquema le permite al Ejecutivo decidir el destino de gastos o inversiones por miles de millones de pesos, sin que sus prioridades merezcan un mínimo debe legislativo ni público.  ¿Es imprescindible, por ejemplo, construir un tren bala para unir Buenos Aires con Rosario en una hora y media de viaje?  Seguramente la Argentina tiene otras prioridades; incluso en materia ferroviaria, donde más de un millón de pasajeros viajan diariamente hacinados en trenes suburbanos cuyas condiciones dan lástima a pesar de los subsidios estatales.”  

 “...parece una inversión de nuevo rico en un país donde más de un tercio de la población vive por debajo de la línea de pobreza. O un anticipo de lo costosa que podría resultar la campaña electoral 2007. Rosario es un bastión socialista que el oficialismo está empeñado en conquistar.  El costo del Tren de Alta Velocidad (TAVE) ascendería, según cálculos oficiales, a unos 800 millones de dólares, sin considerar su extensión a Córdoba en una segunda etapa, con trenes menos sofisticados (diesel) de velocidad media. Especialistas en transporte ferroviario, a su vez, calculan que aquella cifra podría trepar a 1000 o 1500 millones.”  “Los trenes bala son tan costosos como escasos en el mundo. Sólo Japón, Francia, Alemania y España cuentan con ellos. Estados Unidos nunca se decidió a incorporar estos trenes, capaces de desarrollar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.”  “Técnicos locales calculan que en España un trayecto de 300 kilómetros, similar a la distancia entre Buenos Aires y Rosario, tiene hoy una tarifa (subsidiada) equivalente a 100 euros (400 pesos). Esta cifra supera en 60 % al costo doméstico de un pasaje ida y vuelta en avión a Rosario y en casi siete veces al de los ómnibus de larga distancia.”  

(La Nación, 32-7-06) [DP89]   

 Medio Ambiente  Contaminación: la paja en el ojo ajeno 

 “Un impactante informe, difundido en fecha reciente, ha establecido -como si no se tratase de una endemia altamente conocida- que la cuenca del río Matanza-Riachuelo está contaminada con 12 sustancias cancerígenas. Advirtió, asimismo, sobre una probable catástrofe sanitaria que podría afectar a un tercio de los habitantes de nuestro país.  De acuerdo con la investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó los problemas ambientales generados en esa cuenca entre 1995 y 2005, esa zona está contaminada con PBC y plaguicidas, entre otras sustancias. El informe subraya que las dos principales causas de esa contaminación son los vertidos cloacales e industriales -provenientes, principalmente, de las industrias de la alimentación-, altamente tóxicos, porque contienen metales pesados como plomo, mercurio, zinc, magnesio, cadmio, cobre o níquel, e hidrocarburos y sus derivados.  Esta situación negativa, de suyo muy preocupante, se ve agravada por la ubicación casi sobre la desembocadura del Riachuelo del polo petroquímico del Dock Sur, donde se localizan más de 50 industrias de alto riesgo ambiental, y por la existencia de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) en Villa Dominico, en el partido de Avellaneda.

La cuestión radica en que la toma de agua cruda de la planta General Belgrano, abastecedora del servicio de agua potable, se encuentra entre Berazategui, que vierte líquidos cloacales sin tratamiento, y la boca del Riachuelo. Cualquier fenómeno meteorológico que mezclara esas aguas podría producir contaminación en grado tal que agravaría la emergencia sanitaria y haría impacto sobre el área habitada por un tercio de nuestra población.”  “Parecería ignorarse ex profeso que en nuestro país hay focos de contaminación ambiental tanto o más peligrosos que los que generarían las plantas de Fray Bentos, ya que en el caso del Riachuelo -el río de las mil promesas y otros tantos incumplimientos- las dificultades antes descriptas podrían ser resueltas con mayor facilidad. En efecto, los contaminadores probables son entes o empresas que exclusivamente deben sujetarse a la legislación argentina vigente.”     

(La Nación, 24-4-06, Editorial) [DP, 86]      

Política exterior: Papeleras: hacia una solución técnica 

 “Desde el comienzo de la controversia pública generada por la construcción de dos plantas de pasta celulósica en la localidad uruguaya de Fray Bentos y la férrea oposición evidenciada por buena parte de la población entrerriana, señalamos que la solución del diferendo debía llegar por la vía técnica antes que por la crispación de los ánimos de unos y otros.  Días atrás, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, hizo público un informe sobre el impacto ambiental que generarían las proyectadas plantas, elaborado por el experto canadiense Wayne Dwernychuk. El trabajo de este especialista se apoyó en la revisión de un estudio anterior del impacto ambiental acumulativo, finalizado en diciembre de 2005 y elaborado por dos consultoras internacionales independientes, pero además recogió múltiples ponencias, observaciones e inquietudes de organismos técnicos, entidades y personas que se manifestaron respecto del problema.

El informe refleja objetividad y solidez. Se expide sobre todas las cuestiones planteadas y en los puntos donde se requiere mayor información para emitir una conclusión terminante, solicita profundizar los estudios.  Una primera conclusión es que los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa de tipo kraf. Si  embargo, algunos comentarios que sugieren la mejora de ciertos aspectos del diseño de las plantas, definición de procedimientos operativos y monitoreo de las descargas al ambiente son válidas y merecen implementación.  Siguiendo éstas y otras afirmaciones del informe resulta claro que debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización a otro sitio, pero que deben profundizarse algunos estudios e instrumentarse algunas mejoras. En ningún caso Dwenychuk considera que esas mejoras no sean compatibles con los proyectos en construcción. Si de los análisis más pormenorizados surgiera la necesidad de lograr mayor seguridad en el cumplimiento de alguna de las exigencias ambientales, esto podrá resolverse con cambios o adiciones sobre la marcha de la ejecución de las plantas, sin necesidad de detener las obras.”  “Una cuidadosa lectura tanto del Informe de Impacto Ambiental Acumulativo de diciembre de 2005 como del Informe Dwernychuk, seguramente, pondrán en claro la falta de justificación de los intensos temores colectivos que han motorizado tan graves reacciones de los habitantes entrerrianos”.   

(La Nación, 18-4-06, Editorial)  [DP 84]  

LA MUJER Y LA NACIÓN  

Con motivo del próximo segundo centenario de la Argentina, nos parece oportuno reflexionar sobre la mujer y la nación. Puesto que la mujer es el eje de la familia, y la familia es la base insustituible de la nación.  La persona humana  es creada, desde el principio, como varón y mujer; la vida de la colectividad humana lleva la señal de esa dualidad originaria. De ella derivan la masculinidad o la femineidad de cada persona; esta es la primera afirmación de la igual dignidad del hombre y de la mujer: ambos son personas igualmente. El hombre y la mujer aportan su propia contribución, gracias a la cual se encuentran, en la raíz misma de la convivencia humana, el carácter de comunión y de complementariedad.  Ambos sexos están, pues, ordenados a complementarse, en una mutua coordinación que influye sobre las múltiples manifestaciones de la vida  social, ya sea desde el matrimonio, ya sea a través del celibato voluntario. En las diversas realidades, pueden, hombre y mujer coordinar esfuerzos en bien de la sociedad de la que forman parte y, por extensión, a la nación.  

Cuando la mujer abandona el puesto que le corresponde en la sociedad, ésta, y con ella la nación, pierden su rumbo y caen, inevitablemente, en el vacío. Teniendo igual dignidad que el hombre, la mujer posee cualidades físicas y espirituales diferentes del hombre, que se fundan en la misma naturaleza femenina, orden natural que no se puede trastocar sin que la propia naturaleza vuelva a restaurarlo. Sólo una obstinada ceguera o una ideologización utópica pueden desconocer o ignorar esta realidad.  La mujer debe, primero, ser fiel a su naturaleza y a la dignidad que correspondiente, para luego pensar en otros objetivos, sean ellos económicos, culturales, sociales o políticos. Pues la maternidad, por ejemplo, no es incompatible para una mujer con la utilización de su talento.

Precisamente, en los últimos meses, varias mujeres -que son madres- han asumido la máxima magistratura de su país (Chile, Alemania, etc.). Lo antinatural, y por ende antifemenino, sería que, sin la vocación decidida, o sin aptitudes relevantes, antepusiera el ejercicio mediocre de una profesión, al silencioso, aunque heroico, gobierno del hogar y crianza y educación de sus hijos.  Es que la influencia de la mujer es insustituible. Ella es naturalmente formadora, educadora de sus hijos, dadora de vida, y ello es tan así, que aún siendo soltera ejerce en diversos medios esa capacidad que le es propia.  Dijimos que la mujer es el eje de la familia; y en la familia toda persona encuentra satisfacción a las legítimas aspiraciones y afectos propios de la vida privada. La familia da lugar al nacimiento de nuevos seres que perpetúan la sociedad y procura el mantenimiento del orden social, sin el cual no se podría vivir.

En todas las razas y en el curso de cada existencia individual, la familia es el primer medio de educación: no sólo produce los renuevos que perpetúan la raza, sino que transmite a cada uno de sus miembros, poco a poco, desde su nacimiento, la práctica de la ley moral.  No solamente durante la niñez y la juventud es la familia el medio más poderoso de educación; en la edad adulta continúa ejerciendo gran influencia moral sobre la persona, a la que mantiene en la senda del deber y atrae al camino de la virtud y la dignidad a través del ejercicio del sacrificio, del trabajo y de todas las virtudes domésticas que elevan y ennoblecen. En el orden social la familia es, además, depositaria y transmisora de las tradiciones sociales y políticas del pueblo, que van pasando de generación en generación.  Históricamente, hallamos a la familia constituida, en una u otra forma, desde los tiempos más primitivos. El hombre, un ser necesariamente social que en aislamiento no podría realizar ninguno de sus fines humanos, donde quiera y como quiera se lo estudie, se ofrece al observador formando parte de esa comunidad natural y afectiva, que todas las edades conocieron y todas las civilizaciones han respetado, porque en ella descansa y se asegura la perpetuación de la especie.  

El género humano se propaga por generación. Una generación que, por naturaleza, debe obtenerse no como resultado de una relación casual de los dos sexos, sino por una unión estable del varón con la mujer. La familia es la más antigua de las instituciones sociales y si bien está subordinada -desde ciertos puntos de vista- al Estado, constituye el fundamento de la sociedad al ser la institución vital por excelencia, aquella sin la cual no existiría ninguna de las otras instituciones.  Cabe señalar que la familia inestable provoca graves inconvenientes:   - incrementa el individualismo   - amortigua el espíritu de solidaridad   - rebaja el sentimiento de respeto a la autoridad de los padres   - dificulta la conservación de las tradiciones populares y domésticas, que contribuyen a la continuidad histórica de los pueblos.   Si hay una realidad cada vez más evidente en la sociedad contemporánea es la crisis de la familia, que se manifiesta sobre todo en el rechazo de valores tradicionales como la fidelidad conyugal o la misión educadora de los padres.  

Esta crisis, que  en esencia es una crisis de civilización, tiende a ser vista como resultado inevitable de una evolución socio-cultural, cuando, en realidad, es provocada por la acción de quienes profesan determinadas ideologías o integran grupos de presión. Por ejemplo, los proyectos de educación sexual que se han presentado en la Legislatura de Buenos Aires y en el Congreso, han sido preparadas por la Sociedad Gay-Lésbica, lo que explica las deformaciones que se pretende imponer, negando en la práctica el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. También existen teorías educativas que conducen a una dictadura de los niños, mediante un permisivismo que, muchas veces, diluye la primacía de los deberes de los padres. Respetar al niño no es consentir en su autodeterminación prematura, que no le corresponde ni está en condiciones psíquicas y espirituales de concretar.  La educación familiar también contribuye a la educación cívica, al transmitir el sentimiento del arraigo, el orgullo de la pertenencia a una tradición, el apego, respeto y defensa de los valores que hacen a la identidad nacional.

Cicerón llamaba a la familia “principio de la ciudad y semillero de la República”, pues de ella salen los hombres que deben dirigir sus destinos.  Como sostiene el sociólogo Kliksberg, la sociedad paga costos altísimos por el debilitamiento de las familias. La familia es fundamental para la formación afectiva, espiritual y emocional de los jóvenes. No son supuestos. Se ha verificado que el 50 % de su rendimiento escolar está ligado al grado de apoyo y estímulo del núcleo familiar. También es importante para difundir actitudes de salud pública preventiva.  La familia es también la más efectiva unidad preventiva del delito con que cuenta una sociedad. Si forma éticamente a los jóvenes a través del ejemplo, los apoya y controla, ello será de alta incidencia. Estudios realizados en distintos países indican que dos tercios de los delincuentes jóvenes vienen de familias desarticuladas. Asimismo, se ha comprobado que cuando los miembros de la familia comen juntos en forma regular se producen efectos favorables en los niños. Una comida cotidiana en la que se discute lo que pasa en el hogar, en el trabajo, en el país y en el mundo, y en la que los niños participan, ayuda a su futuro. Hay menos problemas de comportamiento, menos problemas internos, como depresión y ansiedad, y menos problemas externos, como agresiones y delincuencia.   

Felizmente, según una reciente encuesta efectuada por la agencia Gallup en nuestro país, para el 80 % de los argentinos, la familia fundada en el matrimonio es el eje sobre el cual debe organizarse la vida social. En la fidelidad a esa concepción del hogar como ámbito formativo que determina la educación y la orientación moral de las personas aparece expresado el espíritu de una sociedad firmemente decidida a conservar lo mejor de su tradición cultural y espiritual.  Por supuesto, la idea de la familia como célula básica de la sociedad remite, en principio, a una imagen teórica o abstracta del núcleo hogareño. Es sabido que entre ese modelo ideal y la experiencia concreta de todos los días existen, a menudo, distancias difíciles de salvar. Pero los modelos abstractos son síntesis culturales necesarias: la humanidad se vale de ellos para asegurar la conservación de ciertos valores y transmitirlos de generación en generación. La cultura opera siempre mediante visiones idealizadas de la realidad.  Por todo lo señalado, corresponde valorizar especialmente el rol que se atribuye a la familia, que se destaca hoy como un agente difícil de sustituir en la lucha contra la delincuencia y contra las desviaciones morales que llevan a los jóvenes a los abismos de la drogadicción o de la violencia. La contención familiar será siempre un aliado fundamental en el combate contra esos flagelos sociales, recurrentes y sombríos.  

Debemos destacar que el Foro Ético Mundial que acaba de realizarse en Méjico, resolvió gestionar ante las Naciones Unidas la declaración de la familia como Patrimonio de la Humanidad.   ¿Qué es la nación? Los símbolos que la representan: la bandera, el himno, el escudo, no expresan integralmente el concepto de nación o patria. La nación está asentada en un territorio, pero es más que eso. La nación son también los argentinos que viven en ese territorio, los argentinos que han muerto por ese territorio, y aquellos que en el futuro vivirán en él.  Por eso la nación es una familia grande. San Agustín decía: “Ama a tus padres y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria sólo a Dios”.  La nación esta integrada por nuestra familia y por todas las otras familias que están vinculadas entre sí, porque habitamos el mismo territorio, hablamos la misma lengua, compartimos una tradición común, tenemos una historia común, y compartimos un mismo destino. La nación es un agregado de familias.  Decíamos que la nación es algo más que el territorio, pero el territorio es para la nación, lo que es la casa para la familia. Aunque, actualmente, en este mundo moderno de los edificios de departamentos y de las torres, la casa se ha transformado en algo así como una máquina de vivir: un lugar de alojamiento transitorio donde se duerme y se come, y que no evita el sentimiento de desarraigo.  Cuando pensamos en el soporte físico de la nación, debemos pensar más bien en las casas de nuestros antepasados, donde la familia se aquerenciaba y que tenia historia en sus paredes, en sus plantas, en sus muebles; en esa casa que había sido habitada durante generaciones, en la cual se arraigaba profundamente una familia.

Decía León Degrelle: “hace falta haber sido nómada de los pisos anónimos, donde uno se sienta como en un tren, para conocer la pasión y la nostalgia del primero y el mejor de los paisajes, de ese marco de nuestro corazón que es nuestra casa.”  Así también debemos pensar cuando hablamos del territorio de la nación; de la base material en la cual se sustenta esta gran familia que todos nosotros constituimos.  Y decíamos que la nación no la integramos solamente los que estamos viviendo hoy; como expresara un poeta francés: la nación son los hombres y los muertos. Por eso la componen los predecesores, que establecieron los fundamentos de esta nación. Aquellos que formaron parte de los primeros regimientos que lograron la independencia de la Argentina y ayudaron a otros países hermanos a independizarse. Aquellos que habitaron los fortines para defender las fronteras de los malones, y los que tendieron cadenas sobre el Paraná para detener las tropas anglo-francesas en la Vuelta de Obligado.  Y, más tarde, también se agregaron a la nación quienes, habiendo nacido en otras tierras, vinieron a trabajar y se arraigaron, como lo están haciendo hoy miles de extranjeros, algunos venidos desde muy lejos -China, Corea, Rusia- pudiendo aquerenciarse en poco tiempo, precisamente porque la Argentina es una nación, con valores que atraen pues están desapareciendo en otros lugares: hospitalidad, tolerancia, solidaridad.  

Se ha definido a la nación como: “la porción de tierra donde un alma puede respirar”.  Por eso, los argentinos que hoy vivimos en este territorio, hemos recibido una herencia que debemos custodiar celosamente, para entregarla a nuestros descendientes. Esa herencia, que llamamos patria cuando miramos al pasado, pues es la tierra de los padres, y llamamos nación, cuando miramos al heredero. Hoy somos administradores de esa herencia, que no nos pertenece en propiedad, pues debemos transmitirla, sin malversarla.  Aunque en el futuro, algunos argentinos, indignos de ese nombre, prefirieran renunciar a vivir en una nación con identidad propia, para obtener los beneficios económicos derivados de subordinarse a una potencia, los demás tendríamos la obligación moral de oponernos.  El vínculo que nos une con la nación no es un contrato voluntario, es un sello indeleble que recibimos con el nacimiento. Así como no elegimos a los padres, tampoco elegimos la nación. Pero así como tenemos la obligación de amar a nuestros padres, también debemos amar a nuestra nación. Por encima de ese nivel, el amor al prójimo se diluye en fronteras lejanas. Mientras más se ama a la humanidad abstracta, se ama menos a los hombres en concreto. Ese es el riesgo que comienza a advertirse en la Argentina; se están aflojando los lazos que mantienen la cohesión social en un pueblo.

Cuando se pierde el sentido de pertenecer a una nación, esta se disgrega, desaparece la concordia y el sentido de la unidad.  Cuando una crisis se prolonga mucho tiempo, como ha ocurrido en nuestro país, surge la peor de las tentaciones, que es mucho peor que sufrir una derrota militar, una derrota externa: es la tentación de la derrota interna. Es la tentación del desaliento, de la desesperación, de pensar que no hay salida. La tentación de bajar los brazos y llegar a la conclusión de que no vale la pena luchar; la de rendirnos. Por eso nunca es más grande y fuerte un pueblo, que cuando conserva sus raíces que se hunden profundamente en el pasado. Un pueblo que reniega de su pasado, o lo desconoce, no tiene ningún porvenir en el futuro. Entonces, debemos mirar hacia ese pasado y al ejemplo de quienes nos precedieron, para pensar después en nuestro presente y para pensarlo sin desanimarnos, a pesar de todo y cueste lo que cueste.  Cuando Juan Pablo II era todavía Arzobispo, en Polonia -país que tuvo que padecer primero la invasión nazi y después largos años de tiranía comunista- afirmaba: “No nos desarraiguemos de nuestro pasado, no dejemos que éste nos sea arrancado del alma, es éste el contenido de nuestra identidad de hoy. No puede construirse el futuro más que sobre este fundamento. Que nadie se atreva a poner en tela de juicio nuestro amor a la patria. Que nadie se atreva.”  

 Para concluir, el rol de la mujer es insustituible en una nación vigorosa, que mantenga su identidad propia. Pero a su vez, cuando los integrantes de una nación renuncian a mantenerse independientes, la vida social asumirá rápidamente los criterios que estén de moda en las grandes potencias o sean difundidos por organismos internacionales. En ese caso, la mujer verá dificultado mantener el rol que le compete, según hemos detallado al comienzo. Esto significa que la nación quedará convertida en una colectividad amorfa, desgajada de sus raíces originales, y la mujer perderá la protección de una comunidad que la ayude a mantener su esencia. De allí que la relación mujer/nación es de la máxima importancia, y debería ser motivo de honda reflexión al cumplirse el segundo centenario de la Argentina.  

 Fuentes:  

-Klisksberg, Bernardo. “La familia en peligro”; La Nación, 6-1-06. 

 -Editorial “Familia, fundamentos de la sociedad”; La Nación, 21-1-06.  

-Barisani, Blas. “Apuntes para una historia de la familia”; Buenos Aires, Claretiana, 1998. 

 -Ezcurra, Alberto Ignacio P. “Sermones patrióticos”; Buenos Aires, Cruz y Fierro Editores, 1995.  

-Siebert, Marta. “La mujer en la problemática actual”; Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1996.  

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[Publicado en: Boletín Acción, Nº 87, 8-2-06]   

Ponencia:   “EFICACIA DEL GOBIERNO”  

Si entendemos a la eficacia como la correcta adecuación de los medios con los fines, resulta obvio señalar que ningún gobierno podrá lograr eficacia si no es parte integrante de un Estado, cuyo poder debe poner en acto y ejercicio.  Precisamente, el problema máximo de la Argentina es que carece de Estado, desaparecido en l970, lo que hace del gobierno un instrumento de acción errática, al servicio de los intereses particulares de quienes puedan lograr ocuparlo. La mayoría de los candidatos presidenciales manifiestan estar conscientes del problema, y anuncian la refundación del Estado. Pero no resultará fácil volver a articular el nuevo Estado con su brazo operativo, el gobierno.   

Decía Finner que el gobierno es “política más administración”,  y en la Argentina, están distorsionados ambos elementos. El funcionamiento óptimo del sector público solo será posible si, paralelamente, se modifica el sistema político, actualmente monopolizado indebidamente por los partidos, a tenor del Art. 38 de la Constitución Nacional. La partidocracia conlleva dos vicios: la necesidad de propaganda, conduce al financiamiento espúreo, teñido de corrupción; la necesidad de punteros para el encuadramiento de los simpatizantes para asegurar los votos, conduce al clientelismo. Clientelismo y corrupción, convierten la República en una cleptocracia, que además es ineficaz  para brindar los mínimos servicios que se espera de la autoridad pública.   En esta oportunidad, nos interesa abocarnos al segundo elemento del gobierno, la administración. Durante varias décadas se insistió en señalar como principal obstáculo para el desarrollo del país a la burocracia, entendida como exceso de personal poco capacitado.

Pero ocurre que en la última década se suprimieron alrededor de 800.000 cargos en la Administración Nacional, además de transferirse a la actividad privada la casi totalidad de empresas estatales, sin que se advierta un mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por organismos públicos.  La explicación es simple, en la Argentina sigue vigente el sistema de despojos -spoil system- que los países avanzados eliminaron hace ya un siglo. Nos referimos a la práctica de distribuir los cargos administrativos del sector público entre los partidarios y amigos del gobierno de turno. Los argumentos con que se pretendió justificar la necesidad de que los cargos de la Administración sean cubiertos con criterio político, son los siguientes:   -El partido que accede al poder necesita que los funcionarios sean personas de su confianza, para poder cumplir con los programas partidarios, sin peligro de sabotajes.  

-La existencia de un cuerpo de funcionarios permanentes, puede degenerar en una casta, oligárquica e irresponsable.  

-Los partidos políticos en el sistema democrático, deben poder “recompensar” con los cargos públicos; de lo contrario, no podrían lograr el apoyo activo de suficientes personas.   

La experiencia centenaria de muchos países demuestran las ventajas del sistema de mérito, según el cual cada cargo debe ser ocupado por la persona más idónea, a saber:  l)  Asegura mayor garantía de imparcialidad a la actividad de la administración pública.  2) Aumenta considerablemente la eficacia de la Administración, al seleccionar a sus empleados por sus aptitudes, y permite que, con la continuidad, obtengan una experiencia sumamente valiosa.  3) Aprovecha el talento de los mejores ciudadanos, al permitir que ingresen todos los que desean hacerlo, sin prejuicios partidistas.  4) Contribuye a lograr que el cuerpo administrativo, adquiera un espíritu de cuerpo, proclive al mejoramiento permanente del servicio y a desterrar la corrupción.   

Los argumentos contrarios al sistema de mérito no tienen consistencia;  a) No es fácil encontrar, al menos para los cargos superiores, personas que sean, además de políticamente confiables, suficientemente preparadas, y que puedan, asimismo, abandonar sus negocios o profesiones, para ocupar un cargo público, sabiendo que sólo permanecerán en él dos o cuatro años.  b) La teoría de que un partido sólo puede funcionar si sus partidarios mantienen la esperanza del botín político, es la supervivencia de otra teoría, que sostenía que únicamente podía armar un ejército quien ofreciera buenas perspectivas de pillaje.   

En la Administración Pública Nacional, se promulgó el primer Estatuto del Empleado Público en l957, año en que se incorporó también a la Constitución Nacional, el Art. l4 bis, que reconoce a los agentes del Estado el derecho a la estabilidad. Desde entonces, se fueron añadiendo algunas normas que configurarían una carrera administrativa. Pero, puede afirmarse que no existe aún un verdadero Servicio Civil, basado en el sistema de mérito, que garantice integralmente que el ingreso y promoción de los empleados no estarán supeditados a la voluntad discrecional de las autoridades políticas. Es cierto que desde al año l980, en virtud de la Ley 22.l40, se adoptó formalmente la denominación de “Servicio Civil de la Nación” para encuadrar a la mayor parte de personal de la Administración Nacional, pero no se han implementado los aspectos substanciales que hacen a la carrera administrativa.

La única excepción es el SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), escalafón que comprende a 30.000 agentes, es decir un l0% del total de la dotación de personal. Pero aún con referencia a este sector minoritario, la evaluación efectuada por el propio Instituto Nacional de la Administración  Pública, es negativa:   “Muchos funcionarios políticos persisten en no distinguir las funciones políticas de las técnicas y profesionales”. (...) El uso perverso del sistema ha causado descreimiento y desaliento entre quienes creyeron que constituiría una vía legítima para la incorporación de gerentes con algún grado de competencia.” [1]    Como una vez establecido el nuevo escalafón, nadie se ha atrevido a modificarlo, sencillamente se lo complementa con designaciones por contrato, que equivalen a un tercio de los cargos del SINAPA, y con mayores sueldos.[2]   

 La reducción del sector público argentino -que, de todos modos, nunca tuvo una dimensión exagerada- es ilusoria, pues  la disminución de la dotación del orden federal, se compensó con el incremento paralelo de los cargos en las provincias y municipios. El verdadero “costo de la política”, tan meneado últimamente, no se debe a la cantidad de cargos electivos, sino a las designaciones directas realizadas por gobernantes y legisladores, en cargos de planta permanente, que deberían ser cubiertos por concurso.

El actual Canciller, Dr. Carlos Ruckauf, estimó en el orden de las 300.000 personas a quienes están incluidas en esta categoría (La Primera, 38-4-0l). Esta es la causa de fondo de la ineficiencia del gobierno y de la indisciplina y abulia del personal. Para visualizar la magnitud del problema, recordemos que el total de cargos públicos que puede cubrir el gobierno de Francia es de 300, cifra que se reduce en Japón a 24; todos los demás cargos se cubren con personal de carrera. Por eso, toda reforma política estará incompleta si no incluye la estricta distinción legal entre cargos de nivel político y cargos de nivel administrativo. Los primeros no debería superar el l% del total de cargos detallados en el Presupuesto, y todos los demás, cubiertos en base al sistema de mérito.   

Organización administrativa   

No podemos dejar de referirnos a la contracara de la eficacia, que es la eficiencia: óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles, al menor costo. Y en este sentido, afirmamos que la mayoría de los defectos que se le imputan a la administración pública argentina, pueden resolverse con un buen sistema de organización. Para ello, es esencial comprender que la actividad administrativa del gobierno es muy específica. Los resultados de la gestión administrativa estatal no se pueden evaluar exclusivamente en términos monetarios, ni en horas-hombre. El tiempo que demora un policía en detener un delincuente depende de factores ajenos a la eficiencia con que trabaje, y los gastos de una seccional de policía no varían en proporción al éxito alcanzado.

Es muy común querer comparar el funcionamiento de las reparticiones oficiales con las empresas privadas, lo que constituye un desatino. Esto no significa, por cierto, que el gobierno esté condenado a ser ineficiente. Es argumento común, sostener que un organismo público puede darse el lujo de producir déficit pues el Estado lo respalda y no corre el riesgo de entrar en quiebra como ocurre con la actividad privada. Ese razonamiento omite que la mayoría de las empresas privadas están conducidas por gerentes, que no son dueños del capital y por lo tanto, en caso de que la empresa quiebre, no serán ellos los principales perjudicados. Y por supuesto que si la mala administración de un organismo público obedece a negligencia o deshonestidad de los funcionarios, el Estado puede ser mucho más severo con ellos que una asamblea de accionistas con sus gerentes, pudiéndose prever en la legislación las penas que correspondan en dichos casos.   

Ya señalamos que, pese a que el Gobierno Nacional se desprendió de la casi totalidad de empresas públicas, no ha sido solucionado el problema principal que consiste en lograr la eficacia y eficiencia de los organismos de la administración central, aquellos de que el Estado no puede prescindir. Y es aquí donde sorprende la ausencia prolongada de medidas coherentes, que procuren revertir la situación actual. Los defectos existentes pueden ser corregidos con un programa serio de Reforma Administrativa. Todos los gobiernos, desde l976, han intentado y anunciado múltiples programas. Pero la falta de consistencia de las declaraciones o expresiones de deseo en este campo quedan en evidencia, si se parte de un axioma básico: no puede haber reforma sin reformadores. Al enfocarse la reforma con acentuación del ajuste económico, se dejó en manos de especialistas en finanzas y no en administración. Los mismos organismos internacionales reconocen que: “los procedimientos que se siguieron para reducir el gasto público perjudicaron en muchos casos la consecución de otros objetivos, como la mejora de la eficacia, la modernización de la organización, el mejor uso de los recursos humanos y una prestación más equitativa y productiva de los servicios.”[3] 

 En realidad, en materia del perfeccionamiento administrativo, los reformadores deben ser, fundamentalmente, los denominados “Analistas de Organización y Métodos”, dedicados al estudio permanente de los problemas administrativos del gobierno, mediante una metodología basada en la ciencia de la administración y sus técnicas conexas, con el objeto de diagnosticar las causas de las dificultades y proponer las soluciones, tendiendo al perfeccionamiento continuo de la Administración  Pública.  La mayoría de los países han reconocido la importancia de esta actividad y han creado unidades de Organización y Métodos (O y M).[4]  En la Argentina, comenzó a utilizase este instrumento de gestión en l958, pero desde hace ya un cuarto de siglo se lo descartó, para ser reemplazado por el trabajo de consultoras externas.   

Pautas para una reforma integral de la Administración  Pública   

Nos interesa destacar ahora los aspectos fundamentales de los que depende el resultado de cualquier programa de reforma. Consideramos que lo más importante no es el contenido de un programa sino su teleología y la estrategia diseñada para aplicarlo. Cuando no existe claridad conceptual sobre los objetivos, de poco servirá un conjunto de buenos instrumentos técnicos.  Todo intento serio de reforma debe elegir entre enfoques polares diferentes. Consideramos fundamental, y previo a cualquier otra consideración. decidir sobre cuatro pares de alternativas o grupos polares de enfoques. Las decisiones que se adopten configurarán un modelo estratégico, sobre la base del cual podrá entonces formularse un programa. 

 l. Sistema de mérito o favoritismo   

 La decisión que se adopte en este grupo polar condicionará todo lo que se intente a posteriori. Ningún servicio civil eficaz puede prescindir del sistema de mérito. Cuando se manifiesta admiración por el progreso de un país como Japón, por ejemplo, se ignora o se olvida que el primer ministro japonés puede nombrar únicamente a veinte ministros y cuatro asesores. Todos los demás cargos se cubren por concurso. [5] 

 2. Concentración o parcialización en el manejo de la función pública  

La única garantía de éxito de un programa de reforma es que sea diseñado y coordinado por un sólo organismo. Sin perjuicio de las necesarias desconcentración en la ejecución y participación activa de todos los organismos, es imprescindible concentrar en una sola unidad orgánica la conducción normativa sobre: programación presupuestaria, personal, organización y métodos, informática, capacitación y recursos materiales. Ese organismo -que puede ser la actual Secretaría de la Función Pública- debe coordinar el proceso de perfeccionamiento administrativo con un criterio global e interdisciplinario, evitando las soluciones parciales que a menudo sólo contribuyen a acrecentar las deformaciones. 

 3. Conducción de la reforma administrativa por especialistas del gobierno o por consultores externos  

La reforma administrativa es definida por la CEPAL como un proceso permanente; de allí que su conducción deba estar a cargo de especialistas integrantes del propio gobierno, identificados con un proyecto político y auxiliados por personal permanente, no por consultores externos. Algunos expertos podrán ser contratados para colaborar en rubros específicos, pero es un grave error confiarles la dirección de una actividad tan delicada. Para el intento de reforma que impulsó el gobierno del Presidente Menem, se contrató a tres consultoras: Arthur Andersen, Mc Kinsey y Egon Zehnder, que cobraron 500.000 dólares mensuales, pese a que dicho equipo “no es especializado en temas administrativos estatales”. (Clarín, l7-03-9l)

Estimamos que una reforma basada sobre estudios de expertos ajenos a la administración sólo puede implantarse por vía coercitiva, generando automáticamente la resistencia del personal de carrera. A la inversa, cuando el estudio es realizado por personal permanente la resistencia es menor e incluso aumenta la probabilidad del éxito.  

4. Administración Pública: compartimentada o integrada a un sistema   Suponiendo que una reforma administrativa tuviese éxito en el orden nacional, quedaría inconclusa la reforma integral del sector público argentino, puesto que los otros dos niveles -provincial y municipal- representan la otra mitad del mismo, con más de un millón de empleados. Por eso, debe revitalizarse el Consejo Federal de la Función Pública, hoy inactivo, con atribuciones para recomendar la adopción de normas, sistemas y procedimientos uniformes, coordinando la actividad administrativa de los tres niveles de gobierno.   En conclusión, mientras no se encare con seriedad el problema de la eficacia del gobierno, la Argentina no logrará superar su grave crisis y continuará navegando sin rumbo, por carecer de una brújula que le marque su destino.     

Córdoba, marzo l2 de 2003.-  Mario Meneghini      

BIBLIOGRAFIA     

- Instituto Nacional de Administración Pública. Boletín “Temas”, Nº l7, junio de l999, 58 pgs.  -

 Fundación Unión. “Cuadernos de Investigación”; Nº l, octubre de l999, 67 pgs.  

- Organización Internacional del Trabajo. “La incidencia del ajuste estructural en los servicios públicos (eficacia, mejoramiento de la calidad y condiciones de trabajo); Ginebra, l995, l02 pgs.  

- Naciones Unidas. “Manual de Mejoramiento de la gestión en la Administración Pública”; Nueva York, l980, 7l pgs.  

- Meneghini, Mario. “El intento actual de Reforma Administrativa”; Revista “Civilidad”; Nº 26, julio/setiembre de l99l,  pgs. 36/41.    

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[1]  INAP (l999), p. l8.  

[2]  Fundación Unión (l999), p. 24: “El problema adicional radica en que muy pocas veces los directivos establecen algún mecanismo compensatorio de las diferencias salariales existentes entre los miembros de la planta permanente y los que están sujetos a contrato que desempeñan tareas equivalentes.” 

[3]  OIT (l995), p. 7l.  

[4] Cfr. Naciones Unidas (l980). 

[5]  Cfr. Meneghini (l99l), p. 40.    

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE EL PROYECTO NACIONAL 

 Ponencia presentada en la Jornada sobre “Proyecto Nacional y el futuro argentino”, en Córdoba, 3l-3-03.   

Desde hace treinta años se menciona frecuentemente el tema del proyecto nacional, aludido como un elemento imprescindible para superar la crisis argentina, y se alega que la carencia del mismo es uno de los factores de dicha crisis. Sin embargo, son escasas las propuestas  realizadas en orden a la elaboración de un proyecto concreto. Es posible que haya algunos trabajos que no conozcamos, pero los que han trascendido, son únicamente los diez que detallamos en el Anexo. Es que una de las constantes de la historia política argentina  ha sido la de confiar los asuntos públicos a personas que, más allá de sus buenas intenciones y de su honestidad -en el mejor de los casos- no estaban preparadas para la ardua función de gobernar. En especial - como ya lo acotó Alejandro Bunge, a principios del siglo 20- nunca se dispuso de información estadística suficiente para la confección de diagnósticos completos y confiables.

Como la diagnosis es la primera etapa del planeamiento, es fácil deducir la improvisación con que se ha actuado. En realidad, el planeamiento como instrumento de gobierno dejó de utilizarse en l970 en el sector público federal.  Ahora bien, lo que acotamos al principio es algo más grave; que ni siquiera desde la sociedad -academias, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, etcétera- haya habido interés en el estudio del tema que nos ocupa. La situación descripta explica la confusión conceptual en que se incurre al abordar la cuestión del proyecto nacional. Por eso, nos interesa tratar de desbrozar los aspectos de fondo que implica encarar la elaboración de un proyecto.  

La expresión “proyecto nacional” ha sido definida como: “un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y distribución de responsabilidades, conocido, aprehendido, consentido y aceptado por la colectividad o por su mayoría efectiva y políticamente significativa y perdurable, las cuales se sienten entonces identificadas con él.”[1] Hay quienes cuestionan la expresión misma, pues equiparan proyecto nacional con planeamiento y consideran que “el planeamiento a escala nacional de todas las esferas de gobierno incurre en utopismo.”[2] Ortega y Gasset, explicaba que: “En vez de ajustar el pensamiento a lo que son las cosas el utopismo supone que la realidad se ajusta al perfil abstracto, formalista, que abandonado a sí mismo dibuja el intelecto.” (Obras Completas)

Creemos que hay un enfoque exagerado en ésta  evaluación del planeamiento e injusto en confundirlo con el utopismo, a menos que se postule el planeamiento como imposición de un  Estado totalitario, que pretenda cambiar la realidad por motivos ideológicos, desconociendo la esencia de las cosas. Por otra parte, Santo Tomás aclara que  por muy imprevisible que en esencia sea la conducta humana, nada es tan contingente que no tenga en sí una parte de necesidad. (S.Th. l, 86,3) Por eso, opinaba el Card. Richelieu: “La naturaleza de los asuntos del Estado requiere que quien está dedicado a ellos medite a menudo para prever lo que puede ocurrir y trace unos planes que permitan que lo presente esté articulado a lo porvenir sin quebranto alguno.”[3]  En la misma dirección, Pierre Masse, que ocupó el cargo de Comisario del Plan, en Francia, reflexionaba  de esta manera:    “La civilización ha sido siempre reductora de incertidumbres o ... creadora de antiazar.   (...)   Se trata de proporcionarle a un gobierno elementos de decisión que le permitan hacer frente a la incertidumbre  por la acción. No se trata de adivinar el porvenir, sino de contribuir a construirlo. (...) La elección supone así un arbitraje entre lo deseable y lo probable o, para decirlo de otra manera, entre la abundancia y la seguridad. (...) Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad.” [4] 

 Si analizamos los antecedentes argentinos, comprobamos que existen notables coincidencias en todos los documentos citados; en especial, en los dos que fueron impulsados desde el Estado. En efecto, tanto el  generado desde el Ministerio de Planeamiento (l977), como el que fuera leído por el Presidente ante la Asamblea Legislativa, tres años antes, parten de una cosmovisión  similar. Aluden a una cultura “cuyos valores fundamentales reconocen como fuente el acervo religioso y moral del Cristianismo, el saber filosófico de la Grecia clásica y la tradición político-jurídica de la antigua Roma”. [5] 

 Los Principios básicos sostienen que:[6] 

 -El hombre es una persona, creada por Dios, dotada de cuerpo y alma, y poseedora de un destino trascendente. 

 -El hombre no se basta a sí mismo, sino que necesita de la sociedad. Esta es una pluralidad de personas unidas moralmente de manera estable para la consecución de un bien común. La sociedad humana es una sociedad de sociedades. 

 -La primera de esas sociedades naturales es la familia. Su constitución y su desarrollo responden -como los derechos humanos- a leyes naturales anteriores a toda organización social.  

-Más allá de la familia, las necesidades, intereses y aspiraciones de tipo económico, social, cultural o religioso impulsan al hombre a agruparse en sociedades intermedias, con el fin de defender y promover bienes comunes particulares. 

 -La historia y la geografía crean, sobre la base de las familias asentadas en un territorio, una comunidad étnica y ética, la Nación, fundada en la lengua, la historia, la cultura, las costumbres y las aspiraciones comunes. Es una comunidad de destino en lo universal. 

 -Sin confundirse con la Nación, la sociedad,  territorialmente delimitada, crea un órgano especializado en el mando que es el Estado, destinado a regir dicha sociedad.   

No podemos dejar de señalar una contradicción notoria, en que se incurre cuando, al par de sostener los principios detallados, se manifiesta que el único proyecto nacional que tuvo la Argentina fue el de la generación de l880.  En primer lugar, el supuesto “agotamiento” de dicho proyecto no fue otra cosa que la cronológica verificación de una política errónea, que podríamos analogar con lo ocurrido en la última década con la “convertibilidad”. Nadie puede negar que se lograron progresos materiales, “pero no hacer de la Argentina una gran nación. Y no porque sus planes fracasaron, sino porque sus propósitos no apuntaban tanto a la grandeza política como a la perfección sociológica e institucional”.[7] No faltaron sin embargo advertencias de lo que ocurriría, como la de Vicente Fidel López, que escribió en la Revista del Río de la Plata: “Somos dependientes del comercio extranjero y de las comisiones que lo agilitan: nuestra producción, es decir nuestra materia prima, que es lo único que la constituye, depende necesariamente de la demanda de los mercados extranjeros. Ellos nos fijan la línea a que puede llegar. Ellos nos tienen bajo su tutela despótica”.[8] 

 Pero, además, y esto es mucho más grave, los fundamentos ideológicos de la generación del 80 son opuestos a los principios antes expuestos, e impulsaron un intento deliberado de reemplazo de nuestra raíz cultural cristiana por otra basada en el positivismo y el utilitarismo. En efecto, se sancionaron, entre otras, leyes de registro civil, de matrimonio y de educación laica. Esta última -Nº l420-, provocó la oposición del Nuncio Apostólico, Mons. Matera,  que fue expulsado del país por el gobierno. Ni los masones Mitre y Sarmiento llegaron tan lejos.   

Creemos que ambos documentos citados, así como las Políticas Nacionales, aprobadas en el año l970, son antecedentes valiosos. No obstante, al haber transcurrido un cuarto de siglo es imprescindible actualizarlos y, sobre todo, hacerlos operativos, puesto que nunca tuvieron incidencia en la realidad. Por otra parte, además del marco conceptual, hasta ahora comentado, debe contener un modelo “las líneas directrices o ideas rectoras, en función de las cuales se fijarán los objetivos políticos, sociales, económicos y  culturales, y se diseñarán las respectivas estrategias.” [9] 

 En el ámbito económico, todo proyecto nacional debe definir criterios para una serie de objetivos susceptibles de ser optimizados:  -Ritmo de crecimiento; exteriorizado en la tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto real.  -Nivel de distribución por tramos de ingreso de las familias y por regiones; exteriorizados en los respectivos coeficientes de desigualdad en la distribución.  -Estructura nacional/exterior de la capacidad de decisión, exteriorizada en la alícuota de propiedad nacional en la propiedad total de las decisiones significativas y dominantes.  -Grado de difusión de la propiedad nacional exteriorizada en un coeficiente de desigualdad en la distribución de dicha propiedad.  Se entiende que, no pudiendo ser optimizados todos estos objetivos a la vez, uno de ellos debe ser escogido para tal propósito, entrando los demás a ser restricciones.

Entre los criterios a ser tenidos en cuenta, deben elegirse los que permitan: una tasa de expansión que lleve a satisfacer expectativas sociales; generar suficiente nivel de empleo para mantener la tasa de desempleo por debajo de cierta cuota; lograr cierto coeficiente de aprovechamiento de la capacidad de generar ingreso de la economía en su conjunto; y alcanzar cierto grado de suficiencia en la generación de ahorro nacional para autofinanciar sustantivamente el crecimiento a largo plazo.[10]   Una de las contribuciones que puede brindar un proyecto nacional en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, es compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural.  Puesto que: “El hombre es el único ser de la Creación que necesita “habitar” para realizar acabadamente su esencia. El animal construye una guarida transitoria, pero aquél instaura una morada en la tierra: eso es la Patria.”[11]

De allí que no haya “contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca.[12]   

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE  “PROYECTO NACIONAL”  

Ordenados por fecha de publicación  

1) Villegas, Osiris. “Políticas y estrategias para el Desarrollo y la Seguridad Nacional”; Buenos Aires, De. Pleamar, l969, 285 pgs.  

2) Villegas, Osiris. “El Proyecto Nacional”; Separata, Revista Militar nº 691 (s/f), pgs. l45/l60. 

 3) Junta de Comandantes en Jefe. “Políticas Nacionales”, Decreto Nacional Nº 46/70.  

4) Monti, Ángel. “Proyecto Nacional”;  Buenos Aires, Ed. Paidos, l972, 293 pgs. 

 5) Perón, Juan Domingo. “El Proyecto Nacional” (Modelo Argentino); Buenos Aires, Ed. El Cid, l986, 150 pgs.  

6) Fundación Argentina Año 2000 -Centros de Estudios Prospectivos. “Proyecto Nacional. Síntesis”; Buenos Aires, 1974, l6 pgs.  

7) Guevara, Francisco. “Proyecto XXI”; Buenos Aires, Edit. Ancora, l975, 238 pgs.  

8) Ministerio de Planeamiento de la Nación. “Proyecto Nacional”; Buenos Aires, l977, 83 pgs. (síntesis).  

9) Arguindegui, Jorge Hugo. “La nueva República. Pautas para un Proyecto Nacional”; Buenos  Aires, l986, 36 pgs.  

10) Seineldin, Mohamed Alí. “Bases para un Proyecto Nacional”; Buenos Aires,1990, 32 pgs.   

BIBLIOGRAFIA   

* Diaz Araujo, Enrique -Pithod, Abelardo - Randle, Patricio H. “Planeamiento y Nación”; OIKOS, Buenos Aires, l979, 191 pgs.  

* Massé, Pierre. “El Plan o el antiazar”; Barcelona, Edit. Labor, l968, l72 pgs.  

* Irazusta, Julio. “La generación del 80”; Buenos Aires, Ed. Docencia, l98l, 59 pgs.   

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[1]  Monti (l972), p. l2.

 [2]  Diaz Araujo y otros (l979), p. 24.

 [3]  cit. p. Masse (l968), p. 99.

 [4]  Masse (l968), p. 20, 27, 37. 

[5]  Proyecto Nacional (l977), p. 7. Modelo Argentino (l974), p. l35/l36. 

[6]  Proyecto Nacional (l977), p. 9/10. Modelo Argentino (l974), p. 72/92. 

[7]  Irazusta (l98l), p. 7. 

[8]  cit. p. Irazusta (l98l), p. 37. 

[9]  Osiris Villegas (s/f), p. l52. 

[10]  Monti (l972), p. l6/17. 

[11]  Modelo Argentino (l974), p. l46. [

12]  Modelo Argentino (l974), p. l47.     

Investigan fraudes al Estado por más de $ 7.000 millones  

“Fraudes impositivos multimillonarios, coimas a funcionarios, estafas bancarias a clientes y al Estado, compras sobrevaluadas, enriquecimiento ilícito. Son cientos de delitos de corrupción económica que la Justicia está investigando -o eso debería- y podrían representar para el Estado una pérdida de, como mínimo, 7.000 millones de pesos.”  “El cálculo oficial del costo de la corrupción y los fraudes económicos contra el Estado es limitado porque la base de datos aún no está completa, pero es la primera aproximación que se hace en el país desde un organismo público. El relevamiento fue ordenado por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y se terminó de elaborar en diciembre del año pasado.”  

“La legislación actual no permite recuperar los fondos bajo investigación hasta que no haya una sentencia judicial condenando a los acusados. El problema es que llegar a esa instancia se hace difícil en la Justicia argentina, donde el índice de condenas en procesos penales es del 1,1 por ciento, según las últimas estadísticas de la Procuración General. Es decir, que se llega a condena en apenas uno de cada cien casos analizados.  Ese índice se convierte en excepcional o casi nulo en las causas complejas y de corrupción, donde hubo una única condena en los últimos cinco años, contra María Julia Alsogaray, por enriquecimiento ilícito. Mucho más corriente es lo que ocurrió el martes pasado, cuando el juez federal Norberto Oyarbide absolvió al empresario y conductor Gerardo Sofovich por sus desmanejos al frente del canal estatal ATC durante el menemismo. Oyarbide comprobó que durante la gestión de Sofovich se habían esfumado 8 millones de dólares, pero aseguró que después de 14 años de investigación, no había podido probar su culpabilidad.” 

 “Aunque lo que se podría hacer con los 8.460 millones bajo investigación es un juego de ficción, sirve para darse una idea de la dimensión del fenómeno: equivale ocho veces al presupuesto total del Poder Judicial que investiga estos delitos; casi el triple de lo que invierte al año el Ministerio de Desarrollo Social con sus planes de asistencia para dos millones de desocupados.”  

(Clarín, 9-4-06) [DP 83, 17-4-06]    

 El Presupuesto no se revisa desde 1994 

“¿Cómo gasta el Estado? ¿Cumple con lo que estipula el presupuesto anual o ejecuta las partidas a su antojo? Imposible saberlo: desde hace más de una década el órgano a cargo de ese control, el Congreso, no debate las ejecuciones de los sucesivos presupuestos, llamadas cuentas de inversión.  Nunca en la historia de nuestro país había sucedido una demora semejante según los anales del Congreso. 

 Basta un ejemplo para dimensionar la gravedad del problema. De acuerdo con la cuenta de inversión 2004 que envió la Contaduría de la Nación al Congreso, el Estado aumentó ese año la friolera de 10.000 millones de pesos el total de sus gastos respecto del presupuesto original. ¿Qué hizo con todos esos recursos adicionales? Los reasignó hacia distintos fines, ya sea por medio de decisiones administrativas del jefe de Gabinete o bien por decretos de necesidad y urgencia. ¿Los hizo conforme a la ley, o hubo irregularidades en estas reasignaciones? Para saberlo, el Congreso debería revisar este mismo año esa cuenta de inversión, pero con la demora de más de 10 años que hay en el control de las ejecuciones presupuestarias esto suena a utopía.  

La última cuenta de inversión que se sancionó data de 1993. El Senado luego aprobó las tres subsiguientes (94, 95 y 96), pero la Cámara de Diputados se rehusó a tratarlas. No hay que ser demasiado perspicaz para averiguar la razón: se trata del período más controvertido de la gestión del ex presidente Carlos Menem, sobre todo 1994, cuando se concretaron algunas de las privatizaciones de servicios públicos.  Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, en 2003, aquellas controvertidas cuentas de inversión estaban en el temario de la Cámara baja para su debate. La oposición anticipó su rechazo y puso en aprietos al flamante oficialismo: si las rechazaba, podía originar un pleito jurídico de alcances impredecibles, pero si las aprobaba, el Presidente iba a aparecer avalando las cuentas de su adversario.  La decisión que se tomó fue no tomar ninguna decisión. El oficialismo miró para un costado y las cuentas de inversión están demoradas en algún cajón, actuando como verdadero tapón de las siguientes. Fue el camino menos costoso políticamente, aunque no así en términos institucionales. 

 Pocos legisladores en el Congreso dimensionan la envergadura de una cuenta de inversión. Tal vez por eso la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de revisar estos informes, como también todos aquellos relevamientos que realiza la Auditoría General de la Nación (AGN), pasa más que inadvertida.”  “Pese a las versiones optimistas de los distintos responsables, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que sigue con lupa la labor de la Comisión Mixta, es lapidaria. La comisión legislativa no tiene plazos para el control, lo que le resta efectividad. Además, está integrada en su mayoría por el PJ, lo que significa que el controlante es del mismo signo político que el controlado, advierte.”    (La Nación, 20-9-05)   Denuncian fallas en el control del Estado“Los organismos que deben controlar al Estado funcionan mal, en algunos casos no tienen independencia del poder político, carecen de presupuesto o, directamente, no cuentan con las herramientas necesarias para actuar.  Esa es la opinión de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), como Poder Ciudadano, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro Social para la Transparencia, entre otras, que fueron consultadas por LA NACIÓN.”  

“Cometer un delito o actuar en forma perjudicial para el Estado en cualquiera de los cientos de miles de oficinas de la Administración Pública Nacional y no ser detectado no resulta hoy una tarea de especial dificultad. Esto es así no sólo por la enorme cantidad de decisiones que miles de funcionarios -de alta y baja jerarquía- toman a diario, sino también por las deficiencias en el sistema de control.  Las principales debilidades de los organismos encargados de esa tarea son la falta de cooperación entre sí, la excesiva injerencia de cuestiones políticas, la fragilidad institucional, la escasez de presupuesto y de personal y los problemas normativos, de acuerdo con el diagnóstico de organizaciones civiles que trabajan por la transparencia y de funcionarios de esas dependencias consultadas por LA NACIÓN.”  “A la vez, sigue sin conformarse la Comisión Nacional de Ética Pública, creada por ley en 1999 para vigilar el comportamiento y patrimonio de funcionarios de los tres poderes.  La necesidad de fortalecer los órganos de control no es nueva: fue la recomendación que hizo hace dos años un comité de expertos encargados de verificar el cumplimiento en el país de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. En el documento final, se instó a la Argentina a “tomar medidas tales como mecanismos públicos transparentes de selección, designación y remoción de los funcionarios [de los organismos de control superior], mayor autonomía de las unidades de auditoría interna y autarquía de la OA [Oficina Anticorrupción]”.  “El problema de los entes de control es cómo despolitizar su actividad. Si no se logra, existe la posibilidad de que el partido de turno utilice al Estado con fines políticos o electorales, como puede estar pasando con los planes sociales o con los excedentes presupuestarios”, dijo a LA NACIÓN Cristián Gruenberg, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).”

(La Nación, 19-9-05)  

El Congreso demora un tratado

“La Convención Internacional contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sumó esta semana, con la ratificación de Ecuador, las treinta adhesiones que necesitaba para poder entrar en vigor. Así, el 14 de diciembre próximo, cuando se cumplan los 90 días reglamentarios, empezará a regir esta nueva dependencia de las Naciones Unidas.  Desde su aprobación, en diciembre de 2003, fueron 118 los Estados signatarios de la convención, de acuerdo con la 0NU. La Argentina es uno de ellos, pero el Poder Legislativo aún no la ratificó por ley, por lo que no está en condiciones de someter al país a las decisiones de esa oficina por estrenarse.” 

 “La convención apunta a fortalecer los mecanismos legales de cada uno de los países miembros para luchar contra la corrupción y establece un sistema de cooperación internacional y asistencia mutua para combatir el lavado de dinero. Así, por ejemplo, todos los países se comprometen a inmovilizar los fondos que estén en su territorio y sean fruto de delitos de corrupción cometidos en otros Estados signatarios de la convención.” 

(La Nación, 19-9-05)  

El Estado 

 Mariano Grondona   

“Sean verdaderas o no, lo cierto es que las ideas gobiernan el mundo. Cuando son claras y distintas, dan lugar a estrategias coherentes. Cuando no lo son, generan la Babel de las frustraciones. Estas reflexiones vienen a cuento porque, de los muertos de Cromagnon a las valijas de Southern Winds, diversos indicios nos están diciendo que los argentinos no tenemos una idea clara y distinta del Estado. Esta falencia, al parecer puramente intelectual, le está acarreando, sin embargo, las peores consecuencias prácticas, las más graves conmociones, a nuestra atribulada sociedad. Basta nuestra historia reciente para comprobarlo.” 

 “Cada cual desde su propia óptica, pues, Alfonsín y Menem probaron hasta donde podía llegar una idea falsa del Estado.  ¿En qué consistía esta idea que ambos aprobaban desde opuestos ángulos? En que el Estado es, por lo pronto, gestión. Alfonsín probó, al aceptarla, hasta qué abismo puede llegar un país sometido casi totalmente a la gestión del Estado. Menem extrajo del fracaso de Alfonsín una consecuencia aparentemente lógica: si la Argentina se había hundido porque el Estado la gestionaba íntegramente, habría que recurrir a las empresas privadas para que fueran ellas las que la gestionaran, también íntegramente.  Pero los años finales de Menem también fueron los de un alto desempleo, una profunda recesión y un endeudamiento insostenible por que el sucesor de Alfonsín pensaba, como él, que el Estado es gestión. Si la causa de nuestros males había sido entonces la gestión estatal de la economía o estatismo, la solución sería dejarlo al Estado sin gestión. Pero ésta no fue tampoco la solución, por el Estado no es gestión.  

¿Qué es el Estado entonces? ¿Cuál es la idea clara y distinta que nos permitiría reubicarlo como un factor positivo de nuestra vida en común? Esta otra: que el Estado no es gestión sino control. En tiempos de Menem, si bien el Estado dejó de gestionar nuestra economía, no por eso controló la actividad privada. Al dejar de gestionar, también dejo de preocuparse por aquello que no gestionaba, desde los servicios públicos hasta la salud o la educación.  El cerebro no realiza directamente las funciones corporales. No es mano ni pie, pulmón ni corazón. Pero controla, a cambio, todas las funciones corporales. Decimos que una persona está descerebrada cuando ha perdido el control. Lo que estamos viendo y padeciendo es una Argentina descerebrada. Una Argentina ni estatista como en tiempos de Alfonsín ni privatista como en tiempos de Menem. Simplemente, una Argentina sin Estado. Una Argentina a-estatal.”  

 “En su último libro “La construcción del Estado” (State building, Cornell University Press, 2004), Francis Fukuyama distingue dos aspectos del Estado. Uno, al que llama fuerza (strenght), tiene que ver con la capacidad del Estado para cumplir sus funciones de control. El otro, al que denomina alcance (scope), tiene que ver con las áreas que pretende abarcar el Estado. Lo característico de los Estados de los países subdesarrollados es, según el autor, que tienen mucho scope y poco strength. Lo característico de los Estados de los países desarrollados es, al contrario, que limitan su scope a las áreas donde pueden mostrar su strength porque saben que el que mucho abarca, poco aprieta.”  “Un verdadero Estado podrá tener más o menos alcance. Lo que no puede no tener es, en cambio, la fuerza necesaria para aplicar las leyes. Cobrando, por ejemplo, los impuestos. Que la evasión llegue entre nosotros al 50 por ciento, ¿no lo dice todo?  Ya pretendan gestionar mucho o poco, en suma, ni los socialistas ni los liberales pueden prescindir del control. Llegar a tenerlo es, por encima de sus divergencias ideológicas, su interés común. Ningún socialismo, ningún liberalismo, pueden funcionar sin Estado.”  

(La Nación, 20-2-05)   [Publicado en Documentación Política, Nº 48, 3-3-05]    

Un país fuera de control 

 “Para que el control sea eficaz, explica Julio Comadira, síndico general de la Nación durante la presidencia de Eduardo Duhalde y profesor titular de Derecho Administrativo de las universidades de Buenos Aires, Católica y Austral, es preciso que concurran, como mínimo, las siguientes condiciones: por un lado, un diseño normativo del órgano o ente de control que le otorgue facultades suficientes para el cumplimiento adecuado de su misión y le brinde, asimismo, a su titular garantías formales de independencia (exclusión de poder jerárquico del controlado sobre el controlador, estabilidad en el cargo de éste último, etc.).  Y por otro, es necesario que el controlador tenga idoneidad específica para el ejercicio de la función (ético-republicana y técnica) objetiva y formalmente garantizada por un procedimiento de selección público (concurso)”. 

 El presidente Néstor Kirchner, desde que llegó al poder, planteó la necesidad de mejorar la calidad institucional del país y los controles del Estado y acusó al menemismo por su deterioro. Sin embargo, al menos en el plano de los controles, Kirchner no hizo otra cosa que recorrer el camino que públicamente critica.   El Presidente, lejos de elegir a personas reconocidas por su trayectoria e insospechadas de parcialidad, optó por allegados políticos al jefe de gabinete o por ex funcionarios patagónicos sin experiencia para comandar los organismos de control.  Ocurre en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, que está a cargo de Claudio Moroni, un ex compañero de Alberto Fernández en la Superintendencia de Seguros y cuya sindica general adjunta, Alejandra Minnicelli, es esposa del ministro de Planificación, Julio de Vido.  

Desde el mes último, pasa también en la Oficina Anticorrupción (OA), un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y que creó Fernando de la Rúa en diciembre de 1999 para suplir la poca efectividad que tenía la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), que no depende del Gobierno sino del Ministerio Público Fiscal. A cargo de la OA fue designado Abel Fleitas Ortiz de Rozas, reconocido especialista en Derecho de Familia y ex socio político viceministro de Gustavo Beliz.  Fleitas Ortiz de Rozas no tiene ninguna experiencia en materia de control de corrupción y, ni bien llegó al cargo, le pidió la renuncia al director de Transparencia, Nicolás Raigorosky, para nombrar a su mano derecha Osvaldo Pitrau, que debe 63 cheques librados sin fondos, carga con nueve juicios ejecutorios en su contra y fue declarado deudor incobrable por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).”  

 “La FNIA, donde a fines de 2003 llegó por concurso Manuel Garrido, ex director de investigaciones de la OA, también esta lejos de ejercer un control efectivo sobre el Estado.”  “Uno de los proyectos de ley preparados por Garrido busca que todos los organismos del Poder Ejecutivo acepten someterse plenamente al control de la FNIA. En la actualidad, según un informe interno, eso no ocurre en la Jefatura de Gabinete y los ministerios del Interior, Justicia, Educación y Defensa, ni en algunas secretarías de Estado, como las de Turismo, Legal yTécnica y Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras.  El otro organismo de control, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, sigue a cargo sigue a cargo de Leandro Despouy, un hombre designado por el radicalismo que venía de la Cancillería. La propia lógica de la Auditoría, en la que el PJ y la UCR, como partidos gobernante y principal de la oposición, se reparten el poder, hace que el organismo no sea demasiado eficiente, reconoce uno de sus principales funcionarios.”   “Cuando se privatizaron los servicios públicos en la década del noventa, se creó un sistema de entes reguladores cuya función es la de velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas y defender a los usuarios. Dos de ellos fueron creados por ley -el de la electricidad y el de gas- y los demás, por decreto.  En la actualidad, ninguno está regularizado y todos se encuentran a cargo de interventores designados por el Presidente y cuestionados por las asociaciones de consumidores por su falta de experiencia e idoneidad.  

El ente regulador de las empresas del gas, Enargas, está a cargo del contador Fulvio Madero, que fue designado por decreto y no pasó por el concurso que dispone la ley ni cuenta con ratificación parlamentaria.”  “La situación no es mejor en el ENRE, que se encarga del sector eléctrico. El organismo no tiene presidente desde hace más de dos años porque se congeló el concurso público para seleccionar a los directores. La conducción la ejerce el vicepresidente, Ricardo Martínez Leone, que ingresó en el ente en representación de las provincias. Según un informe de la Unión de Usuarios y Consumidores, el ENRE no reclama a las empresas multas millonarias destinadas a los usuarios y excluidas de la Resolución 308 del Ministerio de Economía, que dispuso que las multas destinadas a los entes no deben ser cobradas sino que pasan a engrosar la negociación con las privatizadas. El organismo, según la Unión, está en condiciones de cobrarle ya 14 millones a Edesur; 7 millones a Edelap y 43 millones a Edenor. Pero no lo hace.  La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que se ocupa de verificar el funcionamiento de las empresas de telefonía, está intervenida desde hace casi tres años y, el 30 de diciembre último, el Gobierno extendió la intervención hasta fines de 2005 y ratificó la designación del interventor Ceferino Namuncurá, que ejerce en forma unipersonal todas las funciones del directorio del organismo.  En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se ocupa del control de los camiones, ómnibus y colectivos, ocurre algo similar. Tiene como interventor a Pedro Ochoa, que también concentra todas las funciones. Y el Orsna, organismo que regula los aeropuertos, quedó en manos del brigadier Horacio Orefice, que igualmente llegó sin concurso.  Los demás organismos, la Administración General de Puertos y los organismos de control del agua y los concesionarios viales, Occovi, no están mucho mejor, aunque este último es el único que cobra las multas a las empresas porque quedó excluido de la Resolución 308 del ministro Roberto Lavagna.”  

(La Nación, 9-1-05, Secc. 7)  [Publicado en Documentación Política, N º 44, 13-1-05]   

 Auditoría General de la Nación    

 “...en el Colegio de Auditores Generales, siete personas que cobran l0 mil pesos de sueldo, más gastos de movilidad y refrigerio, y manejan un presupuesto millonario con el que, por ejemplo, pueden tomar a 325 contratados y pasantes. Algunos de éstos son estudiantes de historia del arte o psicólogos, aunque no sean especialidades aptas para los menesteres del organismo. Pero nadie es quien para discutir un nombramiento porque la AGN está dividida en cotos de caza y nadie pisa la quinta ajena.  La Auditoria es una típica criatura del Pacto de Olivos. Un organismo parlamentario de control, de rango constitucional, presidido por la oposición. Absolutamente maravilloso. Pero en diez años nadie fue preso por un informe de la AGN, pese a que los gobiernos batieron récords de corrupción y mala  gestión.” 

 “Un rasgo que contribuye a la inoperancia es la conducción colegiada del organismo, que diluye la responsabilidad. El presidente -actualmente Leandro Octavio Despouy, radical- es la cara visible y maneja las relaciones externas de la casa pero es, en los hechos, un auditor general más. Uno entre siete. Por tanto, es falso que la oposición tenga el control de la Auditoría, incluso si se aceptase la peregrina idea de que el radicalismo encarna hoy la oposición. Es apenas un resabio, como resabio es el cargo de auditor general que ostenta el frepasista Mario Fadel, para no hablar del menemista Cesar Arias ni de Francisco Javier Fernández, que fue asesor de Rodolfo Barra.”  “El Colegio decide el programa de auditorías para cada año, que es fruto de minuciosas negociaciones políticas, al igual que el contenido de los informes. Algunos de éstos, enojosos, quedan cajoneados eternamente.” 

 “La ocupación de las casillas siguió una lógica estricta. Todo gerente radical tendrá un subgerente justicialista, y el jefe de departamento deberá ser radical. Y al revés si el gerente es justicialista. Un documento interno al que tuvo acceso Página/12 indica que la duración en el cargo de gerentes, subgerentes y jefes departamentales, queda supeditada a la permanencia del auditor general que los nombró, por lo que, de hecho, son también funcionarios políticos.”  “El crítico texto se cierra con un interrogante: Si el control del sector público está dominado por decisiones y negociaciones políticas a todo nivel, el control que les sirve a los ciudadanos ¿dónde está?.”  “En general, lo que producen los 760 empleados de la AGN no son auditorías de gestión, como deberían, sino contables, que consisten en mirar si están los comprobantes.”  “Con el tiempo, el personal más capaz fue siendo reubicado donde no pueda molestar.” 

 “Una tarea clave es emitir dictamen sobre la Cuenta de Inversión, según dispone la Constitución. Pero la gerencia encargada de hacerlo, analizando con lupa la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo le presenta anualmente al Congreso para justificar qué hizo con las autorizaciones de gasto que el Parlamento le concede al inicio del ejercicio fiscal, sólo recibe el 5,l por ciento del presupuesto de la AGN porque el Colegio de Auditores Generales tiene prioridades más importantes. Más allá de la retórica, la necesidad de terminar con la corrupción y la ineficiencia no parece arraigar aún en los cuerpos políticos.”  

(Página 12, 31-7-04)   [Publicado en Documentación Política, Nº 22, 2-8-04]   

  LA DOCTRINA DEL MAL MENOR  

SU APLICACION A LA POLITICA ARGENTINA 

 Mario Meneghini   

El objetivo de esta breve ponencia es analizar la doctrina del mal menor, con vistas a su aplicación en la actividad política de la sociedad argentina. Consideramos necesario reflexionar sobre el tema, puesto que se ha extendido la opinión de que la doctrina aludida no es aplicable a la política, prácticamente en ningún caso. Creemos que ello obedece a un concepto inadecuado de la política; no se entiende que ella es  “como un itinerario que se cumple con realidades indóciles sobre un terreno escarpado, y no como algunos  pudieran soñarlo, la fácil trayectoria de un puntero sobre un mapa”[i].   

1. Es obvio que si puede elegirse entre un bien y un mal, no existe, por cierto, un dilema moral para el político, pero cuando se enfrenta con la necesidad de optar entre dos males, debe apelar a la tolerancia, haciendo una elección prudencial entre dos males, con objeto de evitar el mal mayor. En frase del doctor Angélico:  “cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquella se debe elegir de que menos mal se sigue”[ii].   

2. La parábola del trigo y de la cizaña, implica la posibilidad de evitar la mala hierba, que, sin embargo, no se extirpa para no ocasionar un mal mayor, al arrancar también el trigo. Es claro que siempre debe haber un rechazo del mal y del error; sólo se tolera alguna de sus expresiones prácticas, al hacer una elección prudencial entre dos males. Asimismo, como acaba de recordar la Congregación para la Doctrina de la Fe, la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización[iii]. Pero, si es cierto que la política  es “una opción entre dificultades” (Indalecio Gómez), quien ejerce esta compleja actividad se ve frecuentemente enfrentado a esta necesidad de decidir.   

3. Esta enseñanza tradicional que se entiende y aplica habitualmente en ciertos temas -p.ej.: prostitución-, se convierte en polémica, cuando se traslada al campo de la acción cívica. Explica Santo Tomas, que la política tiene por objeto el ordenamiento de los hombres [iv], y éstos no son creados por la política, sino que la política los toma de la naturaleza y se sirve de ellos, como afirma Aristóteles, al compararla con el arte textil, que no consiste en fabricar la lana, sino servirse de ella [v]. Ahora bien, la tolerancia del mal es propia de la prudencia política y la prudencia es una virtud del intelecto práctico; el juicio prudencial señala lo que la persona debe hacer y de qué manera, atendiendo a las circunstancias de la realidad [vi].  El conocimiento y aceptación de esa realidad es la primera condición a cumplir por quien se ocupe de la acción cívica. Los hechos deben ser tomados como son, no como quisiéramos que fuesen, de lo contrario nos limitaríamos a una política hipotética, a aplicarse en un futuro indefinido, mientras nos abstenemos de operar sobre la realidad actual, porque no nos satisface. Por ello decía Balmes que “en política no es verdadero lo inaplicable(...) porque desde el momento que una teoría no se puede realizar es señal de que está en lucha con la misma naturaleza de las cosas y que, por tanto, no es verdadera con relación a ellas”[vii]. Hasta se sostiene[viii] que, en un primer momento, la política se asemeja a la física, pues se enfrenta con algunos datos inmodificables en la sociedad que debe regir. Los que tratan de cambiar desde sus raíces una realidad social que les disgusta porque no es perfecta, no se detienen ante los aspectos positivos que arrasarían al eliminar el trigo con la cizaña, e incurren en el utopismo. La sabiduría política consiste en detectar los males existentes, procurar remediarlos en la medida de lo posible, y acentuar los bienes en vigencia, buscando soluciones concretas a los problemas reales. El prudente actúa entre los principios y las circunstancias, tan alejado “de la rutina como de la utopía; acerca la realidad al ideal. El graduar esa posibilidad y analizarla es el arte del gobierno” [ix].  

 4. La teología moral, al estudiar la cooperación  en los pecados ajenos, distingue entre la cooperación formal -que constituye siempre un pecado, por contribuir al pecado de otro-, y la cooperación material. Es lícita la cooperación material, siempre que con una acción se defienda un bien superior o se impida un mal mayor. Una actitud rigorista que impida hacer cualquier cosa de la que otro pueda aprovecharse para el mal, haría imposible  toda acción política [x]. Por eso S.S. Juan Pablo II aclara que: “Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción(...) como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública” (Cristifideles Laici, nº 42). Nos parece lógico, entonces, que el Papa eligiera como Patrono de los Gobernantes y de los Políticos, a Santo Tomás Moro, que practicó y enseñó la virtud de la prudencia aplicada al ámbito político. Recordemos dos de los consejos que incluye en su libro “Utopía”:[xi]  -“Si no consigues realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal”.  -“La imposibilidad de suprimir en seguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad porque no puede dominar los vientos”.   

5. Consideramos imprescindible ocuparse de la doctrina del mal menor, aplicada a nuestra sociedad política, debido a la actitud de muchos compatriotas -incluídos quienes aceptan el Derecho Natural- de abstenerse de participar en la acción cívica y de rechazar, incluso,  el régimen constitucional vigente. Precisamente, en l853, al promulgarse la Constitución Nacional, encontramos un ejemplo claro de opción por el mal menor, en la prédica del P. Mamerto Esquiú, quien exhorta a aceptar el texto constitucional, pese a las críticas que merecían algunos artículos de la misma.  El 9 de julio de dicho año, en el Sermón “Lætamur de gloria vestra” (Nos alegramos de vuestra gloria), estima necesario elegir entre dos males, la guerra civil y una constitución imperfecta; elige el mal menor, diciendo: “católicos: obedeced, someteos, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.   

6. Agrega otras reflexiones que vale la pena recordar: [xii]  -“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina...”.   -“Nuestra República jadeante y ensangrentada ha venido a colocarse donde debía estar desde el año l0: en el terreno de la sumisión a cualquier institución de gobierno que la patria nos diese, aún admitido el que no parezca peor, con tal que sea gobierno”. (Sermón, 25-5-l856)   

7. La prédica de Esquiú estuvo en sintonía con la doctrina tradicional de la Iglesia y, por cierto, en l50 años de vigencia del sistema institucional, nunca el Episcopado Argentino ha modificado el criterio. Es que la doctrina es clara y, en lo referido a éste tema, fue resumida por León XIII, en la Encíclica “Au milieu des sollicitudes”, de l892 (Nºs. l6/31). En el plano de la teoría se puede determinar qué forma de gobierno es la mejor, aunque cualquiera que tienda al bien común es aceptable. Por lo tanto, cada persona puede preferir la que más le satisfaga, en el orden especulativo. Pero, en el terreno de los hechos, todo ciudadano debe aceptar el régimen constituido, sin perjuicio del derecho a rechazar las leyes injustas. En pleno paganismo, San Pedro incitaba a los primeros cristianos a que honraran al Emperador. Por su parte, San Pablo exhortaba: “ Es preciso someterse no sólo por temor al castigo, sino por conciencia”; cuando decía esto el Emperador era Nerón. (Rom l3, 5) En cada sociedad, un conjunto de circunstancias históricas determinan una forma particular de gobierno, y como siempre, el poder político procede exclusivamente de Dios, cuando queda consolidado un régimen su aceptación es obligatoria, con obligación impuesta por el bien común.   

8. Situándonos ahora en el momento actual de nuestra patria, corresponde analizar la aplicación de la doctrina que venimos comentando. Debido a la complejidad de la vida contemporánea, la gravedad de los problemas sociales, y las dificultades que enfrentan países como el nuestro en un mundo globalizado, se acentúa la necesidad de una sana organización pública  que promueva el bien común. A lograr dicho objetivo están llamados  todos los ciudadanos, pero, en especial, quienes poseen vocación política, que deben encauzar según las normas establecidas. El sistema político vigente adolece de graves defectos, que, sin embargo, sólo podrán ser corregidos por quienes, además de  asumir una posición crítica, participen activamente en la vida cívica. Para ello, se “requiere que penetren en las instituciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas” (Pacem in Terris, nº l47). Como el Estado Argentino adoptó la forma republicana de gobierno,  que implica la elección de los gobernantes, y  la postulación para los cargos electivos está reservada a los partidos políticos, por el Art. 38 de la Constitución Nacional, es a partir de esa realidad que debemos desplegar nuestro esfuerzo por mejorar la sociedad en que la Providencia nos ha colocado.  

 9. Nada nos obliga a manifestar conformidad con el orden jurídico vigente, y es lícita toda acción destinada a modificarlo, siempre que sea  compatible con los principios doctrinarios y, además, eficaz. Constituye una actitud ingenua creer que un grupo de ciudadanos, con sólo proponérselo, puede modificar la compleja trama de ideas, instituciones, preferencias e intereses que configuran un sistema político nacional. Toda modificación profunda será consecuencia del reemplazo de un grupo de dirigentes por otro. Cuando un pueblo parece preferir a los malos dirigentes, es sencillamente porque faltan buenos dirigentes, dispuestos a actuar públicamente, al margen de logias y procedimientos secretos, que únicamente sirven de pantalla para ocultar la carencia de adeptos y evitar asumir compromisos. La prédica abierta y el testimonio de una conducta coherente con los principios, son los mejores instrumentos para engendrar adhesión y lograr influencia efectiva en la realidad social. El apartarse de la vida cívica por el desagrado que provoca la corrupción y chatura que la caracterizan en nuestro medio, no representa ninguna solución. En frase de la Conferencia Episcopal: “No podemos ser peregrinos del cielo, si vivimos como fugitivos de la ciudad terrena.” (CEA, l0-8-200l, p. l4)   

10. El éxito de una gestión política depende de varios factores, pero nunca es el fruto de la improvisación; requiere un trabajo paciente, sistemático, de un número suficiente de personas decididas a consagrarse en forma permanente a dicha actividad. Un dirigente político no puede limitarse a manejar los principios de un orden social abstracto. Debe esforzarse por descubrir la forma más adecuada de aplicar los principios a la realidad, con flexibilidad e imaginación. Una de las condiciones que fijaba el P. Meinvielle para concretar una transformación nacional es lograr el apoyo de la opinión sana del país. De poco sirve un grupo de intelectuales que cree saber lo que habría que hacer, pero a los que nadie entiende ni conoce. La doctrina tiene que estar encarnada en hombres que cuenten con el apoyo de muchos, formando una corriente de opinión favorable a la aplicación de la doctrina.   

11. Como el acceso al gobierno depende de una elección, vuelve a plantearse el tema del mal menor. Señalaba el Arzobispo de Denver (EE.UU.), frente a un proceso electoral, que “ningún candidato es perfecto”, y que “toda elección es una historia de dos virtudes: prudencia y coraje. El coraje es la valentía de hacer lo que es correcto a la luz de nuestra fe, incluso si tememos las consecuencias. Sin coraje, la prudencia rápidamente se convierte en una excusa para la cobardía” (ACI, l-ll.2002). Recordemos que el voto es un deber moral para todo ciudadano  (Gaudium et Spes, p. 75 - CIC, nº 2240). Únicamente en casos excepcionales, en que todos los partidos y candidatos resulten peligrosos para el bien común, podrá optarse por la abstención. “En caso contrario, debe dar su voto al partido que entienda ser menos opuesto a las buenas costumbres, a la fe”[xiii].  Cuando ninguno de los candidatos satisfaga plenamente nuestras aspiraciones, al votarse por el candidato considerado un mal menor, no se hace un mal menor, sino que se permite “el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo hará”[xiv].  

 12. Nos parece que en medio de la crisis más profunda que ha conocido la Argentina, quienes tomamos como guía el Derecho Natural, podemos encontrar en la antigua doctrina del mal menor una ayuda invalorable  para la aplicación efectiva de los principios a la realidad política, siendo conscientes de las exigencias que la acción cívica plantea.   

13. Finalizamos, por eso, con una reflexión del Santo Padre, formulada durante el Jubileo de los Políticos:     “El declive de las ideologías se acompaña de una crisis de formaciones partidistas, que constituye un desafío a comprender de modo nuevo la representación política y el papel de las instituciones. Es necesario redescubrir el sentido de la participación, implicando en mayor medida a los ciudadanos en la búsqueda de vías oportunas para avanzar hacia una realización siempre más satisfactoria del bien común.”[xv]   

CORDOBA, agosto l4 de 2003.      

[i]  Bargallo  Cirio, Juan M. “Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo de Editoriales Católicas, l945, pag. 42.   [ii]  Aquino, Sto. Tomás. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Edit. Cultural, l945, T. l, pag. 35. [iii]  Congregación para la Doctrina de la Fe; “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Comportamiento de los políticos católicos”; 2003, p. 5. [iv]  Aquino, Sto. Tomás. “Prefacio a la Política”; México, Edit. Tradición, l982, pag. l7. [v]  Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, l983, pag. l9. [vi]  Calderón Bouchet, Rubén. “Sobre las causas del orden político”; Buenos Aires, Edit. Nuevo Orden, l976, pgs. ll7/l25. [vii]  García Escudero, José María. “Antología política de Balmes”; Madrid, BAC, l98l, pag. l86.  [viii]  Massot, Vicente Gonzalo. “El poder de lo fáctico”;  Buenos Aires, Ciudad Argentina, 200l, pag. l5. [ix]  García Escudero, José María. “El pensamiento de Angel Herrera”;  Madrid, BAC, l987, pgs. 29, 30, 35. [x]  Häring, B. “La ley de Cristo. La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares”;  Barcelona, Herder, l965, T. 2, pgs. l24/l25.  [xi]  Utopía, Buenos Aires, Sopena Argentina, l944,  p. 64. [xii]  Esquiú, Fray Mamerto. “Sermones de un patriota”;  Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación y Marymar Ediciones, s/f, pgs. 2l, 22, 35, 40.  [xiii]  Häring, op. cit., pag. l34.    [xiv]  Palumbo, Carmelo. “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, EDUCA, l987, T. l. pag. l22.   [xv]  Juan Pablo II, 5-ll-2000.    

 MAL MENOR EN LAS ELECCIONES POLÍTICAS

VOTAR: ¿OPTATIVO O MORALMENTE OBLIGATORIO?[1] 

Mario Meneghini 

1. Es lugar común en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de  los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de 2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político. El principal problema es que la  misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art. 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Bidart Campos (1961) demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos:Es ficción considerar al pueblo como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna. 

2. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, participa en una especie de ballotage, para seleccionar de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos.En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos intelectuales (Palacio, 1973). En el plano de las ideas es lícito preferir un régimen político que consideremos el mejor, pero, en toda sociedad se impone, con el tiempo, una forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no afecta de manera directa la dignidad humana, y rige de hecho en una sociedad, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...[2]. 

 3. En la Argentina tiene vigencia, desde 1853, un ordenamiento constitucional, que, como se ha dicho (Lamas, 1988) es tributario de una serie de pactos y compromisos en el curso de los acontecimientos políticos nacionales, y rige, desde entonces, con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere legitimidad. Consideramos inaceptable, entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular[3]. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego (Malinas, 1959). 

Participación en política 

4. Luego de esta introducción, podemos abocarnos al tratamiento de la doctrina del mal menor en el proceso electoral. La historia nos muestra que en todas las épocas y en todos los países, el sufragio ha sido utilizado normalmente como instrumento de selección de las autoridades políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de participar en la vida pública de su sociedad (Martínez Vázquez, 1966). En todos los tiempos y lugares, se han elegido magistrados, reyes, presidentes y hasta dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la sociedad. Y la forma republicana de gobierno, que fija nuestra Constitución, implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente[4], por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones[5]. 

5. Estimamos que, sostener en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria porque no nos gusta lo que vemos, equivale a avalar la continuidad de lo existente. Destaca Tomás Moro (1944): Si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. 

6. Tampoco es correcta la impresión de que la política necesariamente conduce a la corrupción, como afirmaba Lord Acton. Es cierto que el poder es ocasión de peligro moral, lo que ocurre, asimismo, con otras cualidades humanas, como la inteligencia, la cultura, la belleza, la riqueza, lo que no significa que merezcan calificarse de intrínsecamente malas. Puesto que la autoridad ha sido creada por Dios, su ejercicio no puede ser malo en sí mismo[6]. 

7. Suele alegarse que la decisión de no participar en un proceso electoral, deviene de una obligación de conciencia. Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por el consejo de los prudentes. No es posible identificar la conciencia humana con la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento moral (Ratzinger, 1998)[7]. Por otra parte, como señala el Prof. Tale (2006), el abstenerse de hacer algo por objeción de conciencia es válido, si es la única manera de no afectar el principio en que se funda: no dañar. Y, en muchos casos, la objeción de conciencia no basta para cumplir con el deber moral de participar en la vida comunitaria. Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos que se presentan a una elección, así como a los candidatos respectivos. Como ejemplo, podemos citar la última elección presidencial en la Argentina (2003), a la que muchos ciudadanos concurrieron, creyendo que sólo se presentaban cinco candidatos, cuando en realidad fueron dieciocho, de los cuales, por lo menos cuatro no merecían ninguna objeción a quien profese los principios del derecho natural. 

8. Como explica Bargallo Cirio (1945): Adecuarse a las circunstancias es sólo contar con ellas para actuar. Para defenderlas o apoyarlas cuando se deba, o para atacarlas, torcerlas o dominarlas, cuando sea necesario. (...) La acción política es antes que nada humilde contacto con la realidad.Criticar la realidad social contemporánea, despreciándola por comparación con alguna forma que existió históricamente, o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Es preciso conocer la realidad, tal cual es, antes de intentar mejorarla. No es racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar una situación injusta, no equivale a convalidarla. Tras las ilusiones, vienen las frustraciones, y la conciencia de la miopía padecida conduce, finalmente, a la abominación del objeto, en nuestro caso de la política (Ayuso Torres, 1982).  

9. Para cada sociedad política, pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el ideal, propuesto por los teóricos; el formal promulgado oficialmente; y el real - o constitución material-, surgida de la convivencia que produce transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene redactada la versión que se desearía que rigiera.Por eso, como enseña Pablo VI: La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas[8].La Constitución Nacional (Art. 38) reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, a los partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo, o simplemente votando por el más afín. 

Aplicación del mal menor 

10. Afirma Santo Tomás que: Cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe elegir de que menos mal se sigue[9]. Por cierto que nunca es lícito, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado, pero sí es lícito tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande[10].Aplicando la doctrina, al tema eleccionario, el Prof. Palumbo (2004) explica que: “En el caso concreto de una elección, al votarse por un representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino permitiendo el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo hará”.                    

11. En ocasiones, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, pues ninguno le ofrece garantías mínimas, al presentar plataformas que permiten prever acciones perjudiciales para la sociedad, o declaraciones de principios que contradicen la ley natural. En esos casos, tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es habitual que no haya ningún partido aceptable; por lo tanto, aunque no le satisfaga totalmente, debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su plataforma, sino, simplemente, eligiendo el mal menor (Haring, 1965).            

Voto útil           

12. A menudo se exhibe, incorrectamente, al llamado voto útil, como ejemplo de mal menor. El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea el que más le atrae, para que el voto no se desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo, cuando no de cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Un caso típico es el de la ley seca, en Estados Unidos; la experiencia indicó que prohibir el consumo de alcohol era más perjudicial que tolerarlo.         

Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto, en este caso, servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución, les permitirá ser conocidos, y facilitará una futura elección con mejores perspectivas.             

El concepto de cleavage           

13. Los politólogos utilizan el concepto de cleavage, entendido como línea divisoria entre las distintas opciones electorales, ya que el análisis de los sufragios emitidos muestran que la mayoría de los electores deciden su voto en base a cuestiones concretas evaluadas según su posición previa respecto de ellas (Paramio, 1998). Si bien es admisible que el voto esté influenciado por el grupo social de pertenencia, es falso que sean los intereses quienes determinen las preferencias electorales, pues éstas nunca son unidimensionales. Normalmente, los electores votan al partido que se aproxima más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas de la plataforma respectiva. De allí que pueda estimarse que se da una relación de identificación entre los electores y un partido, que los lleva a apoyarlo por considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en cuanto a los programas y los candidatos. Esta identificación representa un estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los políticos son iguales.          

Sin embargo, en vísperas de una elección cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todos ellos. La identificación, entonces, se acentúa en algunas cuestiones que cada persona considera más relevantes según su escala de valores. La forma en que se pronuncien los partidos sobre dichas cuestiones termina de decidir el voto en cada ocasión.                         

14. Se ha dicho que la clásica división de izquierda y derecha, se mantiene aunque con otro contenido, y acota Hernández (2001) -en referencia a la vida práctica jurídica- que la divisoria  en las ideas pasa hoy por las oposiciones: individualismo-solidarismo y cultura de la muerte-cultura de la vida. Agrega Tale (2006), que es necesario defender un derecho natural completo, para no limitarnos a la protección de la vida, descuidando las cuestiones económicas y políticas donde también debe cumplirse el orden natural.En el último documento del Magisterio Pontificio -Sacramentum Caritatis- se señala  la grave responsabilidad social de decidir correctamente, cuando están en juego valores que no son  negociables:                                   

-Defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural;                 

-La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer;                 

-La libertad de educación de los hijos;                 

-La promoción del bien común en todas sus formas[11]. 

Esta orientación puede servir de guía para el análisis de las plataformas electorales y decidir el voto, ya que se concentra en los temas esenciales.                            

Opción electoral             

15. En base a lo expuesto, la opción electoral no resulta tan difícil, puesto que nuestra adhesión a los principios, y la información recopilada, nos van a  indicar el camino correcto entre las distintas posibilidades: 

1. Anular el voto: no resulta una opción válida, en ningún caso, y denota una actitud infantil de desquite imaginario contra los malos dirigentes. 

2. Votar en blanco: debe distinguirse entre dos aspectos:       

a) parcial: es decir, votar en blanco, para algunos niveles de gobierno o determinados cargos; esto es admisible, en muchas elecciones.     

 b) total: el voto en blanco para todos los cargos y niveles, únicamente puede admitirse en casos excepcionales, cuando todos los partidos y candidatos  resulten inaceptables o peligrosos. Si tenemos en cuenta que en este año electoral, habrá que votar por cargos agrupados en 9 o 10 boletas, y optar entre una docena de partidos o frentes, según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato aceptable. 

3. Abstenerse: si se da la situación descripta anteriormente, esta opción parece más lógica que concurrir al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos, que en la Argentina, hubo un sólo caso justificable para la abstención -o el voto en blanco total-, que fue la elección de convencionales constituyentes de 1957.    Es inaceptable esta opción cuando está en juego una decisión crucial para la comunidad. Un ejemplo reciente ilustra al respecto: en el referéndum sobre el aborto, realizado en Portugal, el 56 % de los ciudadanos se abstuvo; esto permitió que los partidarios del aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos, y si bien no se alcanzó el mínimo legal requerido, el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley respectiva en el Parlamento. 

4. Voto positivo: puede desagregarse esta opción en varias alternativas:       

1. Votar por un partido que satisface íntegramente, para todos los niveles.     

2. Votar a varios partidos simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso.        

3. Votar a un partido y/o candidato, pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor.           

Conclusión 

La participación en la vida cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, y ninguna causa justifica el abstencionismo político pues equivale a no estar dispuesto a contribuir al bien común de la propia sociedad. Si, como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores sino por los malos[12], resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas. Consideramos que en esta compleja actividad, resulta necesario utilizar la antigua doctrina del mal menor, como aplicación concreta de la virtud de la prudencia que debe regir la acción política. 

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Referencias: 

Ayuso Torres, Miguel (1982). “La política como deber: sentido y misión de la caridad política”; en: “Los católicos y la acción política”; Actas de la XX Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro, pág. 353. 

Bargallo Cirio, Juan M.(1945) “Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo de Editoriales Católicas, págs. 45/46. 

Bidart Campos, Germán José (1961). “Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, pág. 186. 

Haring (1965). “La ley de Cristo. La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares”; Barcelona, Herder, t. II, págs. 124/134). 

Hernández, Hector H. (2001). “Interpretación, principios y derecho natural”; cit. p.: Tale, op. cit., pág. 11. 

Lamas, Félix Adolfo (1988). “La Constitución Nacional. Sus principios de legitimidad y su reforma”; en: Moenia, Nº XXXIII, págs. 11/40. 

Malinas-Unión Internacional de Estudios Sociales (1959). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, pág. 91. 

Martínez Vázquez, Benigno (1966). “El sufragio y la idea representativa democrática”; Buenos Aires, Depalma, págs. 20, 25, 31. 

Moro, Tomás (1944). “Utopía”; Buenos Aires, Sopena Argentina, pág. 64. 

Palumbo, Carmelo (2004). “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, CIES, pág. 150. 

Paramio, Ludolfo (1998). “Clase y voto: intereses, identidades y preferencias”; Ponencia presentada en el VI Congreso Español de Sociología, A Coruña, 24/26-9-1998 (tomado de: www.iesam.csic.es/doctrab1/dt-9812.htm) 

Ratzinger, Joseph (1998). “Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista”; Madrid, Rialp, pág. 54. 

Tale, Camilo. “La lucha por el Derecho Natural verdadero y completo”; en: El Derecho, Serie Filosofía del Derecho, Nº 11.539, 28-6-06, págs. 11 y 12.   

[1]  Exposición en Simposio de Filosofía Política (15-6-07), en  el I Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, San Luis.

[2]  León XIII, “Au millieu des sollicitudes”, p. 22 y 23. “Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los cambios constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos o para cambiar su forma”, id., p.17.

[3]  “Porque quien pone un voto positivo se hace cómplice avalando el resultado electoral, y al incurrir en lo que los teólogos nombran como cooperación activa al mal, su fe viva no está puesta en Dios sino en la soberanía popular”: Gelonch Villarino, Edmundo. “La secta imperante y la debilidad mental”; en: Centros Cívicos Patrióticos, noviembre de 2002, p. 8.

[4]  “Si un pueblo es razonable...es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo los magistrados que administran los asuntos públicos”: San Agustín, cit. por Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, 97, 1.

[5]  “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).

[6]  “Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”; León XIII, Inmortale Dei, p. 2.

[7]  “No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de la Iglesia”; Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2039.

[8]  Pablo VI. “Octogesima adveniens”, p. 37.

[9]  Santo Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.

[10]  Pablo VI. Carta Encíclica “Humane Vitae”, 25-7-1968.

[11]  Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 22-2-07, p. 83.

[12]  Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 182.

 Ahora hay más injusticias en el sistema tributario 

“El reciente aumento en el mínimo no imponible de Ganancias fue un paso atrás en nuestro desarrollo. Si los argentinos queremos tener escuelas de calidad para todos, hospitales de primera para todos, policías que protejan la vida y la propiedad y las demás cosas que le reclamamos al Estado -como si no fuera nuestro- tenemos que estar dispuestos a pagar algo.Si queremos servicios públicos del Primer Mundo, tenemos que estar dispuestos a pagar impuestos como en el primer mundo. Como veremos a continuación, el problema es que por ahora no podemos, pero subir el mínimo no imponible nos lleva en la dirección contraria.

Los gobiernos de los países desarrollados gastan mucho más que el nuestro en proveer bienes y servicios públicos, y le cobran en consecuencia muchos más impuestos a sus ciudadanos. La característica distintiva de los sistemas tributarios desarrollados es que dependen principalmente del impuesto a las Ganancias. En promedio, los países más ricos recaudan 45 % de sus impuestos a través del impuesto a las Ganancias Personales. En la Argentina, en cambio, el impuesto a las Ganancias Personales representa apenas el 4 % de la recaudación. De ahí que políticos y analistas sostienen hace años que nuestro sistema es injusto porque se basa más en un impuesto al consumo como el IVA, que pagan ricos y pobres en proporción similar a su ingreso.”

(...)“Toda esta introducción para llegar finalmente al punto: subir el mínimo no imponible de Ganancias fue una decisión injusta. Con el mínimo actual, mucho menos de 10 % de las personas con ingresos ganan lo suficiente para pagar el impuesto.” (...)“Sin embargo, si vamos a los datos de la AFIP, en 2005 cerca de 800.000 personas pagaban el impuesto a las Ganancias. Esto representa bastante menos que el 7 % de la población económicamente activa ...Con la suba del mínimo no imponible, el Gobierno hizo más injusto todavía el sistema tributario, al excluir de su pago a personas que están mucho mejor que la mayoría de los argentinos.”

(Miguel Braun, CIPPEC, Clarín, 18-3-07)[DP, 126]  

  El compromiso ciudadano y las próximas elecciones  

Exhortación pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina

 A los hijos de la Iglesia, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad  

I. La Pascua y la vocación del cristiano en el mundo

1. La fe en Jesús resucitado, que celebramos más intensamente en este tiempo de Pascua, nos impulsa a renovar nuestra vida, viviéndola con verdad, libertad, justicia y solidaridad en la Iglesia y en la sociedad política de la que formamos parte. Somos miembros de las dos, y en las dos la fe nos llama a vivir nuestra vocación.  

2. En estas circunstancias históricas, la fe nos exige crecer aún más en nuestro compromiso ciudadano. Somos conscientes de los pasos dados para superar la crisis en la que habíamos caído. Sin embargo, no podemos dejar de atender a la profundidad de la misma. Ésta, si bien tuvo consecuencias económicas y sociales muy graves, viene de vieja data, y tiene sus profundas raíces en el individualismo y en el relativismo que distorsionan la concepción de la vida humana y de la convivencia.  

3. De allí la necesidad urgente que todos los argentinos, y especialmente los cristianos, descubramos mejor nuestra vocación por el bien común, y así nos convirtamos «de habitantes en ciudadanos», corresponsables de la vida social y política, a lo que nos ayuda el conocimiento y la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia.  

II. Las próximas elecciones

4. Este año, marcado de manera particular por las elecciones, es una ocasión propicia para que hagamos un examen serio de nuestro comportamiento social, y analicemos cómo es el cumplimiento de nuestros deberes y la exigencia de nuestros derechos, sea como simples ciudadanos, sea como autoridades llamadas a ejercer la función para la que son elegidas.   

5. El acto eleccionario requiere el conocimiento de las propuestas y el pleno ejercicio de la libertad del ciudadano. Esto compromete al que se postula, quien debe definir claramente su programa de acción política, y al que debe votar, a informarse debidamente de la probidad de los candidatos y de la dimensión ética de sus propuestas. 

6. La trascendencia del acto eleccionario exige una gran transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica. Por otra parte, es obligación del ciudadano controlar la gestión del gobernante.

 III. Algunos desafíos a tener presentes

7. Son muchos los desafíos que debemos enfrentar. Señalamos algunos que nos parecen más significativos y nos comprometen como ciudadanos: 

a) la vida: es un don de Dios y el primero de los derechos humanos que debemos respetar. Corresponde que la preservemos desde el momento de la concepción y cuidemos su existencia y dignidad hasta su fin natural; 

b) la familia: fundada en el matrimonio entre varón y mujer, es la célula básica de la sociedad y la primera responsable de la educación de los hijos. Debemos fortalecer sus derechos y promover la educación de los jóvenes en el verdadero sentido del amor y en el compromiso social; 

c) el bien común: es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Debemos ponerlo por sobre los bienes particulares y sectoriales. Su primacía sustenta y fortalece los tres poderes del Estado, cuya autonomía, real y auténtica, se hace imprescindible para el ejercicio de la democracia. Dicho bien común se afianza cuando la autoridad sanciona leyes justas y vela por su acatamiento. También el ciudadano está obligado en conciencia a cumplirlas, salvo que se opongan a la ley natural; 

d) la inclusión: debemos priorizar medidas que garanticen y aceleren la inclusión de todos los ciudadanos. La pobreza y la inequidad, no obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados, siguen siendo problemas fundamentales. Toda gestión social, política y económica debe estar orientada al logro de una mayor equidad, que permita a todos la participación en los bienes espirituales, culturales y materiales; 

e) el federalismo: tenemos que promover el verdadero federalismo, que supone el fortalecimiento institucional de las Provincias, con su necesaria y justa autonomía respecto del poder central. Los poderes del Estado se ennoblecen cuando consolidan la estructura federal y republicana del País; 

f) políticas de Estado: la experiencia nos ha enseñado que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado, que orienten hacia un proyecto común de Nación. Este sigue siendo un fuerte desafío para nuestra democracia. 

8. Nuestro país sufre todavía fragmentación y enfrentamientos, que se manifiestan tanto en la impunidad, como en desencuentros y resentimientos. Nos queda pendiente la deuda de la reconciliación. En este sentido, el Papa nos recuerda que «las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón». Nuestro más vivo deseo es que el período de conmemoración del bicentenario, que celebraremos entre el 2010 y el 2016, nos encuentre fortalecidos en un espíritu común, donde la reconciliación de los argentinos genere finalmente un ambiente de verdadera paz y amistad social. 

9. Al concluir nuestra 93ª Asamblea Plenaria, compartimos con ustedes estas reflexiones, que son nuestra preocupación y, a la vez, nuestra esperanza para el futuro de la Patria.Que María Santísima, nuestra Madre de Luján, nos acompañe con su intercesión, en este camino del pueblo argentino.

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Pilar, 28 de abril de 2007  

Los juicios por corrupción 

“Robe hoy y pague en 14 años. Podría ser un aviso muy tentador para funcionarios corruptos, pero la realidad es aún más generosa. Catorce años dura en promedio un juicio por corrupción, pero lo más probable es que, al final del camino, el acusado sea declarado inocente, que la causa se cierre por falta de pruebas o prescriba porque, claro, ha pasado tanto tiempo.La corrupción es noticia cuando se la denuncia, cuando un funcionario tiene que dar explicaciones o cuando renuncia a su cargo, como acaba de ocurrir con Felisa Miceli, quien se apartó del Ministerio de Economía. Lo que sigue es un lento, silencioso y complejo trámite cuyo resultado conocemos: hoy no hay ningún detenido por causas de corrupción y en los últimos cinco años, sobre un total de 750 causas, sólo se ha condenado a 15 personas -en general a funcionarios de segunda línea-, entre ellos a María Julia Alsogaray, hasta hoy toda una excepción.

Esa estadística pertenece al Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que sigue de cerca estos procesos y está terminando un informe sobre la duración de los procesos de corrupción. Clarín accedió a ese estudio, hecho en colaboración con la UBA, donde se pone en evidencia la lentitud de la Justicia a la hora de investigar al poder. De allí surge que el promedio de los juicios consume 14 años. Y que el 20 % acaba por cerrarse con la prescripción del delito, una figura que anula cualquier definición porque se considera excesivo el tiempo dedicado a buscar la verdad.”

“La corrupción no es sólo un asunto de ética. El CIPCE ha calculado que desde 1980 hasta el 2006 la corrupción ha privado al Estado de unos 10 mil millones de dólares, el equivalente a lo que gastaría durante 10 años el Ministerio de Desarrollo Social con sus planes de asistencia a pobres.”

“Gerardo Sofovich estuvo al frente de Canal 7 (entonces ATC) en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. La Justicia lo investigó por supuesta administración fraudulenta y comprobó que durante su gestión el canal estatal perdió 8 millones de pesos. Tras 9 años de proceso, el año pasado la Justicia cerró la causa por prescripción.” “Las causas más viejas sobre corrupción son de la década del ochenta. En aquellos años se iniciaron decenas de investigaciones contra empresas y bancos, a los que se acusó de estafar al fisco en complicidad con funcionarios. La demanda contra la firma Ciccone Calcográfica, que imprime los pasaportes, lleva ya 21 años.”

(Clarín, Zona, 22-7-07) [DP, 153]  

 Las lecciones de los maestros involuntarios

Mariano Grondona 

“Al hablar frente al Congreso de Filosofía que se realizó en San Juan el 12 de este mes, la senadora Cristina Kirchner se llamó a sí misma hegeliana. La flamante candidata presidencial sabrá entonces que, según el alemán Guillermo Federico Hegel (1770-1831), la historia sigue una ley dialéctica en virtud de la cual sus etapas se superan sucesivamente una a la otra mediante el recurso creativo de la negación.”

“Lo que ha dado al hegelianismo su atractivo es que, al destacar que cada época nace en contradicción con la anterior, acuerda a la etapa que declina el carácter de maestra involuntaria de la que, superándola, la seguirá.Reduciendo esta concepción grandiosa a nuestra política doméstica, podríamos anotar que el kirchnerismo ha sido el discípulo rebelde del menemismo, lo cual es fácil de comprobar cuando se advierte que Néstor y Cristina, que después del discurso de La Plata ya aparecen como los dos representantes exclusivos del kirchnerismo, se han autodefinido en oposición frontal al legado de Menem en los más diversos terrenos, desde el económico hasta el militar pasando por el internacional. Lo que podría no haber advertido todavía el matrimonio kirchnerista es que también a él le llegará, en cabeza de sus sucesores, un nuevo no a su propio no. Néstor y Cristina serán entonces, como Menem lo fue respecto de ellos, los maestros involuntarios de sus sucesores.”“

Al lanzar su candidatura presidencial en La Plata, Cristina nos transmitió a su vez dos lecciones insoslayables. La primera, que quien manda en la Argentina kirchnerista no es una persona sino dos. Después de La Plata, ya no quedan dudas de que nos gobierna un matrimonio, un binomio político cuyo único diálogo profundo e insustituible es el que sostienen, en secreto, sus dos integrantes.La segunda lección de Cristina provino de su definición de la palabra continuidad. El cambio que Kirchner ha iniciado y ella profundizará, nos dijo la candidata, es la continuidad. En una primera aproximación, la inquietud de la senadora se justifica, porque si algo habrá que evitar en el futuro es la serie de giros bruscos de rumbo que asoló a nuestra historia y el último de los cuales lo protagonizaron, precisamente, ella y su marido.Pero el error de Cristina no consiste en su reclamo sino en su noción de la continuidad. Según ella, en efecto, la continuidad que debemos buscar equivaldría a la indefinida permanencia de los Kirchner en el poder.”

“La verdadera continuidad consiste en que sucesivas generaciones de líderes se sucedan en dirección de un mismo rumbo y no en que el mismo rumbo sea la consecuencia forzada de una permanencia.Cristina se confundió. Es verdad que hay que lograr la continuidad de las políticas que llevan al desarrollo. Pero ello se consigue solamente en el interior de la democracia republicana, a través de reemplazos sucesivos de los protagonistas y no mediante su permanencia ilimitada en el poder. Esto no sería la continuidad sino una dictadura vitalicia. A ella aspira Chávez. A ella no debe aspirar una Argentina que termine por recoger las valiosas lecciones involuntarias que le está ofreciendo, hoy, la pareja del poder. Es que no todo en el error es negativa porque también el error enseña, y esto a tal punto que nada hay más valioso en la Argentina de hoy que el fecundo error del matrimonio Kirchner.”

(La Nación, 22-7-07) [DP, 153]        

 Martín Gras, la biografía del ex montonero que asumirá los cambios en las FFAA   

 “Martín Gras será el encargado de llevar a cabo la reforma que la ministra de Defensa Nilda Garré iniciará en agosto de 2007 en los planes de estudios de las Fuerzas Armadas. Un ´experto´ que asesorará a otra ´experta´. El primer ex comisario montonero de las nuevas fuerzas del modelo K.  Se viene la reforma que comenzará a regir en agosto próximo en los institutos educativos de las tres Fuerzas Armadas: el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar.  Se agregarán materias humanísticas a las carreras de esos establecimientos y se reformará la asignatura de historia argentina para actualizarla. Además, se incorporarán docentes de universidades nacionales al dictado de las cátedras y los instructores militares serán elegidos por sus méritos académicos.  

Pero, ¿quién estará a cargo de la reforma que llevará adelante el ministerio de Nilda Garré? Nada menos que el asesor técnico que reporta a la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Gras. Un ex montonero. Un ´Oficial Primero´ en el Ejército Montonero.  ¿Por qué será que los organismos oficiales y privados que se autodenominan de Derechos Humanos son preferentemente ocupados por personas descalificadas, cuando no directamente por ex montoneros como Martín Gras de FAR, luego Montonero y hoy funcionario de la educación militar en Defensa, el abogado Eduardo Duhalde miembro reconocido de las FAP (el grupo infiltrado en el peronismo de mayor pureza marxista), Verbitsky de Montoneros, hoy capo del CELS, entre otros tantos?  

Martín Gras tiene importantes antecedentes académicos, ya que no hace muchos años enseñaba algo así como "comportamiento democrático" en la Universidad de San Miguel, siendo sus alumnos de entonces miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires, también se desempeñó en 1995 (década menemista) como abogado del COMFER, y estuvo o está ligado a la Universidad de Tres de Febrero.  Pero, ¿qué antecedentes lo hacen un "experto" en temas militares? He aquí algunos datos interesantes que circulan en la web:  Se inició como “soldado” a los 17 años en la organización “Montoneros”; participó en el sanguinario asalto al Regimiento de Formosa, de donde logró escapar; también consiguió escapar de la “fábrica de armas” (taller de montaje) que los terroristas mantenían en Villa Dominico; a continuación, siguió desarrollando sus actividades en la denominada “Columna Sur” de la misma organización (uno de cuyos comandantes fue Carlos Kunkel), donde alcanzó la jerarquía de “oficial”; luego de ser capturado por las Fuerzas Legales permaneció durante dos años con el Grupo de Tareas de la ESMA. Por sus excelentes trabajos como colaborador, fue liberado y se radicó en el extranjero.

En 1985 testificó, durante el juicio a los integrantes de las Juntas Militares, como “imparcial testigo de cargo”. En 1995, este mismo personaje, cuyo nombre de guerra era “Oficial Cacho”, escribió una larga carta acusando de traidor a sus ideales primigenios al señor Horacio Verbitsky (“Oficial Perro”), con quien hoy comparte oficio de empleado público: “asesor”. En 1995, fue designado como abogado en el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión). Dos años más tarde comenzó a desempeñarse en la Universidad de San Miguel como docente. Allí fue donde comenzó a dictar la materia “comportamiento democrático” a la Policía bonaerense. Luego fue coordinador de la Escuela de Gobierno del INAP, y rector de la Universidad de Tres de Febrero. Gracias al Gobierno de Néstor Kirchner fue designado "asesor" en la Secretaría de Derechos Humanos. Mientras tanto se dedicó a ser articulista de ´Le Monde Diplomatique-Edición Cono Sur´, escribiendo sobre la "Reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas-Paradigmas militares, continuidades y rupturas". Publicó notas como: “Imaginar la guerra, construir la República”. Edición N° 86, agosto de 2006. “Mito fundacional y autonomía militar”. Edición N° 85, julio de 2006.

Por lo pronto, sólo se presume que para el cambio ´cultural´ en las Fuerzas Armadas, serán designados docentes, ex integrantes de las organizaciones de la década del setenta (Montoneros o Fuerzas Armadas Peronistas, entre otras).  Tres detalles más acerca de Gras: El ex montonero asegura haber visto al cuerpo de Rodolfo Walsh en la ESMA, muerto antes de llegar. Es la figura protagónica del libro de ´Recuerdo de la muerte´ de Miguel Bonasso.” 

Fuente Urgente24 www.politicaydesarrollo.com.ar (26-6-07)         

Visita a Botnia ratificó posición de Estrucplan y ecoUruguay 

A partir de una tecnología que ofrece garantías de seguridad, complementada con una actitud de vigilancia de la propia empresa, las autoridades y la población, las plantas de celulosa funcionarán sin inconvenientes ambientales en nuestro país. Conocimos también el posible origen del mito sobre las abejas desplazadas por la celulosa. Una charla de casi dos horas con funcionarios jerárquicos de la empresa y una recorrida por la planta permitieron a los presidentes de la consultora argentina Estrucplan, Roberto Valentinuzzi, y de ecoUruguay, Daniel Jaso, ahondar en el conocimiento de los procesos forestal e industrial y su relación con el ambiente.

Valentinuzzi (presidente de una empresa dedicada precisamente a la adecuación ambiental de industrias) se interiorizó sobre la generación y el tratamiento de los efluentes y confirmó su convicción de que la tecnología que aplicará la planta de Botnia reúne las condiciones para un proceso amigable con el ambiente, y que –en le medida en que se lleve a cabo con un estricto cumplimiento y un monitoreo permanente– no da motivos para generar inquietud en relación a su impacto sobre los seres humanos ni sobre los recursos. En materia de calidad de las aguas, se informó a ecoUruguay que la empresa está a la espera de respuesta de OSE respecto a su formal ofrecimiento de tratar también las aguas servidas de Fray Bentos, que actualmente se vierten al río con un tratamiento mínimo. Esa oferta –que mejoraría sustancialmente la calidad de las aguas del curso limítrofe– no es sólo un “gesto de buena voluntad”: como se adelantara, la concentración de bacterias que transportan las aguas cloacales de Fray Bentos constituyen un elemento más para facilitar la purificación de los efluentes de la fábrica.

Durante su exposición, incluso, el gerente técnico de la planta, ingeniero Bruno Vuan destacó que los eventos de posible impacto ambiental en todo caso son síntomas de problemas de calidad en la producción. Eso coadyuva a que el monitoreo interno de la empresa se multiplique en varias instancias, tanto en cada etapa de la producción como en una unidad que supervisa centralmente la totalidad del proceso.  

Forestación y producción tradicional

La charla permitió también conversar sobre algunos de los temas que han sido discutidos en relación al modelo forestal. Forestal Oriental, una de las empresas integrantes del complejo, está desarrollando una tarea de asesoramiento para pequeños productores tendiente a incorporar pequeñas cantidades de montes de eucaliptos en forma compatible con la ganadería y la agricultura. El ministro del ramo, José Mujica, había adelantado el año pasado su apoyo al silvo-pastoreo, de modo que “cualquier ganadero [pueda] tener un montecito en una rinconada, un bajo, y al mismo tiempo que carne o laca sacar también un poco de madera para vendérsela a Botnia o a cualquiera que la industrialice”. Ese reclamo se ha concretado en la autorización a plantar hasta un 8 por ciento de los suelos que no tienen prioridad forestal, al tiempo que se actualiza su calificación que data de los años 60.

Un capítulo especial mereció el tema de la relación entre los eucaliptos y la fabricación de pulpa de celulosa con la apicultura. En los últimos años se ha reiterado desde Gualeguaychú (y desde grupos “ambientalistas” uruguayos) que la plantación de esa especie ha generado la expulsión de apicultores, y que el funcionamiento de la fábrica de Fray Bentos ocasionará la muerte de las abejas. Tanto que en los conocidos cálculos de “lucro cesante” efectuados por la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú, a través de su autodenominado “Grupo de Alto Nivel Técnico” se incluye al sector apícola como pérdida total. Según informaron los directivos de la empresa, sus montes también sirven para pastoreo de 32.000 vacunos, 396 lanares y 780 equinos, en acuerdo con 79 productores, e incluyen 3.305 hectáreas de áreas protegidas. Pero, añadieron, Botnia tiene hoy 8.465 colmenas en producción, en acuerdo con 25 productores apícolas.  

¿Cuál es el origen, entonces, del temor sobre la producción de miel? Aparentemente, la confusión se originó cuando las autoridades sanitarias de Inglaterra informaran en 2003 que habían encontrado nitrofurano en un embarque de miel proveniente de Argentina. El nitrofurano es una sustancia residual que provoca el uso de algunos antibióticos en la cura de panales, y vuelve a la miel no apta para consumo humano. El furano, altamente tóxico, se utiliza en la fabricación de insecticidas. Se trata de productos no autorizados por las autoridades sanitarias argentinas, pero muchos productores utilizaron nitrofuranos fabricados por laboratorios ilegales, y lo usaron con tal intensidad que al menos 20% de la miel que iba a exportar el país resultó infectada; la miel argentina se desvalorizó severamente en los mercados, y las ventas cayeron sensiblemente hasta la actualidad. Ahora bien, como el conflicto por la instalación de las plantas de celulosa se originó precisamente en esos años, cuando Greenpeace y otros grupos ecologistas afirmaron que Botnia y Ence blanquearían la pulpa con cloro elemental, y que ello originaría la emisión de furanos, se supone que de allí viene la confusión. Del mismo modo en que los piqueteros afirman hoy que tienen los mismos efectos el cloro y el dióxido de cloro, se trataría de otra confusión por la cual se asocia el efecto de un antibiótico ilegal con los efectos de un método de blanqueo de pulpa de celulosa… que tampoco será el que se aplique.

Los directivos desmintieron por otra parte que la empresa prohíba a los apicultores instalar sus colmenas en los montes de eucaliptos: “Al contrario, siempre hay colmenas en los bordes de las plantaciones”, afirmaron. “Lo que no se puede pretender es que cualquier persona ingrese a cualquier lugar y de cualquier manera”.Añadieron que lo que sí ocurre es que del 15 al 20% de los ejemplares corresponden a la variedad Dunis, cuya floración demora unos cuatro años. “Si alguien viene a instalarse en esos montes, sencillamente le informamos que no tiene sentido”, explicaron. En el intercambio que tuvo lugar en la planta participaron también los gerentes Mauro Real de Azúa, Florencia Herrera y Gervasio González, acompañados de otros funcionarios jerárquicos. 

Racionalidad

Al término de la recorrida, en diálogo con la prensa local de Fray Bentos, Valentinuzzi destacó la seriedad de los estudios multidisciplinarios que precedieron a la construcción de la planta de pulpa de celulosa, así como la inconsistencia de los cuestionamientos efectuados. Destacó que las plantas de celulosa en Uruguay abren la posibilidad de “un proceso de industrialización en el litoral. Hablamos de Uruguay, de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe”.

“Estamos hablando de un polo de desarrollo productivo que genera trabajo y la posibilidad de que países hermanos se integren y tengan la posibilidad de discutir con países desarrollados condiciones de producción que nos permitan salir del estancamiento”, agregó. Valentinuzzi reconoció que los dos países tienen “muchas cosas que corregir” en materia ambiental, pero destacó que en el caso de Botnia está “todo previsto para que ante cualquier contingencia la situación pueda ser neutralizada; los efluentes nunca saldrán de la planta”. “Esto, bien hecho, no tiene por qué contaminar”.

Resaltó asimismo la necesidad de que las autoridades y la población asuman un papel vigilante en la defensa del ambiente, y expresó su confianza en que también Argentina participe en el monitoreo conjunto, que “es fundamental”. Se pronunció también a favor de la instalación de la empresa finlandesa Kemira para producir dióxido de cloro en la planta de Celulosa Argentina, en la provincia de Santa Fe. La instalación se da en el marco de un cambio de tecnología de blanqueado de pulpa de celulosa, que al presente se efectúa con cloro elemental y provoca contaminación. No obstante, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, ha reprochado a su par santafesino que “debilite” la oposición a la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay.

“La planta de Kemira en Santa Fe se tiene que construir”, postuló Valentinuzzi, “y los aserraderos de Corrientes y Misiones deben participar”. Señaló asimismo que “las plantas de celulosa en Argentina van a adaptarse a la misma tecnología que tiene Botnia”. Preguntado sobre la posibilidad de que, aún con los controles y medidas de prevención y mitigación previstas, se produzca un accidente que ponga en riesgo el ambiente, Valentinuzzi no tuvo dudas: “Si contamina, se cierra; como cualquier fábrica”.  Rechazó la modalidad del corte de ruta como forma de expresión, y consideró que esta “metodología política en última instancia sirve para encaramar en la Secretaría de Ambiente de la Nación” a una persona “sin la menor formación en el tema”, como Romina Picolotti. Ha servido también, comentó, para que su esposo pueda “vender cosas como fotos trucadas en Estados Unidos. No resiste la mínima dosis de vergüenza”.

El experto, que en lugar de recorrer 700 kilómetros debió completar una jornada de casi 24 horas ininterrumpidas para llegar a Fray Bentos (salió del puerto de Buenos Aires a las 08.00 del jueves para hacer por tierra el recorrido Colonia – Fray Bentos, y debió salir a la 1.30 del viernes de Montevideo hacia Colonia para llegar a Buenos Aires a las 06.00), manifestó su seguridad en que el conflicto con Argentina finalizará pronto por el solo transcurso de los hechos, cuando se compruebe la sinrazón de los temores. No obstante, alertó que una vez superado este episodio surgirán nuevas movilizaciones por distintos temas, y llamó la atención sobre la proliferación de sectores opuestos a todo emprendimiento productivo. Más allá de su ropaje ideológico, dijo, son tributarios del “neo malthusianismo” iniciado por el Club de Roma en 1968. “Para esa concepción, el mundo ha llegado al límite de su desarrollo posible y la Humanidad es un mal, una plaga que aqueja al planeta”.

Su “religión” catastrofista bloquea el desarrollo de los países atrasados, afirmó, y para ello fomenta el surgimiento de organizaciones que, con ingentes recursos financieros provenientes de los países centrales y de organismos internacionales, se oponen a todo emprendimiento en el sur. El sitio web de Estrucplan divulga trabajos académicos que cuestionan muchas afirmaciones generalmente aceptadas, incluyendo el origen humano del cambio climático. 

EcoUruguay, Jueves 5 de Julio de 2007  [DP, 149]      

 Un museo costoso que aún no abrió sus puertas 

“El Museo de la Memoria demandó una importante inversión de fondos públicos pero todavía no abrió sus puertas y sigue envuelto en la polémica. Más de tres años después de haber sido creado, no hay nada hecho en el ex predio de la ESMA para recordar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, ya se gastaron 140 millones de pesos en desalojar a los marinos del predio, uno de los reclamos motorizados por los organismos de derechos humanos.”

“El último grupo, el del Liceo Naval debe dejar sus instalaciones antes de 1º de octubre próximo. Sólo entonces las comisiones mixtas integradas por organizaciones civiles y los gobiernos nacional y porteño empezarán a definir qué se hará en ese predio de 40.000 metros cuadrados, 17 edificios y un enorme campo de deportes. Desde 2004 nada se decidió, confirmar los organismos de derechos humanos.”

“Mientras sigue el debate, el Estado ya gastó cinco veces más dinero que lo destinado a la lucha contra las drogas.”

(La Nación, 22-7-07) [DP, 153]  

La memoria no puede ser parcial 

“Frente a la decisión política, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, de reabrir las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado, y a nuestra incapacidad para transitar un camino hacia la reconciliación nacional, sin olvidar todo lo ocurrido en los años 70, corresponde que el análisis de nuestro pasado trágico sea hecho de manera integral.Con el voto de cuatro de sus siete miembros, el máximo tribunal de la Nación dispuso el viernes último la nulidad del indulto concedido por presidente Carlos Menem a un ex integrante del Ejército, Santiago Riveros, acusado de violaciones a los derechos humanos. Tal sentencia abrió la puerta a la anulación de otros indultos con los cuales fueron beneficiados numerosos militares a quienes se acusa de graves delitos cometidos durante el último régimen de facto.

Dos jueces de la Corte, Carlos Fayt y Carmen Argibay, votaron en disidencia. Ambos consideraron que la propia Corte, en 1990, se había pronunciado en favor de la legalidad del indulto que había favorecido al ex general Riveros, por lo cual no podía reabrirse este caso, en tanto la cosa juzgada es una garantía constitucional de derechos individuales. Fayt, además, sostuvo que no es posible aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Argentina en 1995, para delitos ocurridos mucho tiempo antes.

Distintos especialistas del derecho, a semejanza de Fayt, han sostenido que, más allá de la gran controversia que merecieron los perdones presidenciales dictados en 1989, los derechos adquiridos de los cuales gozan sus beneficiarios no puede desconocerse aplicando en forma retroactiva las leyes penales ni invocando tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país con posterioridad a los delitos en cuestión. La Constitución nacional no permite que sea aplicada una ley penal posterior al delito para incriminar hechos anteriores a su sanción, al tiempo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible. Si parece injusto que se aplique la ley penal de manera retroactiva, mucho más injusto resulta que se aplique sólo contra algunos, en virtud de criterios ideológicos o de conveniencia política.

Ante la doctrina que ha prevalecido en la Corte y frente a la virtual imposibilidad de cerrar las heridas que han dejado los enfrentamientos del pasado, deberíamos esforzarnos por condenar todos los crímenes de lesa humanidad, sin dejar que nuestra visión sea nublada por la ideología. El más alto tribunal de la Nación, ha sostenido que para que un crimen pueda ser considerado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, resulte imprescriptible, tendría que haber existido alguna intervención del Estado. Este criterio restrictivo choca con lo que dispone el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional, que ha establecido que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos, se menciona la persecución de un grupo o colectividad, con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover una política.

Es de particular importancia que se habla tanto de un Estado como de una organización, de lo cual se desprende que para el tribunal internacional es perfectamente factible que organizaciones terroristas sin apoyo estatal puedan cometer delitos de lesa humanidad. Al margen de la lamentable discriminación que viene haciendo la Corte, es destacable que, en las últimas semanas, se han conocido al menos dos denuncias presentadas por hijos de militares brutalmente asesinados por organizaciones guerrilleras entre 1974 y 1976, quienes plantean a los tribunales la necesidad de que se juzgue a los responsables de esos crímenes por tratarse de delitos de lesa humanidad. Ambas demandas adquieren particular fuerza dado que ponen énfasis en el apoyo estatal que esos grupos guerrilleros recibieron, especialmente durante el gobierno de Héctor Campora, en el que algunos dirigentes montoneros que sembraron la violencia y que fueron indultados por el presidente Carlos Menem ocuparon cargos públicos, además de la ayuda brindada por gobiernos extranjeros.

Por más de una razón, correspondería que la Justicia considere que el derecho a la vida no es sólo para algunos. Desde esta columna editorial, hemos sostenido en reiteradas ocasiones, frente a la violencia de los años 70, la necesidad de encaminarnos hacia una reconciliación nacional, que por ahora no parece fácil. Pero si se fragmenta caprichosamente la realidad, si la memoria y las lecciones del pasado no son asumidas de manera integral, sino como una forma de obtener venganza y prologar los conflictos, sólo lograremos retroalimentar odios y aquella ansiada reconciliación estará cada vez más lejos.”

(La Nación, Editorial, 17-7-07) [DP, 151]       

La memoria no puede ser parcial 

“Frente a la decisión política, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, de reabrir las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado, y a nuestra incapacidad para transitar un camino hacia la reconciliación nacional, sin olvidar todo lo ocurrido en los años 70, corresponde que el análisis de nuestro pasado trágico sea hecho de manera integral. Con el voto de cuatro de sus siete miembros, el máximo tribunal de la Nación dispuso el viernes último la nulidad del indulto concedido por presidente Carlos Menem a un ex integrante del Ejército, Santiago Riveros, acusado de violaciones a los derechos humanos. Tal sentencia abrió la puerta a la anulación de otros indultos con los cuales fueron beneficiados numerosos militares a quienes se acusa de graves delitos cometidos durante el último régimen de facto.

Dos jueces de la Corte, Carlos Fayt y Carmen Argibay, votaron en disidencia. Ambos consideraron que la propia Corte, en 1990, se había pronunciado en favor de la legalidad del indulto que había favorecido al ex general Riveros, por lo cual no podía reabrirse este caso, en tanto la cosa juzgada es una garantía constitucional de derechos individuales. Fayt, además, sostuvo que no es posible aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Argentina en 1995, para delitos ocurridos mucho tiempo antes.

Distintos especialistas del derecho, a semejanza de Fayt, han sostenido que, más allá de la gran controversia que merecieron los perdones presidenciales dictados en 1989, los derechos adquiridos de los cuales gozan sus beneficiarios no puede desconocerse aplicando en forma retroactiva las leyes penales ni invocando tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país con posterioridad a los delitos en cuestión.La Constitución nacional no permite que sea aplicada una ley penal posterior al delito para incriminar hechos anteriores a su sanción, al tiempo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible. Si parece injusto que se aplique la ley penal de manera retroactiva, mucho más injusto resulta que se aplique sólo contra algunos, en virtud de criterios ideológicos o de conveniencia política. Ante la doctrina que ha prevalecido en la Corte y frente a la virtual imposibilidad de cerrar las heridas que han dejado los enfrentamientos del pasado, deberíamos esforzarnos por condenar todos los crímenes de lesa humanidad, sin dejar que nuestra visión sea nublada por la ideología.

El más alto tribunal de la Nación, ha sostenido que para que un crimen pueda ser considerado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, resulte imprescriptible, tendría que haber existido alguna intervención del Estado. Este criterio restrictivo choca con lo que dispone el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional, que ha establecido que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre tales actos, se menciona la persecución de un grupo o colectividad, con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover una política.

Es de particular importancia que se habla tanto de un Estado como de una organización, de lo cual se desprende que para el tribunal internacional es perfectamente factible que organizaciones terroristas sin apoyo estatal puedan cometer delitos de lesa humanidad. Al margen de la lamentable discriminación que viene haciendo la Corte, es destacable que, en las últimas semanas, se han conocido al menos dos denuncias presentadas por hijos de militares brutalmente asesinados por organizaciones guerrilleras entre 1974 y 1976, quienes plantean a los tribunales la necesidad de que se juzgue a los responsables de esos crímenes por tratarse de delitos de lesa humanidad. Ambas demandas adquieren particular fuerza dado que ponen énfasis en el apoyo estatal que esos grupos guerrilleros recibieron, especialmente durante el gobierno de Héctor Campora, en el que algunos dirigentes montoneros que sembraron la violencia y que fueron indultados por el presidente Carlos Menem ocuparon cargos públicos, además de la ayuda brindada por gobiernos extranjeros.Por más de una razón, correspondería que la Justicia considere que el derecho a la vida no es sólo para algunos.

Desde esta columna editorial, hemos sostenido en reiteradas ocasiones, frente a la violencia de los años 70, la necesidad de encaminarnos hacia una reconciliación nacional, que por ahora no parece fácil. Pero si se fragmenta caprichosamente la realidad, si la memoria y las lecciones del pasado no son asumidas de manera integral, sino como una forma de obtener venganza y prologar los conflictos, sólo lograremos retroalimentar odios y aquella ansiada reconciliación estará cada vez más lejos.”

(La Nación, Editorial, 17-7-07) [DP, 151]       

  MILÁN MARTIC ES SENTENCIADO A 35 AÑOS DE CARCEL POR SUS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD  

por Emilio Cárdenas (*)

Publicada en Diario EL DERECHO de la Universidad Católica Argentina, 27 de junio dé 2007 

Asesinar a civiles inocentes en un “Conflicto interno” como el que sacudiera a la sociedad argentina en la década de los 70 es, a la vez, un “crimen de guerra’ y un “crimen de lesa humanidad”. Así lo acaba de decidir expresamente el Tribunal Penal internacional para la ex Yugoslavia en el caso que aquí comentamos (1). En consecuencia, los responsables de esos cobardes crímenes, sin excepción alguna, deben ser juzgados y, en su caso, condenados. Por su muy particular naturaleza, que ofende a la condición humana, esos crímenes son siempre imprescriptibles y no pueden ser objeto de perdones, indultos, o amnistías, que el derecho internacional rechaza de plano (2).

Entre nosotros, lo cierto es que tan solo una de las partes de ese ‘conflicto interno” ha sido y sigue siendo investigada. La otra, la de la guerrilla, goza de una inexplicable impunidad que ha sido impulsada y mantenida por ella misma y sus adláteres, ante la inexplicable pasividad de la sociedad toda. Peor aún, con algunos de sus ex miembros presumiendo ante todos el “mérito” de haber cometido actos criminales, de cobardía sin par, a punto tal de que son para el derecho internacional crímenes abominables. Y las víctimas civiles de su perfidia siguen frustradas; esperando una justicia que hasta ahora les ha sido negada.

Es oportuno advertir que frente a este estado de cosas existente —en mayor o menor medida— a ambos lados del Rió de la Plata, el ex presidente del Uruguay, Julio Maria Sanguinetti, acaba de recordamos a todos, con toda razón, que esos guerrilleros fueron precisamente quienes en su momento comenzaron con ‘las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mediante el asesinato y el secuestro (de civiles inocentes) y el ataque a unas instituciones democráticas que pretendían sustituirse por los principios de la revolución cubana (3). Lo que algunos jóvenes que no vivieron lo ocurrido en la década de los 70 seguramente no tienen en cuenta al evaluar lo entonces sucedido. Por esto es que el contenido da la sentencia recaída en el caso “Milan Martic”, debe ser ampliamente difundido. Y naturalmente tenido en cuenta por una jurisprudencia que, hasta ahora, lamentablemente, ha silenciado (por razones obvias) esta línea de precedentes y parece haberse inclinado por dejar absolutamente impunes a quienes, desde la guerrilla, asesinaron sin miramientos e civiles inocentes, cometiendo crímenes que el derecho internacional —reiteramos— define como de “lesa humanidad” y que han sido repudiados explícitamente por la comunidad internacional desde que se suscribieran la Convenciones de Ginebra de 1949, de aplicación tanto a los conflictos armados “internacionales”, como a los conflictos armados “internos”(4). 

El caso “Milan Martic” fue decidido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 12 de junio pasado. El proceso judicial respectivo había comenzado el 13 de diciembre de 2005 y concluyó el 12 de enero de este año. Durante el mismo se acumularon unas 11.000 páginas de labor, se tomó declaración a 67 testigos que siguen con vida y se admitió como prueba la producida por escrito por otros 33 testigos. Además, se aceptaron más de un millar de documentos que, por ella, se agregaron a la voluminosa causa.Martic, que habla estado prófugo por espacio de siete años, se entregó finalmente al tribunal, aceptando su jurisdicción, en 2002. Había sido formalmente acusado de ser el responsable de 19 distintos crímenes cometidos durante el conflicto armado “interno” que afectara la ex Yugoslavia durante la década de los 90.Entre ellos, 9 violaciones del derecho humanitario internacional definidas explícitamente por las leyes y costumbres de la guerra en el art 3°—común— de las Convenciones de Ginebra de 1949, incluyendo el asesinato de civiles inocentes, las torturas, los tratos crueles e inhumanos, la destrucción y saqueo de propiedades, y algunos otros crímenes abominables, de similar magnitud.

Además, de 10 crímenes “de lesa humanidad”, definidos por el art. 5° del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, incluyendo el asesinato de civiles inocentes, las deportaciones y otros actos de inusual crueldad, que son inaceptables para la comunidad internacional (5). Entre los crímenes cuya responsabilidad inoportunamente se atribuyera a Martic estaba el de genocidio, única acusación que, sin embargo, no prosperó en su contra.Los hechos investigados por el tribunal internacional oportunamente creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ocurrieron durante el conflicto que afectara a los Balcanes, en la región denominada de Krajina, en territorio de Croacia. Concretamente, se acumularon desde agosto de 1991 hasta fines de 1995. La acusación incluyó a Martic en una “Asociación ilícita para delinquir”.

Martic había nacido en noviembre de 1954, en Zagrovic, Croacia. En su juventud se desempeñó como policía, especializándose en cuestiones de seguridad. Luego, militó en el Partido Democrático Serbio de Croacia, que representaba los intereses de los croatas de nacionalidad serbia. Martic comandó fuerzas paramilitares que en su momento gozaron del apoyo del fallecido ex Presidente de Yugoslavia, Slovodan Milosevic y que actuaron —notoriamente- en el “conflicto armado Interno” que afectare a Croacia. Para el tribunal actuante, la búsqueda del objetivo de unificación territorial para todos los serbios fue el factor que puede considerarse como la “intención o propósito criminal común” que vinculara a Martic con sus seguidores en una serie de actos y actividades delictivas comunes —consumados con relaciones y contactos entre sus responsables que definieron la existencia de una verdadera “asociación ilícita”— los cuales, pese a haber generado una atmósfera de terror y violencia, no se tradujeron, sin embargo, en una ola de exterminio que hubiera, quizás, podido ser calificada como genocidio.

Esa “atmósfera” incluyó el bombardeo indiscriminado de Zagreb (ciudad capital de Croacia, densamente poblada) con misiles “Orkan M-87” y “Luna P-65”, incapaces de dirigirse a un objetivo o blanco específico, en el que fallecieron (al voleo) muchos civiles inocentes (6).

En esto hay ciertamente que destacar una suerte de conexión directa con una de las más horribles (y cobardes) tácticas utilizadas en la Argentina por la guerrilla en los 70, concretamente la de utilizar bombas o explosivos que causaron víctimas indiscriminadas entre la población civil inocente de nuestro país. No obstante la bajeza del proceder, las cosas se han desfigurado tanto entre nosotros que hasta algún actual legislador se vanaglorió abiertamente, en el pasado, en los diarios de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de haber enviado personalmente “paquetes bomba” a algunos empresarios (naturalmente “civiles inocentes”) con el objeto de eliminarlos o de causarles horrible daño físico; lo que es absolutamente increíble y muestra la profundidad de nuestra crisis de valores, dentro de la cual hasta se ha llegado a disfrazar a algunos crímenes imperdonables contra civiles inocentes como presuntas “hazañas” corajudas. El tribunal entendió que la conducta de Martic resultó absolutamente injustificable, desde que no vaciló un instante en cometer crímenes “de lesa humanidad” contra civiles inocentes, contra detenidos, o contra personas mayores, todos los que conforman grupos que, por ser “especialmente vulnerables, requieren una protección muy particular.

Es bastante obvio que en los crímenes de Martic coincidieron el elemento material (actus reus), esto es un conjunto de crímenes de derecho común que conformara una ola de violencia grave, que fueron cometidos en el marco general de un ataque generalizado y sistemático, que tuvo a la población civil de Croacia como blanco; con el elemento subjetivo (mens rea) desde que Martic sabía perfectamente bien que los crímenes de los que ha sido responsable eran parte de una campaña o estrategia bastante más amplia, puesta en marcha con objetivos políticos, que se estaba desarrollando, y que él mismo conducía. 

La caracterización precisa del asesinato de civiles inocentes

La sentencia comentada tiene, creemos, un valor muy especial entre nosotros, los argentinos. Porque ella, conforme al derecho internacional prevaleciente, define al asesinato de civiles inocentes en los conflictos armados “internos”, no sólo como “crimen de guerra”(7) sino también (simultáneamente) como delito de “lesa humanidad (8). Como ambas cosas, quede claro.Los civiles inocentes siempre estuvieron protegidos por el derecho humanitario. Porque nunca se los puede hacer blanco de la violencia. Jamás. Por motivo alguno. Tanto en los conflictos “internacionales”, como en los “internos”(9), sin distinción alguna. Por esto, Milan Martic, de confirmarse la sentencia, deberá cumplir treinta años de prisión contra los que, sin embargo, podrá acreditar los 1885 días de prisión preventiva ya consumidos, así como los que en más se agreguen durante el proceso de la apelación que seguramente comenzará ahora. Para nuestro país, un nuevo precedente jurisprudencial internacional que no puede ignorarse por parte de nuestros tribunales (incluyendo nuestra Suprema Corte de Justicia) y un paso más en dirección a terminar con lo que luce como una injustificable impunidad que beneficia a quienes parecen gozar de una suerte de “protección”, esto es quienes en la década de los 70, como Martic en los 90, cometieran crímenes “de lesa humanidad” contra civiles inocentes, que son imprescriptibles y no indultables, por los que todavía no han pagado, hasta ahora al menos.

Si el precedente es finalmente tenido en cuenta; nos ayudará a ser probablemente “algo menos cínicos respecto de nuestra capacidad de hacer respecto de las atrocidades en cuestión, y algo menos responsables cuando omitimos actuar como debemos”(10). 

(*) Ex embajador de la República Argentina ante la ONU

(1) Véase el texto de la decisión en http://www.un.org/icty/pressreal/2007

(2) Cárdenas, Emilio J. “Conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad”, en ED, 217-646.

(3) Sanguinetti, Julio María. “Nunca más el doble discurso”, en el diario “El País” de Montevideo, Uruguay, del domingo 17 de junio de 2007, Pág A15.

(4) Decreto ley 14.442/56. Ellas entraron en vigor en la Argentina el l7 de marzo de 1957.

(5) Véase la resolución 827/93 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 25 de mayo de 1993, en: WUÉNAEL, Mettraux: Internacional Crimes and Tribunels an the ad hoc Trbunals, Oxford University Pressa, pág. 384 y siguientes. El art 5to de esos Estatutos, recogiendo claramente la costumbre internacional prevaleciente, define —expresamente -- a algunos ‘Crímenes de lesa humanidad”, cuando éstos se cometen durante un conflicto armado, sea éste tanto internacional como interno, indistintamente. Entre ellos aparecen: los asesinatos de civiles inocentes y otros actos inhumanos (como los secuestros) que pudieran haberse cometido contra ellos. Sin margen alguna para la duda.

(6) Cabe destacar que el Tribunal Penal Internacional señaló específicamente que la existencia, en las cercanías, de blancos de naturaleza millar es irrelevante y no es, jamás, razón suficiente para “justificar” la comisión de un crimen de lesa humanidad, que es siempre absolutamente injustificable, cualquiera sea la pretendida razón invocada por el terrorismo. En su sentencia, el tribunal recordó que las “represalias” son siempre opciones de último recurso cuando todas las otras alternativas no pueden ser efectivas. Agregando que ellas deben tomarse previa advertencia a la contraparte, tomada al más alto nivel político de decisión y ser, siempre, proporcionadas a la violación inicial a la que responden y respetar el derecho humanitario internacional, lo que supone que ellas no nos, tampoco, excusa para asesinar, dañar o atacar a blancos o civiles inocentes. Nunca.

(7) Éste fue el cuarto cargo, separado, formulado por la fiscalía contra Martic.

(8) Éste fue el tercer cargo, separado, formulado por la fiscalía contra Martic.

(9) Desde el caso “Tadie”, decidido por el propio Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY, IT-94-1-AR72; 1995), la necesidad de preservar a los civiles inocentes se aplica en los conflictos “internos” tanto cuando éstos enfrentan a autoridades gubernamentales con “grupos armados organizados”, como cuando los enfrentamientos son entre distintos grupos, dentro de un mismo Estado.

(l0) WUÉNAEL, Mettraux, « Internacional Crimes... », cit., pág. 367.

 Publicado por AFyAPPA, 22-7-07 [DP, 152]        

 Elecciones Provincia de Córdoba - 2007 

Candidatos de Primero la Gente + PRO 

Jorge Ingaramo – Candidato a Gobernador.50 años. Nació en Morteros (CBA). Economista. Casado con tres hijos.  

Gastón Dueñas – Candidato a Vicegobernador.34 años. Nació en Río Cuarto. Empresario. Soltero.  Presidente del Concejo Provincial de Primero la Gente. 

Sebastián García Díaz – Candidato a Intendente. 35 años. Nació en Córdoba. Abogado (UNC). Es casado y tiene tres hijos pequeños. Presidente de Primero la Gente. 

José Luis Cavazza -  Candidato a Viceintendente.36 años. Nació en Córdoba. Contador (UNC). Empresario vinculado a las Iglesias Cristianas Evangélicas. Es casado y tiene cuatro hijos.  

Candidatos a Legislador Provincial - Distrito Único 

1) Sebastián Christian Mansur31 años. Nació en Córdoba. Abogado (UNC). Casado. Una hija pequeña. Miembro de PRO / Córdoba. 

2) Paula Allub.36 años. Nació en Buenos Aires. Arquitecta (UCC). Soltera.Secretaria General de Primero la Gente.  

3) Gastón Dueñas. 

4) Olinda Rotea 65 años. Martillera y Corredora Inmobiliaria. Secretaria de la Asociación Inmobiliaria de Carlos Paz. Casada, 3 hijos y 1 nieta. 

5) Walter Galanti 64 años. Nació en Paraná. Licenciado en Ciencias Económicas (UNC). Casado, 3 hijos. 

Candidato a Legislador Provinial - Dpto. Capital 

Luis María Caballero.30 años- Nació en Córdoba. Abogado (UNC). Es casado, sin hijos. Vicepresidente de Primero la Gente. Director de CIVILITAS. 

 Candidatos a Concejal 

1) Marisel González 43 años. Nació en Córdoba. Maestra de Nivel Inicial. Casada con cuatro hijos.  Larga militancia social y en el Peronismo 

2) Hector Gomez 61 años. Nació en Córdoba. Editor de Programas Radiales y Televisivos. Diplomado en Periodismo Político. Larga trayectoria en el Justicialismo. 

3) Gonzalo Ruiz 24 años. Nació en Córdoba. Estudiante de Marketing. Soltero. Presidente de la Juventud de Primero la Gente. 

4) María del Carmen Páez 58 años. Nació en Córdoba. Contadora (UNC). Casada con dos hijos. Responsable Area Social y Discapacidad de Primero la Gente.  

Amnistía Internacional le dice "adiós" a los católicos 

LONDRES, 20 Ago. 07 (ACI).- La organización Amnistía Internacional (AI) “le ha dicho definitivamente adiós a los católicos”, señaló esta semana el Obispo católico británico Michael Evans, al comentar la decisión de la organización de convertirse en promotora del aborto a nivel mundial, al concluir la semana pasada su reunión en Ciudad de México.AI concluyó su reunión de coordinación en la capital mexicana con un comunicado en el que reafirma la decisión de dejar la posición neutral respecto del aborto y convertirse, en adelante, en promotora del “derecho” al aborto de las mujeres en los países donde aún el asesinato de niños no nacidos es ilegal.

Mons. Evans, Obispo de East Anglia en Inglaterra, y hasta ahora uno de los más importantes líderes católicos miembros de Amnistía Internacional, señaló en una nota de prensa que la decisión pro-abortista marca la ruptura definitiva con el espíritu de su fundador, el converso católico británico de 46 años Peter Benenson, que creó la organización con el apoyo del Vaticano y con una postura inicial pro-vida. “Esta lamentable decisión casi con seguridad dividirá a la membresía de Amnesty y en consecuencia socavará su vital trabajo en favor de los torturados y los presos de conciencia,” agrega el Prelado. “Entre todos los derechos humanos, el derecho a la vida es fundamental. El compromiso para trabajar en ‘proteger al ser humano’ solo se verá puesto profundamente en riesgo por cualquier tipo de apoyo al aborto”.

Mons. Evans señala además que la Iglesia Católica comparte con Amnesty un firme compromiso contra la violencia contra la mujer, pero “no puede compartir la violencia cometida por el aborto contra la más vulnerable e indefensa forma de vida humana en el vientre de una mujer”.En el comunicado, el Prelado anuncia su renuncia a su membresía de 31 años a Amnesty y alienta a los católicos de su país a expresarle a la organización el mismo mensaje de rechazo a su nueva política.  “No existe derecho humano al aborto y Amnesty debió haberse mantenido al margen incluso en los casos que considera extremos”, dice Mons. Evans, quien concluye señalando que su renuncia a la organización convertida en abortista no implica que dejará de luchar personalmente contra la tortura y a favor de la libertad de los presos de conciencia en el mundo.         

 ARGENTINA: CONFERENCIA INTERNACIONAL ABORTISTA.

Por Juan C. Sanahuja 

Del 13 al 17 de agosto se reunió en Buenos Aires la Conferencia Internacional de Salud para el Desarrollo que fue convocada por el Ministerio de Salud de la Argentina para fijar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (ODM) en el marco de la declaración de Alma Ata (1978). Asistieron 60 ministros de salud y representantes de organismos internacionales. La reunión fue auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa para el Desarrollo de la ONU, el Fondo para la Población de la ONU, CEPAL, MERCOSUR, Unión Europea (proyecto FEAPS). La convocatoria en Buenos Aires podría ser interpretada como un premio internacional al gobierno que en menos tiempo impuso la cultura de la muerte en un país. El gobierno del presidente Néstor Kirchner puede sin duda ostentar ese lamentable título, y su ministro de salud ser distinguido como el “mejor ejecutor”, (vid. NG 698, 699, 701, 746). 

Conferencia abortista

El médico abortista Ginés González García, el ministro de salud de Kirchner presidió el encuentro. Como presidente honorario participó Halfdan Mahler, director general de la OMS desde 1973 y 1988, y posteriormente secretaro general de la Internacional Planned Parenthood Federation (IPPF), la internacional del aborto y la perversión de menores. No podían faltar en la mesa directiva la médica abortista argentina Mirta Roses Periago, directora de la OPS (vid. NG 528) y la nueva directora general de la OMS, la china Margaret Chan. “En estos años (desde Alma Ata), ha habido un progreso extraordinario en la comprensión de la salud sexual y reproductiva (…) la planificación familiar sólo puede tener lugar cuando las mujeres obtienen la libertad respecto de sus cuerpos (…) Mi posición es muy clara: creo en el derecho de la mujer a decidir. (…) La legislación debe garantizar el acceso al aborto seguro”, declaró Mahler a Página 12 el 19-08-07.  

Los Objetivos del Milenio

La conferencia llevó el nombre de “Buenos Aires 30-15”. Los números significan: el 30 por el 30 aniversario de la Conferencia de la OMS en Alma Ata (06 al 12 de septiembre 1978) -celebrado con más de un año de antelación-, y el 15 porque el 2015 es el año límite para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. Recordemos que la Declaración de Alma Ata fue el documento internacional que al crear el concepto de Atención Primaria de la Salud incorporó en él “la asistencia maternoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia”. De ahí en más en sucesivas interpretaciones y reinterpretaciones de los organismos internacionales se llega al “derecho al aborto”; a la distribución de anticonceptivos, muchos de ellos abortivos; al “derecho” a la esterilización; a declarar a los menores como objetivo de las políticas de salud reproductiva; a la abolición de la patria potestad en esas cuestiones de salud, aborto “confidencial” para menores; a considerar violencia contra la mujer a las leyes que prohíben o limitan el “derecho” al aborto; etc.Y si ha esto le sumamos los Objetivos del Milenio para el Desarrollo llegamos al cierre de un capítulo de la reingeniería social anticristiana.

Especialmente ténganse en cuenta el objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; el objetivo 4: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años; y el objetivo 5: Mejorar la salud materna. Todos eufemismos para justificar el crimen del aborto, entre otras aberraciones. (Vid. entre otros, NG 620, 622, 643, 732, 736, 739, 765, 836, 851). 

¿Salud para todos?

En 1978 se lanzó el lema Salud para todos en el año 2000, reiterando la definición perversa de “salud” de la OMS: “La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental”. Es decir, si la salud es un estado de bienestar físico, mental y/o social, se puede, por ejemplo, abortar; matar a un enfermo que desequilibra la comodidad o el presupuesto familiar o los fondos de la seguridad social, y, según como se interprete hasta deshacerse de un vecino molesto. (Vid. NG 728)

“La Declaración de Alma-Ata de 1978, que estableció la meta de ‘Salud para Todos en el año 2000’, enunciada como: ‘la obtención para toda la población mundial de un nivel de salud tal, que les permita llevar una vida social y económicamente productiva’”, declaraba en 1999, la entonces directora de la OMS, Gro Harlem Brundtland, reafirmando la idea central del "nuevo paradigma de la salud" de la OMS, las medidas para favorecer la salud de los pueblos y las personas son tomadas teniendo en cuenta sólo el factor económico, (vid. NG 04,188, 667) El nuevo paradigma de la salud, fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 1992. Consiste en la aplicación del principio de costo beneficio a la salud. Otro ex-director general de la OMS, Hiroshi Nakagima dijo en la presentación del paradigma: "Las diferencias biológicas y genéticas de las personas pueden limitar su potencial de salud y la salud es un requisito previo para el pleno disfrute de los demás derechos humanos", y continuaba, “la OMS está presionada a ser selectiva. (…) Por ejemplo, en supervivencia infantil poco sentido tendría para un niño sobrevivir a la poliomielitis tan sólo un año, para morir de paludismo el año siguiente, o no tener un crecimiento que le permita llegar a ser un adulto sano y productivo”. (Vid. Nakagima, H., A la 89 reunión del Consejo Ejecutivo, Ginebra, 20-01-92; y A la 45 Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 5-05-92, OMS 1992).

El nuevo paradigma de la salud, excluye a millones de personas del derecho a la salud y es incompatible con una vida y visión cristiana de la existencia. El mismo Nakajima declararía: “la ética judeo-cristiana no podrá ser aplicada en el futuro”. Quizás por eso mientras transcurría la Conferencia de Buenos Aires los periódicos de esos días daban cuenta de las muertes por hambre de indígenas en la provincia de El Chaco (vid. La Nación 03/09-08-07; Clarín 15-08-07). 

NOTICIAS GLOBALES, 22 agosto 2007 

   Los 10 mitos Argentinos acerca de la industria de pulpas

Por: Dra. Maria Cristina Area[i] 

23/8/2007  

  1º MITO: Las fábricas de pulpa celulósica no son un buen negocio

Argentina tuvo como política de Estado promocionar la actividad forestal otorgando subsidios desde 1948 a través de diferentes mecanismos, por entender que se trataba de una actividad económica, social y ambiental importante. Desde el año 1999 con la Ley Nacional 25.080 se promueve la actividad foresto-industrial. La vigencia de la ley es de diez años y la meta durante ese periodo es la plantación de 2 millones de hectáreas (ley aprobada por unanimidad). Según documentación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, los datos de 1998 indicaban que el PBI del sector foresto-industrial en Argentina alcanzó US$ 4,5 mil millones, representando alrededor de un 1,6% del PBI total argentino en este mismo año. El principal segmento generador del PBI sectorial es la industria de productos de madera sólida con un 65%. El restante 35% está relacionado a la industria de celulosa y papel (28%) y la silvicultura (7%). El mismo documento destaca que antes de la reciente crisis política y económica experimentada, la previsión de inversiones en el sector foresto-industrial para el período 2001-2007 era de, al menos, US$ 3.800 millones, siendo casi 70% orientado al segmento de celulosa y papel. La misma Secretaría apunta que, probablemente, tales previsiones difícilmente se concretarán, dada la incertidumbre en cuanto a la situación política y económica del país. En el 2000, el papel y la celulosa fueron los principales productos forestales exportados por Argentina. Juntos, representaron un 58% del monto total de las exportaciones de productos forestales en el mismo año.

En la Mesopotamia Argentina se concentra el 70% de la superficie forestada del País, alrededor de 1.150.000 has, a su vez en la Región Misiones y NE de Corrientes se concentra el 48%, correspondiéndole a Misiones el 32%. El sector foresto-industrial de Misiones, con 318.000 hectáreas forestadas, con 640 aserraderos, 3 plantas de pulpas celulósicas, 1 fábrica de MDF, más de 1000 carpinterías y 7 fabricas laminadoras y de maderas contraenchapadas, genera 37.000 puestos de trabajo en forma directa y 100.000 más en forma indirecta. El Sector foresto-industrial representa el 54% del PGB (producto bruto geográfico), siendo esta actividad económica la que menos superficie abarca. En Corrientes, el Censo foresto-industrial de octubre de 2005 dio como resultado la existencia de 243 Aserraderos y 313 carpinterías.La actividad forestal se convierte en ambiental y económicamente sostenible a partir de lo que se denomina el "uso integral de la madera".

Los rollizos de tamaño importante son orientados a los aserraderos, mientras que los raleos (árboles de corta edad y pequeño diámetro que deben cortarse para que los otros crezcan), se dirigen a la producción de pulpa celulósica, tableros, bioenergía, etc. Los residuos de buena calidad producidos por los aserraderos (costaneros) se astillan y se envían también a pulpado. Con la madera y los residuos de calidad inferior se producen tableros reconstituidos (MDF, aglomerado, etc.).El concepto de industria integrada más reciente se ha dado en llamar "La biorefinería forestal". Al respecto, en Estados Unidos ha iniciado un programa de investigación intensivo (que finalizará en 2020) sobre ocho puntos principales, que involucran la capacitación avanzada de mano de obra, un funcionamiento ambiental superior, la productividad sostenible del bosque, la recuperación y utilización de fibra, nuevas materias primas, nuevas tecnologías de productos compuestos (tipo fibras de madera-plástico, biodegradables), mejoras en el uso de energía y el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Entre los aspectos resaltantes se encuentra lograr una producción forestal sustentable, aprovechando la totalidad del árbol y de los residuos, para generar, además de la pulpa celulósica, una gama de productos químicos de alto valor agregado a partir de estos recursos renovables. 

2º MITO: Las plantaciones forestales son la principal causa de la desaparición de los bosques naturales

Los bosques nativos protegen la biodiversidad, proporcionan madera, leña y otros productos forestales, evitan la erosión, regulan el ciclo hidrológico, retienen el carbono y frenan el cambio climático.Uno de los tipos de impacto ambiental asociado a la industria de pulpa y papel es el de producir agotamiento de los recursos naturales. Puede tratarse de la explotación de los bosques naturales, o bien, la eliminación de áreas de bosque nativo para extender plantaciones de pino y eucalipto. Sin embargo, la industria de las pulpas celulósicas no es la principal causante del deterioro de los bosques.En algunas partes del mundo, todavía se queman bosques para establecer grandes plantaciones y pasturas para la agricultura y la ganadería extensiva. El consumo de leña también ejerce una presión importante. El 55% de la madera que se extrae anualmente se usa como combustible, ya sea como leña o para producir carbón vegetal.

La industria maderera se ha identificado como la gran amenaza de la mayoría de estos bosques. Se considera que la extracción depredadora de madera es una de las mayores amenazas, que afecta a más del 70 por ciento de los bosques primarios del planeta. El comercio de madera es sin duda la causa principal de la pérdida de bosques, no sólo en los trópicos, sino también en los países templados y boreales que todavía tienen importantes bosques autóctonos.Las plantaciones en tierras degradadas por el uso agrícola o la deforestación, proporcionan servicios como control de la erosión o absorción de dióxido de carbono, además de suministrar una fuente de productos forestales y fibras.

Las plantaciones administradas y utilizadas según principios ambientalmente sostenibles no chocan con consideraciones ecológicas, sino que aseguran su productividad constante y su conservación.Esto significa una explotación sostenible, pero también, un uso equilibrado del ecosistema forestal sin producir daños a la productividad del suelo ni a la biodiversidad.Lo importante es lograr el equilibrio entre los bosques naturales e implantados. En Misiones, por ejemplo existen unas 500.000 ha de bosques naturales protegidos, y algo de 300.000 ha de plantaciones. 

3º MITO: Podremos vivir sin consumir papel

El papel se fabrica a partir de recursos renovables. Es un producto natural, biodegradable y reciclable.Es un material cotidiano para cientos de millones de personas y es un medio fundamental para los negocios y la administración.El consumo promedio per capita de papel varía en el mundo, de más de 300 kg/persona en Estados Unidos, a más de 150 kg/persona en Europa Occidental y poco más de 10 kg/persona en los países en vías de desarrollo. Según datos de AFCP, el consumo nacional aparente de todo tipo de papel en el año 2004 fue de 2.036.828 toneladas. Considerando 39 millones de habitantes, el consumo per capita sería de 52,2 kg/año/hab, el más alto consumo histórico de latinoamérica. En los últimos años, debido a los grandes cambios tecnológicos y la revolución de la información, el consumo de papel continúa aumentando. Globalmente, las fuerzas impulsoras de este incremento son los niveles económicos y de instrucción, el uso cultural del papel, las publicidades y los envases de alimentos. Sin embargo, esto no explica las grandes diferencias de consumo entre Estados Unidos y los países europeos, de equivalente nivel cultural. Estudios recientes europeos han hecho hincapié en el consumo sustentable de papel. Este concepto es multi-dimensional y complejo, ya que combina factores sociales, culturales, económicos, ambientales y tecnológicos. Entre sus recomendaciones figuran, el desarrollo de la conciencia social acerca del uso racional del papel, así como su deposición, para colaborar con la reciclabilidad del residuo. También, incentivar el uso de las marcas de papel con sellos ecológicos, que identifican a los productos elaborados de forma sostenible.Asimismo, realizar campañas informativas acerca del costo ambiental de los papeles de excesiva blancura. 

4º MITO: Las fábricas de producción de pulpas kraft producen una gran contaminación

La contaminación ambiental es la incorporación a los recursos naturales (aire, agua y suelo), de sustancias nocivas y molestas, en calidad y cantidad que puedan provocar un daño sanitario, económico, ecológico, social o estético. Esta contaminación no es exclusiva de la acción del hombre, si bien es una de sus principales causas. Toda acción del hombre, hasta su propia existencia, genera contaminación. Es así que los efluentes urbanos suelen ser la principal causa de contaminación de algunos ríos.Todos las procesos de producción de pulpas celulósicas presentan algún grado de contaminación, pero actualmente algunos procesos han avanzado tanto en las medidas de mitigación (eliminación) que sus emisiones son mínimas. El grado de contaminación que presentan hoy las fábricas de pulpa celulósica modernas, es comparable a la de cualquier otra industria.

La principal materia prima para fabricar pulpa celulósica es la madera, la cual está formada por fibras de celulosa unidas mediante una substancia denominada lignina. También contiene otras substancias denominadas hemicelulosas y extractivos.En el pulpado químico, las astillas de madera se cuecen con productos químicos adecuados en solución acuosa a temperaturas y presiones elevadas. Estos métodos eliminan la mayor parte de la lignina, pero también degradan una cierta cantidad de celulosa y hemicelulosas, por lo que el rendimiento en pulpa es cercano al 50% (por cada tonelada de madera se obtiene media tonelada de pulpa).

El proceso de pulpado kraft es dominante en el mundo (80% de la producción mundial). Esto se debe a la calidad superior de sus pulpas (poseen elevadas resistencias y se aplican a cualquier materia prima) y a que cuenta con un sistema de recuperación de reactivos químicos, que además de minimizar su descarga al efluente, genera la energía que necesita la fábrica para funcionar. La pulpa cruda (sin blanquear) se caracteriza por un color marrón oscuro, y se utilizan en papeles bolseros (de azúcar, cemento, etc.) y cartones para embalajes.El proceso kraft consiste en dos ciclos fundamentales: el proceso de pulpado (producción de pulpa marrón) y el proceso de recuperación de reactivos químicos. Al finalizar el pulpado, se separa la pulpa del líquido, denominado licor negro. Este contiene los reactivos químicos inorgánicos residuales y los materiales disueltos de la madera. El proceso de recuperación consiste en una serie de etapas, que comienzan con el quemado del licor negro en una caldera donde se genera energía (a partir de la materia orgánica que contienen), y se recuperan los químicos originales para ser recirculados a la etapa de cocción.

Debido a este eficiente sistema de recuperación, la producción de pulpas kraft marrón (no blanqueada) presenta un efluente líquido fácilmente tratable con un tratamiento primario y secundario de efluentes. Una de las principales críticas que se le hace a este proceso es el olor desagradable que desprenden. Esto se debe a compuestos azufrados denominados mercaptanos, que se producen, sobre todo, en los digestores (donde se trata químicamente la madera) y en la caldera de recuperación (donde se quema la materia orgánica). Estos compuestos no se consideran tóxicos, aunque algunos estudios relacionan el olor con problemas respiratorios.

La emisión de estos compuestos se reduce a valores imperceptibles instalando calderas de bajo olor y sistemas que capturan e incineran estos gases. Los gases se canalizan a hornos especiales, y en algunos casos se instalan hornos de emergencia. El control periódico de los niveles de olor se realiza con equipos especiales (cromatógrafos gaseosos móviles). 

5º MITO: El blanqueo con dióxido de cloro produce una peligrosa contaminación

El mayor cuestionamiento que reciben las fábricas de pulpa kraft es el blanqueo. Para obtener pulpas blancas, la lignina debe ser totalmente eliminada. Esto se realiza en varias etapas, tanto por razones técnicas como económicas.La planta de blanqueo es la principal fuente de contaminantes de las fábricas de pulpa y papel kraft (50-75% del efluente total). La cantidad y naturaleza de los contaminantes varía según la secuencia utilizada, especie de madera y proceso de pulpado. Los reactivos de blanqueo en general no se recuperan, y son descargados luego del tratamiento de efluentes. Por esto, la industria se orienta actualmente al cierre casi total de circuitos de agua de la fábrica, incluyendo a la planta de blanqueo.El blanqueo de pulpas químicas ha utilizado históricamente cloro o hipoclorito de sodio (lavandina). Sin embargo, debido al descubrimiento de que estos sistemas generaban compuestos orgánicos policlorados (dioxinas y furanos) producidos por la combinación del cloro con la lignina, los sistemas de blanqueo han sido modificados substancialmente en los últimos 20 años.

Dado que estos compuestos son bioacumulables y pueden ser tóxicos, genotóxicos y mutagénicos, se realizó una fuerte inversión en investigación y desarrollo para lograr procesos que no los produzcan.La eliminación del cloro elemental se llevó a cabo sustituyéndolo por otros reactivos, tales como el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el ozono, generando nuevas secuencias de blanqueo. Estas secuencias se denominan ECF (blanqueo libre de cloro elemental), que emplea dióxido de cloro en lugar de cloro elemental, y TCF (blanqueo totalmente libre de cloro), que incluye el uso de reactivos químicos basados en oxígeno (ozono y peróxido de hidrógeno). A nivel mundial, las pulpas ECF dominan el mercado. Esto se debe a que se logran mayores blancuras, menor reversión (no se amarillean) y menor deterioro de la resistencia de la pulpa. En la década de 1990, los países escandinavos y Alemania prefirieron el proceso TCF, por creerlo más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, actualmente también se están volcando hacia el proceso ECF. Sin embargo, según los resultados de las investigaciones de la última década, no existen diferencias mensurables en los ambientes acuáticos con vertidos de fábricas ECF o TCF tratados con un tratamiento secundario biológico adecuado.

Ni las tecnologías ECF ni las TCF formaron niveles mensurables de dioxinas en sus procedimientos de blanqueo respectivos. Un claro ejemplo es la nueva fábrica Stendal en Alemania, uno de los países con legislación medioambiental más exigente en el mundo. Se inauguró en agosto de 2005, fabricando mayoritariamente pulpa kraft ECF, pero tiene la capacidad de fabricar TCF de acuerdo con las demandas del mercado. Una pauta importante que evidencia el cambio en la contaminación al pasar del blanqueo con cloro al ECF es la recuperación sostenible de ecosistemas acuáticos afectados a través del mundo, que fue posible por la casi completa eliminación de dioxinas. Las alertas de consumo de pescados, río abajo de las fábricas de pulpa y papel están desapareciendo rápidamente en el mundo. Desde 1990, las autoridades de diferentes estados en USA han emitido alertas de dioxinas en 25 ecosistemas río abajo de las fábricas de pulpa y papel, representando el 83% de estos ecosistemas. En el informe de 1996, había alertas en 18 cuerpos de agua. En 2004, solamente 8 ecosistemas tenían alarma de dioxinas, comprendiendo el 0,2% de los cuerpos de agua con alertas (el resto corresponde a otro tipo de industrias, no papeleras).

La EPA (Agencia de Protección Ambiental de estados Unidos) predice que todas las alarmas en cursos de agua relacionado con la industria papelera se levantarán cuando la totalidad de los sistemas de blanqueo se conviertan a ECF (o sea que en USA también quedan algunas fábricas que blanquean con cloro). Las investigaciones y desarrollos tecnológicos hacen que los procesos vayan evolucionando día a día. Existen evidencias científicas, apoyadas en experiencias realizadas a nivel laboratorio e industrial, que indican fuertemente que la tecnología ECF es más ambientalmente y económicamente compatible que la tecnología TCF. 

6º MITO: Cualquier país puede contaminar libremente.

A partir de los años 90, en la mayoría de los países desarrollados se iniciaron fuertes presiones sociales y gubernamentales para disminuir la contaminación producida por las fábricas kraft. Las propuestas actuales para transformar al proceso kraft en una tecnología más limpia, se han tratado en Comités Internacionales, que definieron acciones para limitar las emisiones y descargas.En diciembre del año 2001, una Comisión Europea (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) emitió un documento de referencia donde se establecen las Mejores Técnicas Disponibles para la Industria de Pulpa y Papel (Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry, BAT). En este documento, de 509 páginas, se cubren los aspectos ambientales más relevantes de la fabricación de pulpa y papel a partir de distintos recursos fibrosos en diferentes tipos de fábricas.Las BAT identifican a la última etapa de desarrollo disponible (_estado del arte_) de las instalaciones, procesos, o métodos de operación, que indican la adecuación práctica de un proceso u operación particular, para limitar las descargas. Consideran también: la viabilidad económica del control de la contaminación, los tiempos límites de aplicación y la naturaleza y volúmenes de las descargas.

Además de lo anterior, este documento establece los niveles permisibles de los diferentes compuestos que estas fábricas pueden emitir al agua (efluentes líquidos), al aire (efluentes gaseosos) y a la tierra (residuos sólidos). Estos niveles garantizan la sostenibilidad de los recursos. Es así que desde el año 2001, la industria de pulpa y papel europea se maneja con el compromiso internacional de cumplir dichas pautas, y limitar sus emisiones a los niveles permitidos.El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPS) en sus Partes II y III, (Categorías de fuentes), establece que las dioxinas y furanos se forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas.

Las Partes firmantes (Argentina y Uruguay suscribieron en 2001 y reconfirmaron en enero de 2005) se comprometen a adoptar medidas para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos, con la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente.El acuerdo implica la exigencia de utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de los productos químicos mencionados. Requiere, asimismo, el empleo de las mejores técnicas disponibles y de las mejores prácticas ambientales (combinación más adecuada de medidas y estrategias de control ambiental).

En el Convenio de Estocolmo se definen las formas más adecuadas de fabricación de pulpas celulósicas y papel, abarcando desde la recepción de la madera en la fábrica, hasta el secado de la pulpa final. Incluyen también la generación y manipulación de productos químicos, el sistema de recuperación y el blanqueo. 

7º MITO: Los países más desarrollados quieren contaminar a los menos desarrollados

Según datos actuales de la FAO, Estados Unidos es el principal productor de pulpa química del mundo, con 29.015.000 toneladas por año, seguido por Canadá (12.576.000 t/a), Japón (8.949.000 t/a), Finlandia (7.440.000 t/a) y Brasil (7.317.000 t/a). Como puede observarse, estamos hablando de cuatro países altamente desarrollados, y uno que se encuentra en vías de serlo.

Finlandia, pese a su importante producción de pulpa química, ocupa el primer puesto en el Índice de Sustentabilidad Ambiental del 2005 (ESI por sus siglas en inglés) que incluye 146 países. Además de lo anterior, Finlandia es el país más transparente del mundo, según el último informe de Transparencia Internacional (TI). Es una de las naciones donde mejor se vive y donde la ausencia de corrupción es casi absoluta. Todos cumplen las reglas, desde los ciudadanos hasta los funcionarios.La pregunta es entonces, ¿porque vienen empresarios de este país a instalar una fábrica de pulpa celulósica en América del Sur?

En principio, estamos hablando de un país pequeño, de aproximadamente 338.000 km2, que posee 19 fábricas de pulpa (Argentina tiene 3.761.274 km2 y 9 fábricas de pulpa). Es lógico entonces que busquen otro lugar donde instalar más fábricas de pulpa, dado que los productos forestales son básicos en su economía. Sumado a lo anterior, quien conoce el tema forestal, y ha estado en algún país de esas latitudes, reconoce fácilmente la ventaja competitiva que poseen nuestros países en cuanto al crecimiento de las plantaciones. Sobre todo por cuestiones climáticas, la velocidad de crecimiento de nuestros árboles, en volumen de madera, es cerca de cuatro veces mayor que en los países nórdicos.

La elección de nuestros países para la instalación de estas fábricas pasa a ser lógica. Ahora bien, ¿es perjudicial? Cualquier país de la Unión Europea tiene el compromiso de cumplir con la legislación de la UE en cualquier país en que instale sus fábricas. Además, tanto Argentina como Uruguay han suscripto el Convenio de Estocolmo con las obligaciones que eso conlleva. Es decir que, en teoría, ninguna fábrica que se instale actualmente debiera tener la capacidad de contaminar más allá de lo que la legislación internacional lo permite, y esta legislación es sumamente restrictiva.

Depende de la habilidad política de nuestra clase dirigente el convertir estas inversiones en una ventaja económica y ambientalmente sostenible. 

8º MITO: Como las fábricas antiguas contaminan, las nuevas también contaminarán

Como puede verse en lo explicado anteriormente, los desarrollos y la definición de las Mejores Tecnologías Disponibles tienen menos de una década En los últimos 5 años, se realizaron importantes avances en el diseño de ingeniería de los procesos deproducción y de mitigación. Los cambios se centraron en la disminución de la generación de emisiones y residuos en general, y perniciosos en particular, la recirculación del agua utilizada y el tratamiento de los efluentes. Es así que las fábricas más antiguas, obviamente no cuentan con todos los elementos de mitigación y tratamiento de efluentes que son exigibles actualmente. Cuando alguien dice "hace 40 años que venimos soportando el olor", es absolutamente cierto. Las tecnologías de mitigación de olor son nuevas y debieran estar instalándose ahora.

Algunas fábricas han ido modernizando sus procesos de blanqueo, sobre todo aquellas con mayores conflictos por problemas de contaminación. La tan citada fábrica de Pontevedra en España, por ejemplo, cambió totalmente su sistema de blanqueo en 1994, pasando a un sistema totalmente libre de cloro. Otras han pasado del blanqueo con cloro al dióxido de cloro, y otras han incorporado etapas de deslignificación con oxígeno. Aunque parezca inconcebible, algunas fábricas no cuentan con tratamiento secundario de efluentes, imprescindible para degradar las substancias orgánicas disueltas en el mismo.De todas maneras, es más sencillo instalar una fábrica moderna, dotada de toda la tecnología "anticontaminación" que adaptar a las fábricas antiguas. Cuando se habla de instalar una fábrica nueva (lo que se llama "greenfield"), habría que seguir 3 pasos básicos para asegurar que será una fábrica "limpia".En principio, hay que exigir que cuente con todos los avances tecnológicos que harán de ella una fábrica de baja contaminación.

Los organismos estatales competentes deber realizar la Evaluación del Impacto Ambiental de la industria propuesta, basado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Asimismo, es imprescindible verificar que la fábrica cuente con todos los elementos de mitigación y tratamiento de efluentes establecidos como Mejores Tecnologías Disponibles (BATs) por los organismos internacionales. Como segunda medida, y para asegurar lo anterior, debe realizarse una rigurosa inspección de las instalaciones previa al otorgamiento de la Habilitación Industrial. Finalmente, y para asegurar el buen funcionamiento de la fábrica desde el punto de vista ambiental, deberán realizarse estrictas inspecciones y controles periódicos de los efluentes, tanto cuando la fábrica se encuentra en períodos de régimen normal, como durante los períodos de puesta en marcha.  

9º MITO: La industria de pulpa y papel no puede ser una tecnología limpia

La aplicación de las mejoras recomendadas para transformar a todas las fábricas existentes en ábricas más limpias es más difícil que en las nuevas por instalar, pero puede realizarse.En general, en los países más avanzados en legislación ambiental, poseen leyes específicas para la idustria de pulpa y papel, donde se establecen parámetros adecuados a las emisiones de estas fábricas. Este es el caso, por ejemplo, de Canadá. Como los controles son muy estrictos, las multas son muy fuertes cuando las fábricas se exceden en los valores aceptados para esos parámetros en los vertidos. También se realiza el monitoreo continuo (cada 3 meses) de la calidad de los ríos (fisicoquímica y biológica), aguas arriba y aguas abajo de la fábrica, para verificar eventuales alteraciones.Como primera aproximación a un correcto cuidado ambiental en nuestros países, además de revisar la adecuación de la legislación existente, es imprescindible que se destinen los recursos económicos necesarios para el correcto funcionamiento de los organismos encargados de asegurar su cumplimiento.Es imprescindible trabajar sobre dos medidas legislativas.

En principio, elaborar una ley que promueva el uso de las Mejores Tecnologías Disponibles (BATs) en las fábricas existentes de pulpa y papel del país. Ésta debería tomar como modelo a la Directiva 96/61 de la Comunidad Europea del 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. En ella se establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. En el caso de la industria de pulpa y papel se basa en las definiciones de las BATs. La ley propuesta se enmarcaría en la "Política Nacional de Producción Limpia", elaborada por el Programa Nacional de Promoción de la Producción y Consumo Sustentable (PNPPyCS). La ley debería incluir la realización de estudios de línea de base (estado actual de la situación del río, aguas arriba y abajo) de todos los ríos sobre los que se vierten efluentes industriales. Además, la realización de un relevamiento de la situación tecnológica de las fábricas existentes, y de sus vertidos. Adicionalmente, debiera exigir un plan de actualización tecnológica basado en las BATs, y prever un plan de otorgamiento de tiempos razonables y líneas de créditos blandos a las empresas para cumplir con esa exigencia. Para esto último, podría buscarse financiamiento de organismos internacionales.

 Debería convocarse a la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) para suscribir un acuerdo sectorial que permita avanzar en el sentido propuesto. Por último, debiera formarse una Comisión de Seguimiento. La segunda medida consiste en la adecuación de la legislación actual, adecuando los parámetros exigidos a los requeridos para la industria papelera (DBO, DQO, AOX, toxicidad, etc.) y los niveles exigidos a esos parámetros de acuerdo con lo que se estime conveniente para mantener el estado de los recursos. La legislación deberá revisarse y actualizarse periódicamente, de acuerdo con las mejoras tecnológicas que permitan disminuir los niveles establecidos. Para que todo este proceso sea exitoso, es imprescindible la definición del organismo de control, y sobre todo, establecer claramente cual será el presupuesto que se otorgue al mismo para cumplir con su tarea, el cual deberá ser suficiente para ello.Esta modificatoria (o anexo), deberá incluir la realización el monitoreo continuo de los ríos (cada 3 o 6 meses), para verificar que no se altere su calidad fisicoquímica y biológica.  

10º MITO: La única solución del conflicto con Uruguay es que las fábricas no se instalen

Si quedó en claro lo anterior, podemos coincidir en que hoy en día existen las tecnologías para reducir al mínimo la contaminación producida por la industria de pulpa y papel. En fábricas nuevas, solo basta con ajustar la legislación, exigir el cumplimiento de las BATs, y verificar el cumplimiento de los valores permitidos durante su funcionamiento. El conflicto con Uruguay no es insalvable, si se cuenta con la buena voluntad de todas las partes involucradas. Según mi criterio, muy técnico, personal y alejado de la política, por cierto, debiera conformarse una Comisión Binacional de Expertos, con participación de profesionales de las fábricas involucradas. Esto significa, reunir a los máximos investigadores científicos (no funcionarios) de ambos países, en el área ambiental y celulósico-papelera. La presencia de los técnicos de las fábricas (ingenieros a cargo) garantizaría la comunicación e información.Esta comisión debiera rever los proyectos y verificar la presencia de todos los elementos de proceso, mitigación y tratamiento de efluentes, establecidas como Mejores Tecnologías Disponibles en los tratados internacionales y el Convenio de Estocolmo.

Si faltara algún elemento, las Empresas debieran asumir el compromiso de incorporarlo.Una vez asegurada la limpieza tecnológica de las fábricas, debiera entrar en plena vigencia el Estatuto del Río Uruguay, que establece el régimen jurídico sobre el mismo, cuya reglamentación se denomina Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, y fue firmado por ambos gobiernos el 26/02/1975. Este establece la existencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada, entre otras cosas, de controlar la contaminación del río.Específicamente, el Capítulo XIII en su artículo 56, expresa que La Comisión desempeñará las funciones de dictar las normas reglamentarias sobre conservación y preservación de los recursos vivos y prevención de la contaminación; además de coordinar entre las autoridades competentes de las Partes la acción en materia de prevención y represión de ilícitos.

.Esto significa que esta comisión binacional tiene el poder de establecer los parámetros y niveles de descargas al aire, agua y suelo que ambos países estimen convenientes (los cuales pueden ser tan restrictivos como se quiera) y además, es la encargada de controlar que eso se cumpla. Esto garantiza una total participación de nuestro país en el control de la contaminación de las fábricas que se instalen sobre el río. Finalmente, todo se reduce a la calidad personal, los conocimientos y la integridad de los miembros de esa comisión para que sea un organismo confiable y eficiente. 

¿Cuándo y cómo derrotar al kirchnerismo?

Por Mariano Grondona

 “En uno de sus últimos discursos, la señora de Kirchner afirmó que con su esposo pretenden fundar un período de poder comparable al que inauguró la Generación del Ochenta, un período, dijo, de cien años. Los Kirchner pretenden nada menos que gobernar de por vida, como si fueran una monarquía.”

“Quiere decir que aquello contra lo cual deben luchar los opositores no es una candidatura más sino un proyecto de largo plazo que, de tener éxito, sometería a la próxima generación de los argentinos a un poder perpetuo. Todo el poder, todo el tiempo: ésta es la íntima consigna del kirchnerismo. La naturaleza de la ambición de los Kirchner cambia de cuajo lo que estará en juego el 28 de octubre: no ya la competencia entre varios proyectos normales, republicanos, de gobierno, contra otro proyecto no republicano, sin límites ni plazos.La asimetría entre los dos tipos de proyectos que se enfrentarán el 28 de octubre confiere dramatismo a la pretensión de los candidatos republicanos, cuya tarea ya no se será simplemente vencer sino detener, mientras puedan, una dictadura potencial. El objetivo natural de los opositores no tiene por lo visto un mero alcance político, ganar el próximo gobierno, sino un alcance institucional: salvar a la República.Cuándo y cómo lo harán? El peligro institucional que hoy se cierne sobre la República induce a defenderla cuanto antes. ¿Pero es práctica, es factible, la intención de detener al kirchnerismo ya? De un lado, urge derrotarlo antes de que pueda desarrollar plenamente su designio dictatorial. Del otro, apresurar la búsqueda del objetivo con vistas a un inmediato desenlace, ¿no llevaría a frustrarlo?

Los griegos designaron con la rara y enigmática palabra kairós, que podríamos traducir aproximadamente por el tiempo oportuno, la condición misma de la vida política. Por eso, nos hemos preguntado aquí antes por el cúando que por el cómo del combate republicano. La idea detrás del kairós es que, siendo en un tiempo posible lo que en otro tiempo no lo es, acertar con el tiempo oportuno es una condición decisiva del arte político. ¿Cuándo habría que dar entonces la batalla decisiva contra el kirchnerismo? Dos escuelas de pensamiento se desarrollan al respecto entre nosotros. Cuando el genial Aníbal invadía Roma en medio de la Segunda Guerra Púnica, hubo generales apurados que salieron a desafiarlo con resultados catastróficos. Pero el cónsul Fabio, también llamado el contemporizador, eludió enfrentarlo apostando al tiempo, induciéndolo a lo que los historiadores militares llaman una guerra de desgaste. Agotados sus recursos y sin el apoyo de su lejana madre patria, Aníbal se dio al fin por vencido retirándose a Cartago.

Hoy, Macri es nuestro Fabio. Si bien se vio tentado después de su rotundo éxito en la Capital, renunció a dar batalla el 28 de octubre. Optó por esperar. Macri supone que desafiar a los Kirchner de aquí a dos meses sería prematuro por dos razones. Primero, porque la bonanza económica, clave constante de los triunfos gubernamentales, todavía está vigente. Segundo, porque la oposición, aun si triunfara, estaría todavía, como la Alianza lo estuvo en 1999, demasiado verde para gobernar. Mejor esperar entonces que el kirchnerismo complete el curso del desgasta que ha iniciado. El kairós vendría entonces, según esta visión, recién en 2011, cuando a un gobierno nacional en pleno desgaste lo enfrente el jefe eventualmente exitoso de la Capital.

Para perfeccionar esta perspectiva fabiana, podría decirse que el kairós republicano vendrá no ya en 2011 sino en 2009 porque, como ya se ha visto en las experiencias de Alfonsín en 1987 y de Menem en 1997, la caducidad del oficialismo se adelanta por dos años, no en una elección presidencial sino en la elección intermedia anterior, cuando el Presidente ya no puede polarizar sus huestes para la batalla final, Sería correcto imaginar que esta estrategia contemporizadora es apoyada también por otro gran tiempista: el ex presidente Duhalde.”

(La Nación, 26-8-07) 

Un grave error estratégico

Por Jorge Castro

 “El mayor desafío que afrontan hoy los Estados es la capacidad de prever; que es la cualidad que permite adelantarse al curso de los acontecimientos. Prever no es conocer antes el futuro, que, por definición, no existe todavía. Prever es ver antes que los demás, ¿Qué es lo que se puede ver? Las tendencias dominantes de una época determinada que actúan sobre el presente y comienzan a moldear el porvenir. El conflicto suscitado con la República Popular China a raíz de la decisión oficial de limitar la importación de una serie de productos provenientes de ese país y de otros del sudeste asiático hace que esta apreciación adquiera hoy más vigencia que nunca.

La prioridad estratégica de la Argentina es su reinserción en el escenario internacional. No hay mayor error estratégico que desconocer el significado de China en la actual fase de la globalización. En términos de su producto bruto interno, China acaba de desplazar a Alemania y es ya la tercera potencia económica mundial, después de Estados Unidos y Japón. Todas las estimaciones indican que, aun disminuyendo a la mitad su actual ritmo de crecimiento, China será en 2040, en términos cuantitativos, la primera economía del mundo.

Pero en los últimos cinco años, lo más importante del fenómeno chino no fue su crecimiento. Al fin de cuentas, China aumenta su producto bruto a un promedio del 9 % anual acumulativo desde hace más de un cuarto de siglo. Tampoco el hecho de que, junto a Estados Unidos, haya consolidado su condición de principal fuente de atracción de la inversión extranjera directa de las transnacionales. Resulta ahora más significativo que desde la oficialización de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en noviembre de 2001, China protagonizó un formidable salto cualitativo en su nivel de inserción en la economía mundial. La suma de sus exportaciones más sus importaciones crece a un ritmo superior al 30 % anual. La relación del comercio exterior chino en su producto bruto interno es la más elevada del mundo emergente y uno de los más altos del mundo. Alcanza ya al 75 %. Con sus 1350 millones de habitantes China tiene un grado de apertura semejante al de Holanda y avanza aceleradamente a alcanzar un nivel arancelario similar al de Hong Kong. Después de Canadá, ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero también, el mayor mercado para las exportaciones japonesas, lo que ha permitido salir de la depresión crónica a la segunda economía del mundo.

En este contexto, existe un aspecto crucial para la Argentina. El principal problema político y social de China es alimentar al 22 % de la población mundial con sólo el 7 % de los recursos hídricos y de las tierras arables del planeta. Las estadísticas oficiales revelan que China cuenta para alimentar a su gigantesca población con una hectárea arable cada diez personas. El promedio mundial es de una hectárea arable cada 4,4 personas.Desde 1979, China ha cuadriplicado su ingreso por habitante. Es un ritmo de expansión inédito en la historia mundial. Con una particularidad: el mejoramiento del nivel de vida de 1350 millones de personas que vivían en una situación de infraconsumo se expresa inmediatamente en un notable aumento del consumo de alimentos y, en términos de mediano y largo plazo, en un cambio de la dieta que implica el pasaje de los granos a las proteínas, del arroz a las carnes. La avidez de soja del mercado chino está directamente vinculada a la alimentación del ganado necesario para abastecer una demanda de carnes blancas y rojas en constante aumento. Para los países exportadores de alimentos, entre los que ocupan un lugar destacado la Argentina y sus socios del Mercosur, el escenario mundial de principios del siglo XXI, signado por el boom asiático, encabezado por China, pero que incluye también a la India y a los demás países de la región, presenta una notable semejanza con el de fines del siglo XIX, cuando el gigantesco proceso de industrialización de Gran Bretaña generó durante décadas un mercado interno en continua expansión. Con una diferencia: este mercado en expansión permanente comprende aproximadamente a la mitad de la población mundial.

El Mercosur está en condiciones de erigirse en el primer exportador mundial de alimentos, por encima incluso de los Estados Unidos. Chile, con su proverbial lucidez estratégica, tomó la delantera y se convirtió en el primer país de Occidente que suscribió un tratado bilateral de libre comercio con China.En las condiciones que plantea un mundo cada vez más globalizado, la posibilidad de dar un salto cualitativo en materia económica y social depende de dos factores fundamentales. El primero es la existencia de una perspectiva estratégica favorable en el escenario mundial. El segundo, la definición de una estrategia nacional apropiada para aprovechar esa oportunidad. Es obvio que el horizonte internacional es extremadamente favorable para la Argentina. En cambio, la adopción de medidas como las anunciadas para frenar las importaciones desde China y de los demás países asiáticos que, según reza la resolución oficial, son de trabajo intensivo, demuestra que, al igual que sucede, por ejemplo, con el conflicto con Uruguay por las plantas celulósicas y con el litigio con Chile por el abastecimiento de gas, las exigencias de la política interna de corto plazo prevalecen, una vez más, por sobre el interés nacional de largo plazo. Es exactamente lo contrario de la obligación inexcusable de prever; esa condición indispensable para adelantarse a los acontecimientos históricos, que habrán de producirse inexorablemente, con la Argentina o sin ella.”

(La Nación, 26-8-07)