Los agujeros negros que tiene la ley de gastos de campaña
“Hecha la ley, hecha la trampa, reza el refrán. En este caso, la víctima sería -otra vez- la ley de financiamiento de los partidos políticos, si se comprueba que los 800.000 dólares venezolanos que ingresó Guido Antonini Wilson en nuestro país en agosto pasado iban a solventar la campaña presidencial del oficialismo. La norma vigente prohibe taxativamente el aporte de fondos por parte de entidades o gobiernos extranjeros.
La ley de financiamiento de los partidos políticos se sancionó en 2002 para intentar reparar el descrédito en el que habían caído los políticos tras la crisis de diciembre de 2001. Si bien fue aplaudida en su momento, los partidos políticos (en especial, el oficialismo) no tardaron demasiado en incumplirla o en buscar atajos para zafar de los límites que allí se establecen. Lejos quedó aquel espíritu de búsqueda de una mayor transparencia que bregaban los políticos a comienzos de 2002. De hecho, la propia Cristina Kirchner, por entonces senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue una de las abanderadas de la ley de financiamiento de los partidos cuando aquel 23 de mayo -día en que se aprobó la norma- rescató la necesidad de transparencia que reclamaba la sociedad.Estamos tratando una norma donde el bien jurídico tutelado es la necesidad de reducción del gasto y del costo político que ha sido demandado por la sociedad. No sólo por una cuestión del gasto en sí mismo, sino esencialmente porque en la sociedad argentina existe la convicción, la certeza, de que los ingentes gastos políticos que demanda una campaña electoral convierten a los partidos del sistema democrático en presas fáciles de capturar por parte de los grupos económicos, que son normalmente los que aportan a las campañas, fueron sus premonitorias palabras.No bien se sancionó, la ley debutó con problemas.
En 2003, la Justicia detectó que los balances de los tres candidatos presidenciales del justicialismo, Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, mostraban diferencias entre el monto de gastos de publicidad acreditados y lo declarado por los candidatos.Tres años después, la jueza federal María Servini de Cubría acudió en su auxilio y, en un polémico fallo, aseveró que los candidatos no violaron la ley, pues no sabían que las contrataciones proselitistas que hicieron consultoras, agencias de publicidad e imprentas iban a favorecerlos. El fallo, cuestionado por la oposición, y por el mundo académico y jurídico, provocó que la ley de financiamiento de los partidos políticos se modificara a fines del año pasado; se prohibió que terceros contrataran publicidad a favor de un candidato y, de paso, se aumentó el límite de gastos autorizados para las campañas.También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los partidos políticos buscaron eludir las obligaciones que impone la ley.
Recientemente, la Legislatura porteña sancionó una virtual amnistía que benefició a todos los candidatos que participaron en las elecciones para jefe de gobierno porteño que burlaron la ley local.Nosotros hicimos un simulacro de los costos de la campaña porteña y concluimos que, por la cantidad de contrataciones publicitarias realizadas, la campaña electoral debió haber costado cinco veces más que lo que declararon tanto Filmus como Macri y Telerman, enfatizó Pablo Secchi, de Poder Ciudadano. Secchi lamentó el manoseo de la ley tanto por parte de los partidos políticos como de la Justicia, a excepción de la Cámara Nacional Electoral, aclaró. Pese a que existe la ley, hay financiamiento oculto a los partidos, sostuvo. ¿Qué controles se están ejerciendo sobre la última campaña presidencial? Según los plazos que estipula la ley, a fines de enero próximo los partidos políticos deberán presentar el informe final sobre los aportes públicos y privados que recibieron para solventar sus respectivas campañas. El oficialismo declararía gastos totales por casi 20 millones de pesos.
El problema es que siempre aparece un flujo de dinero que se escurre de los controles oficiales. ¿Cuántas valijas como la venezolana habrían pasado sin que hayamos podido detectarlas? Lamentablemente, siempre hay atajos para eludir los controles, sostuvo Cristian Gruemberg, de Cippec.”
(La Nación, 23-12-07)
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