azulyblanco

 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL 

Capital                         47,4 %

Asalariados                  38,6 %

Cuentapropistas           14   % 

“Aunque en los últimos dos años hubo una leve mejora, el reparto del ingreso sigue siendo negativo para los que viven de su trabajo. Un fenómeno que afecta, en especial, a los más precarizados, según datos oficiales.

En 2005, los ingresos del sector empresario alcanzaron el 47,4 %, cuando en 1993 -inicio de la nueva serie estadística oficial- era de apenas el 33,7 % del valor agregado total, según los datos del INDEC. Esta porción empresaria del 47,5 % del año pasado supera cualquier registro alcanzado durante los años de la convertibilidad.

El balance neto de 12 años -primero bajo la convertibilidad, luego con la recesión y crisis de 2001/02 y ahora con la recuperación- marca que se produjo una fuerte transferencia de ingresos de los asalariados y cuentapropistas a los sectores empresarios por el equivalente a 13,7 puntos de la torta nacional. A valores de 2005, esa pérdida, o ganancia (según el lado del que se mire), en la participación de la riqueza creada representan unos 60.000 millones de pesos anuales.

De los 13,7 puntos que aumentó la rentabilidad empresaria entre 1993 y el año pasado, 3,7 puntos fueron a costa de los trabajadores formales, 2,4 puntos a expensas de los empleados informales y 7,6 puntos de los trabajadores independientes.”

(Ismael Bermúdez, Clarín, 29-10-06) 

LA INFLACIÓN AUMENTÓ LA DEUDA

 “La inflación es la suba sostenida del nivel general de precios en un período determinado.”

“Los perjuicios de la inflación son letales: es el impuesto no legislado más regresivo, el que más castiga a las personas de menores ingresos.Además de su efecto letal sobre los más pobres, hay otras derivaciones de la inflación, como, por ejemplo, la evolución del stock de deuda pública. Entre junio de 2005 y junio de 2006 si se analiza cuánto cambió la deuda por inflación se aprecia que se incrementó unos 6820 millones de dólares por este concepto.”

“La variación del IPC [índice de precios al consumidor] acumulada en los últimos 12 meses es del 10,4 por ciento.”

(Nadín Argañaraz, Fundación Mediterránea, La Nación, 29-10-06)

 [DP, 94]  

EL CANDIDATO DE LOS MILITARES 

“Cuando era gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner siempre se mantuvo más cerca de los sectores militares de su provincia que de los organismos defensores de los derechos humanos, según aseguraron a LA NACIÓN algunos allegados al Presidente que aún lo acompañan en funciones del gobierno nacional.”

“Esa buena relación nació de un acuerdo entre Kirchner y el Ejército, que se produjo en 1987, mediante el cual los militares le dieron su voto a Kirchner y lo ayudaron a ganar la intendencia de Río Gallegos, cargo que desempeñó hasta 1991 y que le sirvió para ascender en su carrera.”

“Ese acuerdo, en rigor, lo tejió Ricardo Del Val, un viejo caudillo peronista santacruceño. El 4 de agosto de 1987, Del Val, que era candidato a gobernador de Santa Cruz, se reunió con el entonces jefe de la X Brigada con asiento en Río Gallegos, el general Heriberto Auel, de reconocida trayectoria castrense.”

“El apoyo militar fue así decisivo para el primer triunfo de Kirchner en las urnas, que ganó la intendencia por alrededor de sólo 100 votos. En otras palabras, sin el voto militar no hubiera triunfado.”

“Esa buena relación desembocó en la amistad entre Kirchner y el general Roberto Bendini, que ocupó años más tarde el mismo cargo que Auel y que, desde 2003, es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Nadie imaginaba por entonces que, llegado a la Presidencia, Kirchner embestiría contra los militares como lo hizo y que reflotaría los juicios contra los represores del proceso.En las elecciones de 1987, además de Kirchner, ganó Del Val, que ocupó la gobernación durante dos años y luego fue removido por un juicio político que impulsó el propio Kirchner. En lugar de Del Val asumió el vicegobernador José Ramón Granero, dirigente del desarrollismo aliado del PJ y actual titular de la Secretaría de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico (Sedronar).

Del Val, principal mentor de Kirchner, terminó así empujado al abismo por propio intendente al que ayudó a subir. En la actualidad, el Presidente cuestiona a los sectores castrenses, pese a que gracias a ellos comenzó la exitosa carrera electoral que lo llevó a la Presidencia.”

(Mariano Obarrio, La Nación, 29-10-06) 

[DP, 94]

NUEVO AGRAVIO A SAN MARTÍN 

Los diarios de la fecha anuncian que el 30 de octubre fue presentada ante la Secretaría de Cultura de la Nación una solicitud para que el Gobierno permita hacer un análisis de ADN al cadáver del general José de San Martín. Según se alega, el día 4 de ese mes la Cámara de Diputados declaró de interés “la determinación de la verdad histórica respecto del origen mestizo del general San Martín” (Clarín, 4-11-06).

Uno de los firmantes del pedido es el historiador Hugo Chumbita que declaró a Clarín que “el verdadero padre biológico del general San Martín habría sido el marino español don Diego de Alvear y Ponce de León, quien en ocasión de sus viajes por las ex misiones jesuíticas, lo habría concebido con la joven aborígen Rosa Guarú, rebautizada Rosa Cristaldo, criada de la casa de los San Martín, y quien fue la nodriza del niño”. 

Esta tesis de Chumbita ya fue rechazada por unanimidad en el Segundo Encuentro Internacional Sanmartiniano, realizado en Buenos Aires en Agosto de 2000. Si insiste, con el apoyo, en este momento, de presuntos descendientes de San Martín, que alegan derechos subjetivos a su propia identidad, parecería ser por motivos ideológicos. En efecto, hace cinco años afirmó que si el general volvió al Río de la Plata fue porque “era un mestizo y sufría en carne propia la injusticia del sistema colonial. Se alzó, desafiando al mundo de su padre. Transformó su humillación en rebeldía política” (Clarín, 16-7-01). 

Para refutar la tesis mencionada, baste mencionar un documento, al que hace referencia el propio Chumbita: el libro de doña Sabina de Alvear y Ward, hija de don Diego de Alvear y de su segunda esposa, la inglesa Luisa Ward, titulado “Historia de D. Diego de Alvear y Ponce de León”, publicado en Madrid, en 1891.

Es cierto que don Diego estuvo en Yapeyú, con motivo de haber integrado una comisión mixta demarcadora de límites, creada como consecuencia del Tratado de San Ildefonso, entre España y Portugal, firmado el 1-10-1777. Recordemos, sin embargo, que San Martín nació el 25-2-1778, y según la biografía citada: “fue nombrado por España Diego de Alvear a propuesta del Cuerpo General de la Armada con el título de Comisario de la demarcación de límites en 30 de marzo de 1778”, es decir, un mes después de nacido José de San Martín. 

Además, continúa el relato biográfico: “No hubo de surtir efecto este primer nombramiento por oposición que a los marinos hizo el Virrey de Buenos Aires, Sr. Vértiz, que propuso otras personas de su devoción, por lo que aquellos fueron relevados por el Ministro de Indias, Sr. Gálvez, pero no accediendo el Rey en su ilustrada imparcialidad a este arreglo, ...fueron presentados y nombrados definitivamente en 1783 los capitanes de navío y de fragata José Varela y d. Félix Azara...y el mismo Alvear, reelegido a propuesta de los sres. Mazarredo, Tofino y Varela, que tan conocida tenían su superior inteligencia para aquellas ciencias”[1].

Es decir, que cuando quedó firme el nombramiento del presunto padre de San Martín, éste tenía ya cinco años. 

Otro dato significativo surge del informe oficial que confeccionó el propio don Diego, sobre el trabajo realizado, del que existe copia en la Biblioteca Nacional: recién en diciembre de 1783, partió de Buenos Aires, para efectuar la demarcación de los ríos Paraná y Uruguay[2].Se estima, además, que Don Diego estuvo en el pueblo de Yapeyú, recién en el año 1792, cuando San Martín tenía 14 años[3].

 En conclusión, se debería rechazar, sin más trámite, este pedido absurdo y carente de fundamentación. No hacerlo, implicaría un agravio gratuito a la memoria del Padre de la Patria, inferido por las propias autoridades de la República. 

 [DP, 100]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Como una manera modesta de contribuir a difundir la vida de San Martín, hemos creado un sitio, que estamos ajustando, para que resulte útil como banco de datos sintéticos sobre los principales aspectos que todo argentino debería conocer acerca del Padre de la Patria: http://forosanmartiniano.blogia.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]  Alvear y Ward, Sabina de. “Historia de don Diego de Alvear y Ponce de León”; Madrid, 1891, p. 23.

[2]  Sarcona, Diego Ignacio. “San Martín y la cuestión de su origen filiatorio: reflexiones críticas”; en  Revista Desmemoria, Nº 26, 2do. cuatrimestre 2000, p. 30.

[3]  Díaz Araujo, Enrique. “Don José y los chatarreros”; Mendoza, Ediciones Dike-Foro de Cuyo, 2001, p. 52.

La corrupción en la Argentina 

“Lejos de los índices de crecimiento que mostró la economía en los últimos tiempos, la Argentina no logra salir del estancamiento en su lucha contra la corrupción del Estado.

La administración de Néstor Kirchner se encuentra este año con un puntaje de 2,9 sobre un total de 10, en el ranking del índice de percepción de la corrupción (IPC) que realiza Transparencia Internacional en todo el mundo. Desde 2003, el país no logra superar los tres puntos del IPC. Alcanzar niveles similares a los de Canadá, los Estados Unidos, Noruega e incluso Chile parece ser todo un sueño.”

“Con el mejor nivel de percepción en su pelea contra la falta de transparencia pública (9,6), Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda lideran la lista. Pero por encima de la Argentina también están Chile, Colombia, Uruguay, Jamaica, Brasil, India y Panamá, entre otros.”

(La Nación, 6-11-06) 

200.000 usurpadores en Buenos Aires 

“La tendencia no hace más que acentuarse: en los últimos dos años se duplicó el número de usurpadores que viven en casas y edificios tomados en la Capital Federal. Las cifras indican que hoy 200.000 personas -100.000 más que en 2004- residen en inmuebles ocupados ilegalmente en los 48 barrios que tiene la ciudad.

Los datos se desprenden de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Legislatura porteña, que además precisa que en la Capital hay otras 70.000 personas que viven en inquilinatos y 70.000 más que residen en hospedajes y alojamientos.”

“Voceros del gobierno porteño dijeron a La Nación que sólo se actúa cuando se trata de edificios públicos tomados o viviendas que están por ser entregadas. Y agregaron que durante el último año y medio se les dieron contención social y subsidios de hasta 500 pesos mensuales de por vida a unas 4100 familias de usurpadores que en ese período habían sido desalojadas.”

(La Nación, 6-11-06) 

Deuda pública: dentro de 10 años, representará sólo el 40 % del PBI 

“El peso de la deuda pública representa un esfuerzo de ahorro fiscal permanente aunque, gracias al crecimiento económico sostenido, su relación con el Producto Bruto Interno (PBI) bajará de 66 a 40 por ciento en los próximos diez años, aseguró ayer la ministra de Economía, Felisa Miceli.”

“La deuda pública pasó de 8 mil millones de dólares a mediados de los setenta a más de 63 mil millones en 1991, y luego, en 2004, a más de 190 mil millones de dólares, producto del endeudamiento requerido para sostener la convertibilidad primero, y los costos de su derrumbe, después, recordó Miceli.”

(Página 12, 31-10-06)

 [DP, 95]

Según datos del INDEC, aumentó el costo de vida en noviembre. La familia tipo (matrimonio y dos hijos),  necesita mensualmente para adquirir:

Canasta básica total (que marca el nivel de pobreza)                     $ 879,07

Canasta básica alimentaria (que marca el nivel de indigencia)        $ 403,25

(Fuente: La Nación, 8-12-06)

FORO AZUL Y BLANCO 

PELIGRO INMINENTE: LA RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO CEDAW 

El primer día del mes, el Senado de la Nación dio media sanción a la ley de ratificación del Protocolo del CEDAW -por 32 votos a favor y 12 en contra-, proyecto que pasó a la Cámara de Diputados.  Se trata de un instrumento internacional, vinculado a la “Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer”, del año 1979.

La Argentina aprobó esta Convención en 1980, por Ley 23.179, haciendo reserva del Art. 29, p. f), que establece que, en caso de controversia sobre la interpretación o aplicación de esta Convención, cualquiera de las partes puede someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia. La reserva se hizo por considerarse que lo previsto en dicho artículo significaba resignar soberanía. Por el mismo motivo, no se ratificó, hasta ahora,  el llamado Protocolo Facultativo, anexo a ésta Convención, que otorga a un Comité -conocido por sus siglas en inglés, CEDAW- atribuciones para imponer recomendaciones a los Estados, que deben modificar su legislación interna, para adaptarla a esas recomendaciones.

Por ejemplo, el Comité le manifestó a Paraguay en el mes de enero del año pasado, su preocupación porque no ha derogado la penalización del aborto. Precisamente, ese es el objetivo prioritario que persiguen varias asociaciones y dirigentes políticos, al gestionar la ratificación. Baste recordar, que el 10-6-02, en un acto público en la Universidad de Buenos Aires, la Sra. María José Lubertino declaró: “Tenemos que presionar para que se ratifique cuanto antes el Protocolo Facultativo de la Convención, porque esto los obligaría a la legalización del aborto por imposición internacional”.La Sra. Lubertino, fue designada recientemente Presidente del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), y afirmó que la ratificación del Protocolo sería una cuestión prioritaria para su gestión (Página 12, 29-9-06). 

Recordemos que ésta Convención, forma parte de la Constitución Nacional, desde la reforma de 1994 -según lo fijado en el Art. 75, inc. 22. En cambio, el Protocolo Facultativo, como el nombre lo indica, es opcional; no existe ninguna obligación por parte de los Estados de adherir a él. En realidad, de los 183 países que hasta el momento ratificaron la Convención, sólo 79 ratificaron su Protocolo. 

Esto se suma a la declaración del Ministro de Salud, Dr. Ginés González en el sentido de que “hay que despenalizar el aborto”, para disminuir la probabilidad de muerte femenina, por abortos clandestinos. Según las feministas: “Se calcula que en el país se realizan aproximadamente 500 mil abortos clandestinos anuales, de los cuales alrededor de 500 provocan la muerte por infección generalizada”[1].

En realidad, las cifras son abultadas, a propósito, para convencer de que la despenalización es inevitable, para evitar un mal mayor. Pues se acepta a nivel mundial que habría una muerte materna cada 1.000 abortos que se hacen en aquellos países que lo penalizan y, por ende, son clandestinos. En la Argentina, el Ministerio de Salud publica las llamadas “Estadísticas vitales”, que incluyen los nacimientos y defunciones. Uno de los datos registrados es el número de muertes causadas por aborto, sin distinguir entre abortos provocados o espontáneos. La última estadística que conocemos corresponde al año 2002: el Ministerio informó de 100 muertes causadas por aborto; esa cifra demuestra que la cantidad máxima de abortos quirúrgicos sería de 100.000 al año, número cinco veces menor a la difundida, pero que, de todas maneras, representa el asesinato de 100.000 seres humanos al año. 

El intento de ratificar el Protocolo, se inscribe en la misma posición ideológica, sostenida por las entidades y funcionarios favorables al aborto, pese a contradecir normas legales vigentes y criterios fijados por el Estado en foros internacionales. En 1989, la Argentina aprobó la Convención  Internacional de los Derechos del Niño, haciendo reserva del Art. 1º, advirtiendo que debe interpretarse en el sentido siguiente: se entiende por niño: todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.

En coincidencia con este criterio, la Corte Suprema de Justicia en el fallo resolutorio de un juicio iniciado por una institución de Córdoba, determinó que “el ser humano comienza con la fecundación”, es decir, con la unión de los dos gametos, masculino y femenino (espermatozoide y óvulo)[2]. 

Por lo señalado, el aborto es un crimen, y el Código Penal Argentino lo incluye entre los delitos contra la vida -Arts. 85/88. Esto es lo que se pretende modificar, con la ratificación del Protocolo citado. Este tema afecta directamente a las mujeres, a quienes se pretende defender de toda discriminación, pero, al mismo tiempo, se le adjudica la responsabilidad de decidir si permite vivir al niño que ha concebido y lleva en su seno, o lo mata. Tan es así, que el Comité CEDAW le recriminó a Turquía que en ese país se exigiera el consentimiento del marido para realizar un aborto. 

El Partido Azul y Blanco, consecuente con el punto 1 de su Declaración de Principios, que afirma que la persona existe desde el momento de la concepción, manifiesta su oposición a la ratificación del Protocolo del CEDAW, y a cualquier norma o interpretación judicial que despenalice el crimen del aborto. 

Córdoba, noviembre 16 de 2006.- 

AT.3/06  

DOCUMENTACIÓN       POLÍTICA        

Nº 96 - noviembre 16 de 2006 

Resumen de datos y noticias para el análisis de la realidad

PAPELERAS: UN CASO DE IRRACIONALIDAD POLÍTICA 

El Rey de España aceptó el pedido del presidente argentino de actuar como facilitador, término que equivale a una gestión diplomática de buenos oficios, en el conflicto con Uruguay, por las empresas papeleras Botnia (finlandesa) y Ence (española).

Es cierto que hubo, por parte del país vecino, una autorización apresurada a dichas empresas, sin consulta previa con la Argentina, como lo establece el Estatuto del Río Uruguay. Es claro que no hubo ninguna acción argentina para hacer cumplir el Estatuto, y el presidente Kirchner ya había dado -en un mensaje al Congreso- por superado el conflicto legal.

Se reinicia el enfrentamiento, por la exigencia de los asambleístas de Gualeguaychú. El asambleísta Jorge Frizler, acaba de aclarar: “No vamos a negociar por el monitoreo ni por un laboratorio conjunto, nada de eso” (La Nación, 13-11-06). Otro asambleísta, Martín Alazard, agrega: “Lo que el rey debe saber es que, si bien apoyamos el diálogo, lo que queremos es que su mediación sea para que las papeleras salgan del río Uruguay. ¡Que no vaya a interpretar que aceptaremos más monitoreos! No, eso no lo queremos. Nada más, que se vayan” (La Nación, 12-11-06). 

I) Cuestión ambiental 

Cuesta entender el fundamento de quienes se oponen a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, pues en la misma página web de la Asamblea, consta como único documento crítico el informe de la Universidad de la República del Uruguay, de junio de 2006, que no contiene ninguna evidencia que justifique la aseveración del peligro de catástrofe ambiental que se anuncia desde Gualeguaychú. En efecto, el equipo técnico de dicha universidad manifiesta, por ejemplo: 

-”Si bien el Río Uruguay brindará una gran capacidad de dilución de los efluentes vertidos...puede determinar respuestas difíciles de predecir a priori”.

-”Los pastizales naturales...producen servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono....y regulan el ciclo hidrológico. Su sustitución por cultivos forestales en grandes extensiones provoca un drástico cambio en el ecosistema. En el mundo, la expansión de este cultivo sobre ecosistemas de pastizales es reciente, por lo cual no hay aún un conocimiento tan profundo como el que se posee de la sustitución inversa (bosques por praderas)”.

-”Aspectos como las emisiones aéreas no han sido consideradas, no por desconocer su importancia, sino por no contar en el equipo con científicos especializados en la temática”. 

En cambio, en la misma página web, se encuentran los tres informes técnicos encargados por la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial: 

1) Estudio de Impacto Acumulativo, de la consultora Hartfield (2005) 

2) Informe del experto Dwernychuk 

3) Informe de la consultora Ecometrix  

Los tres informes han hecho recomendaciones para corregir y mejorar los proyectos de obras, pero surge de los mismos que: 

los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa;

-resulta claro que deben profundizarse algunos estudios e instrumentarse algunas mejoras, pero debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización en otro sitio;

-las emisiones de las plantas de celulosa no tendrán efectos perjudiciales en la calidad del agua en ninguna de las dos costas;

-la calidad del aire no afectará a la salud humana (aunque no se soslaya que algunos días, no más de 10 por año, pueda haber algo de olor en las zonas aledañas);

-la playa entrerriana de Ñandubaysal, el punto argentino más cercano a Botnia, no sufrirá cambios en el aire. 

Sistemas de blanqueo existentes en la producción de celulosa blanqueada 

1) Blanqueo con cloro elemental: con este sistema se emiten dioxinas contaminantes. Es el que fue cuestionado en la planta de Pontevedra y el que siguen usando una decena de plantas en la Argentina.

 2) Blanqueado libre de cloro elemental (ECF): utiliza productos clorados, como el dióxido de cloro, en vez del cloro molecular o elemental. 

3) Blanqueado totalmente libre de cloro (TCF): se usan productos químicos no basados en el cloro, como oxígeno, ozono, etc. Botnia eligió para usar en Uruguay en su proyecto “Orion”, la tecnología ECF-Light.

Al respecto, el Banco Mundial sostiene que: “Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado el blanqueado con ECF como la Mejor Técnica Disponible. La pasta blanqueada con ECF es preferida en el mercado, ya que tiene fibras de mayor fuerza, mayor rendimiento y produce papel que puede ser reciclado más fácilmente. Durante los últimos 10 años, ECF se ha convertido en la técnica de blanqueado dominante, mientras que TCF tiene sólo una participación en el mercado menor y en declinación”. 

II) Cuestión jurídica 

1. La Corte Internacional de Justicia, ante una demanda argentina, consideró que, al momento del fallo, no existe ningún riesgo evidente de contaminación, que justifique -como lo solicitó Argentina- que deban suspenderse las obras. 

2. El Tribunal ad hoc del Mercosur, ante una demanda uruguaya, concluyó que no es correcta la posición del gobierno argentino de hacer primar el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, sobre el derecho humano al libre tránsito. La actitud de cortar los puentes y de no actuar del gobierno argentino, no es compatible con los compromisos que se han asumido en el Tratado de Asunción del Mercosur.

 Conclusión 

La única salida lógica y justa de este conflicto es que ambos países designen una comisión técnica bilateral, que complete los estudios necesarios, y establezca la manera de controlar que el funcionamiento de las plantas ocasione la mínima contaminación posible

De ninguna manera puede admitirse que las resoluciones de la Asamblea de Gualeguaychú -a las que suelen asistir unos 500 vecinos- determine la política exterior de la República Argentina.

Uno de los conceptos que se han esgrimido en este caso,  es el de licencia social, que consiste en “la autorización para operar que debe ser otorgada por las comunidades que se van a ver afectadas por la construcción o instalación de una industria o empresa determinada”.

Precisamente, en la forma de conducirse de estos vecinos de Gualeguaychú, subyace la ideología ecologista -que en este caso ha difundido Greenpeace- que exagera las consecuencias negativas del desarrollo económico, y pretende que la gente -representada por las entidades ecologistas- ejerza  un derecho de veto ante una obra que implique un presunto daño ambiental. 

Como enseña el Magisterio de la Iglesia:“La tecnología que contamina, también puede descontaminar; la producción que acumula, también puede distribuir equitativamente, a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las generaciones humanas presentes y futuras”[1].  

Fuentes:

La Nación: 18-4-06, 8-9-06, 26-10-06, 12-11-06, 13-11-06.

Clarín: 10-10-06.

Página 12: 6-2-06, 7-11-06.

Debate: 2-11-06.

DiarioOnLine,Concordia,4-5-06

www.greenpeace.org/argentina

www.noalapapelera.com.ar

www.ifc.org/ufcext/Content/Uruguay

-Editor: Partido Azul y Blanco  

Página web: http://azulyblanco.blogia.com 

Informes: partidoazulyblanco@gmail.com

                             DOCUMENTACIÓN       POLÍTICA                                 

Nº 98 - noviembre 24 de 2006  

Resumen de datos y noticias para el análisis de la realidad

Kirchner no acertó con ninguna estrategia

Joaquín Morales Solá

 “¿Quién le aconsejó al Presidente que debía firmar una dura carta al Banco Mundial contra el crédito a la empresa Botnia? Sea quien fuere -y ciertamente no se sabe quién fue-, debería hoy estar fuera del Gobierno. No se puede someter a un presidente a semejante desaire, como tampoco se puede seguir colocando al país en el centro de estrategias perdidosas.

Hay que decir las cosas tal como son: es imposible imaginar una solución posible para la controversia con Uruguay mientras la política exterior se resuelva con los ojos puestos en las intransigencias de Gualeguaychú. Kirchner detesta la sola idea de que lo llamen traidor en la ribera entrerriana y nadie ha hecho un trabajo serio para separar el fanatismo ideológico de la mayoría social, seguramente sensata, de Gualeguaychú.

La Argentina ha perdido de manera aplastante en el tribunal de La Haya y en el Banco Mundial; también recibió una advertencia del tribunal arbitral del Mercosur. En La Haya y en Washington, donde está la sede del Banco Mundial, sólo el voto de la Argentina encontró razonable la posición de la Argentina. El resto del mundo, incluidos los países europeos y los Estados Unidos, votó contra la posición del gobierno nacional. ¿Acaso todo el mundo está equivocado y sólo a la Argentina la ha sorprendido la razón?”

“(...) Ese recurrente consuelo nacional no permitió nunca explorar con Uruguay la posibilidad de clima propicio para el diálogo, salvo la gestión que hizo el Presidente ante el rey Juan Carlos, que a estas alturas se parece más a un traslado de responsabilidades al monarca que a una búsqueda desesperada de soluciones. No sería raro: el Gobierno necesita que alguien le diga a Gualeguaychú que tendrá que ceder y que nadie puede darse todos los gustos en vida.

El propio gobierno uruguayo descubrió la contradicción argentina en el acto. El mismo día en que el Presidente se reunió con el rey de España, para pedirle una gestión facilitadora del diálogo, se conocía la noticia de que Piccolotti había viajado a Washington con la dura carta de Kirchner al Banco Mundial. Desde ese momento, Tabaré Vázquez ordenó a su gobierno bajar todas las expectativas sobre la gestión del monarca.”

“(...) La estrategia de hacer colapsar los créditos a las papeleras en el Banco Mundial llevaba una dosis no menor de agresividad contra Uruguay. El gobierno argentino no contó ni siquiera con buena información. Hace unos quince días, justo cuando viajó Piccolotti a Washington, altos funcionarios del gobierno aseguraban que el Banco Mundial se aprestaba a rechazar los créditos o a postergar su resolución hasta una fecha imprecisa.

Ayer, dos docenas de votos favorables a los créditos, en el directorio del Banco, abrumaron a la Argentina y a sus funcionarios.

Salvo que el Gobierno se encierre en el círculo de la verdad absoluta, ya es hora de que acepte que no acertó con ninguna estrategia frente al conflicto por las papeleras.” (...) 

(La Nación, 22-11-06)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Editor: Partido Azul y Blanco  

Página web: http://azulyblanco.blogia.com

Informes: partidoazulyblanco@gmail.com

 Consumo público de drogas 

“...60 mil personas que el fin de semana asistieron a la última edición de Creamfields en Buenos Aires.”

“Es que, se sabe, la Creamfields no es sólo reconocida por desembarcar los más renombrados Djs internacionales y garantizar jornadas ininterrumpidas de desenfreno electrónico: panacea de estímulos, donde las conocidas drogas de diseño, la cocaína y -ahora también- la marihuana, son las estrellas de la noche, este megafestival ofrece la certeza de ingresar por algunas horas en un universo donde nada parece estar prohibido.”

(Noticias, 18-11-2006, p. 98)

Síndrome de Popeye 

“El eje de todo esto es que la cultura actual es presentista: no importan las consecuencias de lo que uno haga sino el placer que eso provoca en el momento. Eventos como Creamfields están directamente asociados al consumo y efectos de distintas drogas, principalmente éxtasis y ahora también marihuana. ¿ Por qué?”

“En ambos casos, se genera lo que llamo el síndrome de Popeye porque la gente cree que te da cualidades especiales, como la espinaca, pero sólo se trata de un estado artificial y momentáneo.”

(Eduardo Kalina, Noticias, 18-11-06, p. 100) 

La nueva deuda externa 

“Desde el primer desembolso de 100 millones de dólares -mayo de 2005-, la venta de Boden 2012 a Venezuela mantiene buen ritmo. En casi 18 meses, Venezuela ya adquirió 3.600 millones de Boden 2012, y otros 400 de Boden 2015 (anexados días atrás al Bono del Sur, un salto cualitativo en la relación). Hoy Venezuela retiene menos de la quinta parte de esos 4.000 millones.

Pese a su discurso nacionalista, Chávez vende los bonos argentinos en el mercado de Caracas para que los venezolanos puedan sacar divisas de su país. La transacción genera fuertes sospechas de corrupción en ese país. Ocurre que el gobierno de Chávez vende los Boden 2012 a los bancos que operar en su país al tipo de cambio oficial, pero luego los bancos los venden al precio del dólar paralelo (es decir un 20 % más caro). Sería raro que ese negocio tan fácil sea usufructuado sólo por los banqueros.Como ese no parece ser un problema para los argentinos, aquí se valora el rol de Chávez como prestamista de última instancia, el papel que abandonó el FMI”.

(Clarín, 19-11-06) 

EL CABALLO DE TROYA

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

 “Conforme al sistema de comités de seguimiento de las convenciones de las Naciones Unidas, esta Convención tiene el suyo, al que también se identifica con la sigla CEDAW. Los comités tienen como misión monitorear la aplicación de la Convención correspondiente. La función del Comité de la CEDAW es supervisar los progresos -jurídicos y sociales- de la mujer en los Estados que son Parte de la Convención.

Este Comité se reunió por primera vez en 1982 -después de que la Argentina suscribió la Convención-; está formado por 23 miembros, elegidos de una lista propuesta por los Estados parte. Aclaremos que aunque los haya sugerido su gobierno, los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal y no en representación del país de origen (art. 17.1 de la Convención).

En general no son -como en los tribunales internacionales- figuras del Derecho, sino activistas feministas comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer. Si bien jurídicamente no hay una subordinación directa del Estado al Comité -el Comité no es un tribunal y sus decisiones no son sentencias sino recomendaciones-, los Estados, al firmar la Convención, se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer (art. 2, inc. f) y a derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer (art. 2, inc. g).

Es decir, los Estados deben adoptar su legislación al texto de la Convención o, lo que es peor, a la interpretación que el Comité realice de dicho texto.”

(Cristo Hoy, 8/14-11-06, p. 15) 

[DP, 97]